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CORONAVIRUS

La comisión autonómica de reconstrucción arranca entre incertidumbre y dudas

Acuerdo de mínimos a última hora en las Cortes Valencianas para empezar

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La comisión autonómica de reconstrucción arrancará la próxima semana entre incertidumbre y dudas. Incertidumbre por la operatividad de un órgano parlamentario que necesita de una importante participación de la sociedad cival y de agilidad de las negociaciones para que el documento final de conclusiones genere el máximo consenso en las Cortes Valencianas. Y dudas por el giro de 180 grados que se ha producido a lo largo de esta semana en la escena institucional valenciana. La escalada de tensión política que se ha evidenciado en estos tres últimos días amenaza la utilidad de los trabajos. Pero, en todo caso, la voluntad del Consell, con el presidente Ximo Puig a la cabeza, sigue siendo la de conceder a esta comisión un papel de máxima relevancia con voluntad de acuerdo. Y todo ello a sabiendas de que el tono político ya no apunta al consenso y camina hacia un escenario de confrontación creciente impulsada por el PP que, finalmente, ha cedido en la Comunidad a la «línea dura» marcada por Pablo Casado desde Madrid frente a la moderación en la que se había instalado hasta el momento Isabel Bonig.

Pero la convocatoria esta semana de la Diputación Permanente de las Cortes, finalizada ayer mismo con las comparecencias de los consellers Rafa Climent y Vicent Soler además de con el acuerdo para constituir esta comisión, ha evidenciado que a partir de ahora el termómetro político va a subir su temperatura, lo que significa tensar los puentes de diálogo. Era seguro que la comisión parlamentaria echaría a andar. A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, los socios del Consell del Botànic tienen mayoría absoluta en el hemiciclo de las Cortes. Así que el bloque de la derecha no le iba a regalar al PSPV, Compromís y Podemos el titular de boicotear ese acuerdo para la recuperación económica tras la crisis de la Covid-19. Como no podía ser de otra manera, firmaron todos los grupos parlamentarios por unanimidad. Hasta la ultraderecha se subió, al menos de salida, a este barco. Nadie quería acabar retratado a las primeras de cambio.

La cuestión principal era el talante con el que arrancaba. Y lo hizo de la peor manera posible. Con un acuerdo en el último minuto después de que las negociaciones se hubieran dado por rotas, firmado en los bancos del hemiciclo, entre recelos y con expectativas mínimas. Sólo hay un esbozo de los cuatro ejes de la comisión que, como avanzó la semana pasada este periódico, serán el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; los sistemas de protección social vinculados, además, a la revisión del modelo fiscal; y la relación de la Comunidad Valenciana con el Gobierno Central o la Unión Europea. Hay poco más que eso. Y a la vista de este final de la tregua política, las condiciones del documento de conclusiones y su consenso se antojan muy complicadas. Así y todo, los socios del Botànic y la oposición están obligados a continuar explorando ese camino hasta el final.

La próxima semana ya aparecen dos hitos que marcarán las posibilidades que puede tener esta comisión de reconstrucción para finalizar sus trabajos con avances asumibles y que se puedan trasladar a esa recuperación del coronavirus. El primero se desvelará el próximo martes, fecha en la que se retoma el periodo de sesiones ordinario y en la que, además, los grupos parlamentarios tendrán que registrar los nombre de los once componentes de la comisión. El perfil de los diputados elegidos -los síndics deberían estar por el valor de los asuntos que están sobre la mesa- ya concederá una primera pista de la importancia que cada grupo otorga a esta comisión. Y el segundo será el próximo viernes cuando se constituya formalmente y se tenga que empezar a perfilar un plan de trabajo con las prioridades de cada grupo. Una vez que todo eso esté en marcha se tendrá que establecer un calendario de sesiones que, en cualquier caso, tiene que cerrarse el próximo 20 de julio. Con lo cual, los diputados tendrán poco más de dos meses para convocar a la sociedad civil y elaborar las conclusiones. Una comisión que no debería permitirse un fracaso.

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