El pleno de la Diputación de Alicante ha dado el visto bueno a una modificación presupuestaria para duplicar hasta los seis millones de euros las ayudas a los ayuntamientos para hacer frente al gasto social derivado de la crisis del coronavirus con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades más urgentes planteadas por los municipios. Además, estas subvenciones se extenderán a los 141 ayuntamientos de la provincia. Pese a que todos los grupos han dado el visto bueno a esta propuesta, los portavoces de los cuatro grupos (PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís) se han instalado en un ambiente de tensión y confrontación sacando a la superficie, de nuevo, conflictos muy enconados entre Gobierno y oposición.
Los reproches han volado de ida y vuelta. Compromís ha denunciado la ineficacia de la Diputación de Alicante en la canalización de recursos e inversiones y el agravio comparativo que supone la inversión recibida respecto a los pueblos de Valencia, además de reiterar que la decisión de PP y Cs de mantenerse fuera del Fondo de Cooperación de la Generalitat aboca a más de una decena de grandes localidades alicantinas a perder ayudas. La coalición ha presentado una moción para que la Diputación no vuelva a dejar escapar el fondo de diputaciones y gobierno autonómico en 2021.
Ante estas críticas, el presidente Carlos Mazón, por su parte, ha asumido el liderazgo y ha denostado la gestión del Gobierno central haciendo hincapié, además, en las competencias impropias que asume la Diputación, en la falta de apoyo de los grupos para eliminar el Impuesto de Actividades Económicas, en el trasvase y en el intento de diálogo mantenido con el resto de portavoces para evitar desavenencias políticas durante esta crisis sanitaria. Los populares han acusado a Gerard Fullana de "hacer mítines políticos, romper su palabra y saltarse los acuerdos alcanzados para no presentar cuestiones partidistas". Según Mazón "no hemos traído ninguna propuesta para crear confrontación. Responderé a las preguntas que me hagan pero no a los insultos como los que he escuchado de que pertenezco a la mafia italiana", en clara alusión a las críticas de los últimos días de Fullana.
Tras presentar una enmienda a la totalidad de la moción de Compromís para blindar la sanidad pública, Mazón también ha recibido las quejas de la oposición que le ha acusado de desnaturalizar la propuesta y ahormarla a su antojo "aplicando el rodillo de su mayoría". Los socialistas han defendido en todo momento que la moción "es necesaria y no ataca a la sanidad privada". Finalmente, PSOE y Compromís han votado en contra de la enmienda presentada por PP y Ciudadanos.
Por su parte, el portavoz del PSPV, Toni Francés, con un discurso constructivo y moderado, ha lamentado el tono de muchas intervenciones y ha criticado el debate político generado en la Diputación: "Temo que el consenso en la Diputación, el que están pidiendo los ciudadanos y los sectores socioeconómicos, se rompa por el partidismo del PP". Para el portavoz socialista, "todos estamos arrimando el hombro con propuestas, con iniciativas realistas y útiles. Y todos hemos estamos haciendo un gran esfuerzo en situar los intereses de los ciudadanos y de la situación actual por encima de cualquier otro. Esperemos que el PP reflexione y no se salga de lo que se espera de nosotros", ha afirmado.
Cabe recordar que el pleno de la institución provincial ya aprobó por unanimidad el pasado mes de marzo un primer paquete de ayudas dotado con tres millones de euros destinado a las localidades de menos de 30.000 habitantes.
Ahora, la Diputación inyectará otros tres millones, incluyendo también en este nuevo reparto a los 13 municipios que superan esa población. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha destacado que se están realizando "todos los esfuerzos necesarios para ayudar a nuestros ayuntamientos a hacer frente a las consecuencias de la pandemia, reajustando las partidas de nuestro presupuesto para afrontar lo que consideramos que es urgente y prioritario en estos momentos como es la atención social a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables". De los seis millones de euros totales, 4 millones se repartirán entre los municipios de menos 30.000 habitantes y los otros dos millones entre las localidades que superan este número: Santa Pola, Villena, Petrer, La Vila Joiosa, Dénia, Elda, San Vicente del Raspeig, Alcoi, Benidorm, Orihuela, Torrevieja, Elda y Alicante.
