Por muy reclamada, no parece que forme parte de sus prioridades políticas. Los síndicos en las Cortes del Partido Popular y de Ciudadanos, Isabel Bonig y Toni Cantó, respectivamente, se han «borrado» de la comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y sanitaria. El organismo llamado a determinar la claves del regreso a la actividad productiva en la Comunidad Valenciana y que debe marcar pautas para superar la crisis del coronavirus. Los dos portavoces decidieron ayer que ni ellos, ni sus adjuntos formen parte del grupo de once parlamentarios que tendrán hasta el 20 de julio para determinar las propuestas que orientarán la salida de la Comunidad Valenciana de la depresión provocada por la Covid-19, tanto a nivel sanitario, como social o económico.
Las ausencias de Bonig y Cantó se hacen más palpables cuando las otras cuatros fuerzas políticas del parlamento autonómico, las tres que sustentan el Gobierno del Botànic y, dentro de la oposición, Vox, sí han aportado a sus diputados de más rango para integrarse en la comisión del pacto por la reconstrucción. La nómina de once diputados «titulares» está formada, en nombre del PSPV-PSOE, por Manolo Mata, Carmen Martínez y Toñi Serna, el síndic del grupo parlamentario y dos de las portavoces adjuntas; de Compromís, el portavoz Fran Ferri y la portavoz adjunta Aitana Mas; de Unidas Podemos, su síndica Naiara Davó; de Vox, su también síndica, Ana Vega; del Partido Popular, el portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos, Rubén Ibáñez, y el portavoz de Sanidad y Políticas Sociales, José Juan Zaplana; y por parte de Ciudadanos, los diputados Fernando Llopis y Carlos Gracia. Por cierto, de los once hay mayoría alicantina, con seis parlamentarios de la provincia.
Las elecciones del PP y Ciudadanos, justificadas según estos partidos por haber elegido a sus responsables del área económica, sanitaria o de turismo, tienen un matiz añadido ya que, la desaparición de sus líderes parlamentarios -Bonig y Cantó- se agrava con la ausencia de los respectivos portavoces adjuntos (Elena Bastidas, Eva Ortiz y Miguel Barrachina por el PP, y Ruth Merino, Yaneth Giraldo y Mercedes Ventura por Cs). Los populares han preferido que defiendan los intereses de su formación dos de los diputados más duros en la oposición al Consell del Botànic. Desde el PP apuntaron que Bonig participará en las reuniones de la comisión cuando considere conveniente.
La nómina de Ciudadanos es más discreta. De segunda fila. Pero es muy significativa la presencia del diputado Carlos Garcia Calandín, que se ganó un nombre propio en las Cortes, al cuestionar que la Conselleria de Innovación esté en Alicante. El parlamentario valenciano puso en duda la inversión que el Consell iba a hacer para instalar la sede en la provincia, mientras elogiaba el «ecosistema innovador» que existe en València, al presentar una interpelación para que diera explicaciones la consellera Carolina Pascual. El episodio despertó amplio rechazo, no solo entre el resto de fuerzas políticas -sobre todo del Botànic-, sino incluso dentro de la propia formación naranja, especialmente entre los cargos alicantinos de Ciudadanos que se rebelaron ante la iniciativa de su compañero. Al final, el síndic Toni Cantó quiso cerrar el incidente con el argumento que Carlos Gracia pagó la «novatada» al cometer un «error». Ocho meses después, Carlos Gracia tiene un sillón en la que será la comisión más importante de cuantas se constituirán a lo largo de esta legislatura.
Inicio incierto
Esta selección de componentes de la comisión autonómica de reconstrucción evidencia el intento de las dos grandes fuerzas de la oposición de diluir el papel de una comisión a la que el presidente de la Generalitat concede una gran importancia. Y eso se une a la incertidumbre con la que está dando sus primeros pasos. Los seis grupos apoyaron por unanimidad su creación y, de hecho, los seis firmaron su creación el viernes pasado aprovechando que estaba activa la Diputación Permanente de las Cortes, aún en el periodo suspendido de sesiones ordinarias. Todos aceptaron la propuesta no sin antes unas cuantas horas de negociaciones, giros de 180 grados y una tensión política que fue en aumento desde que los componentes del Consell comenzaron a comparecer en el parlamento. De la lealtad institucional se pasó a la demanda de dimisiones en cuestión de minutos, con un acuerdo en el último minuto después de que las negociaciones se hubieran dado por rotas.
En una comisión parlamentaria que requiere de dos principios básicos, apertura a la sociedad civil valenciana y agilidad en sus planteamientos y toma de decisiones, las dudas iniciales no han sentado un buen precedente. De ser el tema que protagonizó los numerosos encuentros por videoconferencia que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig mantuvo con los síndicos en las semanas más críticas de la pandemia, ahora no todos los grupos demuestran que le están dando la misma relevancia. El próximo paso será el viernes 15, con la constitución oficial de la comisión en las Cortes si así lo determina hoy la junta de síndics... con sus representantes titulares presentes en la reunión.
Reinicio del periodo ordinario de sesiones con la comisión de Justicia
En el hemiciclo, con gran distancia de seguridad entre diputados y con horario restringido. Así ha regresado a las Cortes Valencianas el periodo ordinario de sesiones, paralizado por la pandemia. La comisión de Justicia la primera que se reunió ayer, en una sesión que se abrió con un minuto de silencio (imagen superir) y donde salió adelante, con el apoyo de todos los grupos, menos Vox, instar al Gobierno de España a iniciar una reforma del modelo de financiación local.
