Cincuenta millones por un sitio y treinta más por otro. Ochenta millones de una tacada para poder hacer frente a gastos urgentes generados por la lucha contra la pandemia. El Gobierno valenciano ha movido estos últimos días partidas de su presupuesto para 2020 por un importe de unos 80 millones de euros para poder atender a personas en dificultades y suplementar el subsidio a los afectados por la pérdida temporal de un puesto de trabajo (ERTE). En el mismo día coincidieron en el Diari Oficial de la Generalitat la publicación de una línea destinada la renta valenciana de inclusión, ampliada en 50 millones. Y por otro lado, transferencias de crédito entre secciones y capítulos, por otros 30 millones para la inclusión de una línea de subvención dedicada a la concesión directa de ayudas económicas para los trabajadores y las trabajadoras con rentas bajas afectados por los 64.063 expedientes temporales que afectan a 395.883 trabajadores (a fecha de 5 de mayo) como consecuencia de la paralización económica por la Covid-19.
Con estos movimientos de partidas dentro del mismo presupuesto anual, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico trata de conseguir liquidez en momento donde los recursos económicos escasean. De este modo, la Generalitat ha ampliado en 50 millones de euros la línea de subvención destinada la renta valenciana de inclusión, con crédito disponible en varias partidas del departamento de Educación. Según el acuerdo publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, los recursos proceden de disponibilidades existentes en las líneas de transferencia correspondientes a la financiación de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas en Educación Primaria y Secundaria. Es decir, de Educación a Igualdad y Políticas Inclusivas. Del conseller Vicent Marzà a la vicepresidenta Mónica Oltra, sin salir de dos departamentos gestionados desde Compromís.
En Educación Primaria se detraen 30 millones, con lo que la partida pasa de los 217 millones iniciales a 187 millones, mientras que la de Secundaria de reduce en 20 millones, y pasa de 73,3 millones a 53,3 millones. Una modificación que permite disponer de 50 millones para que la partida de la renta valenciana de inclusión crezca de los 179,2 millones iniciales a los 229,2 actuales. El segundo movimiento de fichas, convertidas en partidas económicas millonarias, son las transferencias de crédito para dotar los 30 millones euros en ayudas a trabajadores con rentas bajas que se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE) o que han reducido su jornada laboral por conciliación familiar debido a la declaración, en su día, del estado de alarma.
Ayudas directas
Con este dinero se podrán conceder de forma directa a empleados con rentas bajas, en el caso de los ERTE, 150 euros por persona, y para conciliación familiar, ayudas de 300, 450 o 600 en función de la reducción de jornada a la que se haya debido acoger el afectado.
Según el acuerdo, se reducen partidas como la de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (3 millones), la financiación de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas (9 millones en Educación Infantil y 11 millones en Secundaria), y la aportación de capital a CACSA (1,3 millones). También se reducen partidas relacionadas con Vivienda, como la financiación de promociones de vivienda nueva para arrendamiento (1,27 millones); la transferencia para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en vivienda (1 millón), o el plan de intervención integral sostenible en el parque de vivienda de la Generalitat (1,3 millones), entre otras. En esta caso, las consellerias implicadas son tanto del PSPV (Política Territorial), como de Compromís (otra vez Educación), como de Podemos (Vivienda). Además, el Consell tiene previsto aprobar hoy viernes el decreto que regulará estas ayudas para la conciliación de trabajadores que ha tenido que reducir su jornada laboral al menos un 50%.
