El plan que prepara la Diputación de Alicante para ayudar a autónomos y pymes afectados por la crisis del Covid-19 y, de este modo, tratar de reactivar la economía, parece que empieza a tomar forma. Finalmente, no habrá ayudas directas gestionadas por la institución provincial, para evitar los escollos que habría que salvar por esa vía, sino que se ha optado por crear un fondo municipal de 6 millones de euros destinado a los ayuntamientos. Las líneas estratégicas del plan se han abordaron ayer en la junta de portavoces y, a priori, y salvando algunos pequeños matices, contaría con el consenso de todos los grupos políticos. De hecho, la intención es acabar de perfilar la tabla de reparto entre los municipios en la próxima mesa de trabajo con la vista puesta en que, a partir de ahí, el proyecto pueda recibir el visto bueno de la Generalitat para llevarlo a un pleno extraordinario.
En principio, la idea es contar con una partida inicial de 6 millones de euros, que podría ampliarse con otros 3 millones de euros, en función de lo que suceda en las próximas semanas, según fuentes de la Presidencia de la Diputación. Sin embargo, las dos principales novedades radican en dos puntos. De un lado, se da la posibilidad de que estas ayudas sean compatibles con las que ofrecen otras administraciones y, por otro, además de a autónomos, pymes y micropymes, se hacen extensibles a los profesionales liberales. Ahora bien, los ayuntamientos tendrán total libertad para que prioricen a los sectores o colectivos que entiendan que tienen más necesidades en estos momentos, e incluso podrán establecer criterios más restrictivos, tomando como referencia las bases que, finalmente, apruebe la institución que preside Carlos Mazón. De los 6 millones previstos dentro de este plan, 3 millones llegan por la vía ordinaria y los otros tres millones serán con cargo a los remanentes. Habrá otros tres millones en reserva que está por ver si al final se destinan a este fondo o, por el contrario, al de ayudas sociales.
En cuanto al reparto entre los ayuntamientos, se incluye a todos los municipios, pero se quiere que haya un cupo para las localidades de más de 30.000 habitantes y otro para las que tengan menos de 30.000 habitantes. No obstante, desde la Presidencia de la Diputación indican que también se pretende que se tenga en cuenta la tasa de actividad económica y la tasa de autónomos de las diferentes poblaciones, para evitar grandes diferencias entre lo que perciben los afectados en función de su lugar de origen. En este sentido, lo máximo que podrían percibir los afectados se limita a 2.000 euros. Los conceptos subvencionables van desde el alquiler o la cuota de la hipoteca del local comercial o del vehículo afecto a la actividad económica, hasta los gastos de consultoría y asesoría, mantenimiento o de publicidad y marketing.
En lo que se trabaja ahora es en los criterios de reparto entre los municipios, aunque se busca dar la posibilidad de que las localidades con problemas de tesorería reciban el dinero por anticipado, en particular pensando en los que ya han adelantado subvenciones. La idea es que, una vez perfilados los últimos flecos y cerrada la tabla de reparto, se reciba la autorización por parte de la Generalitat que certifique que no hay duplicidades entre administraciones, y se pueda convocar un pleno extraordinario, algo que desde la Presidencia de la Diputación calculan que podría ser en dos semanas.
