Fin a la tregua política que, hasta ahora y a diferencia de lo que ocurría en España, había marcado la crisis del coronavirus en la Comunidad Valenciana. Fue el día en el que, camino de esa nueva normalidad que impone la epidemia, las instituciones provinciales y autonómicas volvieron a «madrileñizarse» para parecerse al Congreso de los Diputados. No fue sólo la confrontación política que se generó tanto en las Cortes Valencianas como en la Diputación de Alicante. Confrontación hasta ahora casi inédita en la agenda pública. Lo peor de todo fue el tono que adelanta un avance de la tensión justo en el momento en el que, por ejemplo, se tiene que empezar a negociar el pacto de reconstrucción autonómica. Con la desescalada llega, paradojas de de la política, una escalada de la bronca.
En las filas del Botànic ya sospechaban que la última Diputación Permanente de las Cortes antes de retomar el periodo de sesiones a lo largo de la próxima semana iba a marcar un punto de inflexión. Los reparos que empezaron a poner el pasado martes tanto el PP como Ciudadanos al arranque de la comisión parlamentaria para negociar el pacto de reconstrucción autonómico ya apuntaba a lo que finalmente ocurrió. Un debate bronco que devuelve el Palau dels Borja a la división. A una intervención casi de guante blanco del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, le siguió una lluvia de ataques desde los bancos del PP y de Ciudadanos. Ambos pidieron su salida de la vicepresidencia y cerrar la conselleria para reducirla a una dirección general. «Es momento de que vuelva a la Universidad», le soltó el popular Alfredo Castelló a Dalmau tras una primera intervención durísima en la que cargó contra la gestión del Consell en esta crisis por la falta de transparencia en las adjudicaciones. «Hay una espiral de silencio», denunció todo ello dentro de la estrategia de las dos principales fuerzas de la derecha de exigir un recorte de un tercio de la administración autonómica como gesto. Idea en la que incidió Eva Ortiz, número dos de Isabel Bonig, en una nota. «Entre las prioridades de Puig no está ni el empleo ni el bienestar», le asestó.
La dureza del discurso de la oposición, hasta ahora inédito, provocó la reacción de Dalmau defendiendo la vigencia del Botànic y recordando tanto al PP como a Ciudadanos la polémica gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. «Fuimos el primer gobierno que concedió ayudas. No tenemos apelotonada a la gente en Ifema ni bocadillos de calamares», ironizó. El segundo conseller que tenía cita en el parlamento era el titular de Educación, Vicent Marzà, hasta ahora elogiado por su labor. En la sesión anterior, como se recordará, sacó adelante un decreto con todas las medidas de su departamento por unanimidad. Le votó a favor hasta la ultraderecha. Hasta aquí le llegó la calma política a Marzà. No le pidieron la dimisión. Cierto. Pero sí le atacaron. Ciudadanos le acusó de «improvisar». Y el PP le volvió a poner en la diana. «Hasta ahora buscaba el consenso. No era momento de hacer críticas. Pero se ha pasado al bando de la propaganda», explicó Beatriz Gascó en una frase que evidencia el cambio de tono de la oposición frente al conseller, que se defendió con solvencia esgrimiendo iniciativas de su departamento como los vales de comida para escolares en supermercados.
Película repetida
Casi a la misma hora, la película se repetía en la Diputación de Alicante. Si alguna vez hubo entendimiento, ya pasó a la historia. Fue un pleno telemático de mucha política y poca gestión. La aparente unidad de las últimas semanas se esfumó. Compromís denunció la «ineficacia» de la Diputación en la canalización de ayudas por la Covid-19 y el agravio con los municipios de Valencia, cuya corporación provincial ha dedicado más fondos a subvenciones locales que la de Alicante. Los reproches volaron entre Gerard Fullana, portavoz de Compromís, y el PP. Heridas larvadas volvieron a abrirse y, con ellas, toda una batería de acusaciones. Tanto el PSPV como Fullana denunciaron que las ayudas no llegan a los municipios y reiteraron que los pueblos de Valencia y Castellón reciben hasta veinte veces más que los de la provincia.
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, visiblemente molesto, recordó que su equipo saca adelante subvenciones incluso reforzando de sus propios fondos el gasto social de competencias que, en realidad, corresponden a la Generalitat «a diferencia de lo que ocurre en Valencia y Castellón». Y renunciando, además, a ingresos como el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas «en beneficio de nuestras empresas y autónomos». Mazón avanzó que si el Gobierno no autoriza finalmente su petición no incluirá esa tasa en el capítulo de ingresos de las cuentas de 2021, lo que abre la puerta a una posible bonificación. Envuelta en la bandera provincial, el presidente de la Diputación acusó a la Generalitat de «agravio brutal» con el gasto cultural en Alicante. Y aprovechó para recordar las declaraciones de Mónica Oltra que, en su opinión, merman el modelo turístico de la provincia o para defender su posición sobre la política del agua.
Con todo eso encima de la mesa, la mecha estaba encendida. Y la bronca en el siguiente punto -una moción de Compromís a favor de la sanidad pública- estaba cantada. La izquierda cargó contra el equipo de gobierno por enmendar a la totalidad el texto y así modificar su contenido para ahormarla a su gusto. Mientras Ciudadanos jugó a dos bandas pactando con el PP pero a la vez pidiendo que no se les compare con sus socios de gobierno, el portavoz del PSPV, Toni Francés, bajando grados al termómetro, lamentó el tono de las intervenciones y el debate político generado en la Diputación: «Temo que el consenso en la Diputación, el que están pidiendo los ciudadanos y los sectores socioeconómicos, se rompa por el partidismo del PP». En un escenario de máxima tensión, una pregunta se abrió paso en la última parte del pleno: «¿Le parece normal que la Diputación todavía no haya pagado las ayudas por la DANA en la Vega Baja?», interrogó Fullana. Ante la presión, Mazón explicó que el retraso en el pago se debe a razones ajenas a la voluntad del equipo de gobierno y evitar polemizar más sobre este asunto cuando la tensión ya estaba en su punto más álgido. Una tensión que ha vuelto otra vez para quedarse en tiempos del virus.
La Generalitat ampliará su parque de viviendas y alargará la bonificación de los alquileres públicos
La bonificación del pago del alquiler en las viviendas públicas de la Comunidad se mantendrá «durante el tiempo que sea necesario» ante la crisis del coronavirus. «Ninguna persona se quedará en la calle», garantizó el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, durante una comparecencia en las Cortes para abordar su gestión durante la alerta. El Consell tendrá sobre la mesa en los próximos días un decreto para la ampliación del parque de viviendas públicas. Con esta norma se ampliarán las condiciones para que la Generalitat pueda ejercer la titularidad en inmuebles que procedan de la crisis: daciones en pago, ejecuciones hipotecarias y ventas extra-judiciales. Los ayuntamientos también tendrán más competencias en esta materia.
La Diputación aprueba otros tres millones para ayudas sociales y licita la compra de mascarillas
La primera de las medidas aprobadas ayer por la Diputación fue la de activar una nueva partida económica de tres millones para ayudar a los ayuntamientos a sufragar las prestaciones sociales derivadas de la crisis sanitaria, como ya se anunció hace semanas. La institución duplica de esta forma hasta los 6 millones estas subvenciones y las extiende a todos los municipios. «Debemos seguir caminando todos juntos para garantizar la protección a los colectivos más vulnerables», manifestó la diputada de Bienestar Social, Mª Carmen Jover. Por otra parte, también se activó, con el apoyo de todos los grupos políticos, otra partida de 200.000 euros para la licitación de la compra de material de protección para su distribución entre los municipios de menos de 30.000 habitantes.
Sesión de aforo reducido en las Cortes y pleno por internet en la Diputación
Por tercera vez consecutiva, la sesión plenaria de la Diputación se celebró ayer por la mañana de forma telemática. Hubo una amplia explicación por parte del equipo de gobierno sobre todas las actuaciones que se están llevando a cabo con motivo del coronavirus. Por contra, la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas tuvo lugar de forma presencial en el Palau dels Borja. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y el conseller Vicent Marzà comparecieron ante un número reducido de parlamentarios para desgranar las medidas adoptadas por sus departamentos para paliar las consecuencias de la pandemia.
Pendientes de la comisión de reconstrucción autonómica
Las próximas 48 horas marcarán el perfil con el que arranca la negociación del pacto para la recuperación
Y con este escenario en el que se resquebraja la tregua política en la que, hasta ahora, se había movido la política valenciana, en las próximas 48 horas se tiene que resolver, durante las dos próximas sesiones de la Diputación Permanente en las Cortes, el trámite parlamentario para poner en marcha la comisión de reconstrucción que debe constituire en las Cortes. Una comisión que la Generalitat considera clave para abordar la salida de la epidemia del coronavirus.
Hay un acuerdo para que efectivamente se apruebe durante esta sesión con la idea de que se constituya el próximo viernes 15 de mayo, como informó este periódico. Pero eso es una cosa. Y otra muy diferente es el tono en el que se van a mover los contactos y si los temas que se van a abordar podrán engrosar un documento de conclusiones útil que cuente con una amplia participación de la sociedad civil. Hoy interviene la consellera Bravo y se convalidan dos nuevos decretos con medidas antivirus.
