Hace apenas 48 horas, durante una conferencia organizada por este periódico, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya advirtió de que la salida de la crisis económica y social generada por la alerta sanitaria del coronavirus tendrá que ser coral y consesuada. «No podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta», vino a decir. Y eso incluye, en su opinión, un pacto entre todas las administraciones. Al jefe del Consell le preocupa especialmente la recuperación económica y facilitar unas vías de salida al turismo, el sector que representa casi 16% de la riqueza de la Comunidad. Y una vez que ha bajado por ahora la presión de la atención médica, gran parte de los esfuerzos se centran ahora en poner de nuevo en marcha los motores económicos.
Ya está trazando un plan de reconstrucción que se empezará a negociar en una comisión de las Cortes con participación de la sociedad civil, alcaldes y la oposición. Pero ese plan necesita de una iniciativa conjunta con el Estado para su financiación. Y para eso el jefe del Consell, convertido en el barón socialista que dirige la autonomía más grande controlada por partidos de izquierda, necesita tejer alianzas que ejerzan como «lobby» ante el Gobierno que lidera Pedro Sánchez. Ayer Puig recuperó una nueva línea de interlocución con uno de sus aliados naturales: Baleares. Una autonomía con problemas parecidos para la recuperación que pasan por encontrar vías que permitan reactivar el turismo. Con un gobierno de coalición a tres bandas calcado en su composición al valenciano. Y encabezado por Francina Armengol, una de las dirigentes socialistas, junto al propio Puig o al catalán Miquel Iceta, que apuesta por una reforma del modelo territorial de España de corte federal. El «espacio valenciano» busca sumar más aliados.
Ese frente común entre la Comunidad Valenciana y Baleares tiene un objetivo: trasladar a Pedro Sánchez que debe primar las medidas de recuperación económica entre sus prioridades. Tras una videoconferencia, Puig y Armengol coincidieron en solicitar al Gobierno y a la Unión Europea una estrategia conjunta para reactivar con seguridad la movilidad internacional en el continente y los viajes turísticos. Un sector común a ambos territorios y gravemente afectado por la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Ambos presidentes, además, recalcaron la necesidad de que el Gobierno de España apruebe un plan de reactivación turística para hacer frente a las repercusiones de la pandemia sobre el sector.
Puig y Armengol analizaron el reparto de ese fondo de 16.000 millones aprobado por el Gobierno y destinado a las comunidades para atender los gastos generados por la alerta sanitaria e impulsar la reconstrucción social y económica. Los dos presidentes han coincidido en solicitar que en la distribución de recursos se tenga en cuenta la «corresponsabilidad fiscal» además del volumen de gasto social y sanitario en los últimos años. Para el segundo tramo, se debería atender, reclaman, otro criterio: el impacto real de la epidemia en la economía.
Ayuda de Urkullu contra la recentralización y problema a la vista con la financiación
El apoyo del PNV a la alarma abre la puerta a las ideas del Consell sobre la desescalada a la vez que urge abordar la caída de ingresos
Desde gobiernos autonómicos como los de la Comunidad Valenciana y Baleares, entre otros, se miraba de reojo el debate del estado de alarma y la posición final que tomaba el Partido Nacionalista Vasco. La posición de la fuerza que lidera el lehendahari Íñigo Urkullu sobre la «cogobernanza» y el papel de relevancia que deben tener las comunidades autónomos en el proceso de combate a la pandemia como respuesta a la recentralización en el que se mueve el Gobierno de Pedro Sánchez es compartida, en líneas generales, por diferentes barones socialistas, entre ellos Puig, que tiene línea abierta con el líder vasco.
Los votos del PNV para sacar adelante el estado de alarma en el Congreso son a cambio de una enmienda, aceptada por los socialistas, que recoge que las fases de la desescalada sean acordadas «conjuntamente» con cada autonomía y que estas sean «aplicadas por quien ostente la Presidencia de la Comunidad, como representante ordinario del Estado en el territorio». El acuerdo con el PNV con el Gobierno de España, por tanto, abre la puerta a que los criterios de desescalada del Consell vinculados a una mayor descentralización se puedan aplicar en esta fase de la epidemia. Y todo esto en medio de un escenario en el que la Autoridad Fiscal emitió ayer un informe en el que alerta de graves problemas de crecimiento del déficit de las autonomías por la caída de ingresos entre 2021 y 2022. Una dificultad que afecta más a la Comunidad Valenciana por sus problemas estructurales ligados al actual modelo de financiación.
