El primer plazo llegó en tiempo y forma... y el segundo no debería ser diferente. La Conselleria de Hacienda, que dirige Vicent Soler, espera que mañana viernes el Estado transfiera la segunda mitad del primer paquete de la actualización de las entregas a cuenta (111,61 millones), que se sumarán al otro 50%, abonado el 23 de marzo. El compromiso de Madrid fijaba el 17 de abril como segunda fecha para abonar la, hasta ahora, única ayuda que están recibiendo las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia, en la que que la Generalitat ya ha invertido 400 millones que no estaban previstos. A partir de ahí, todo sigue siendo una fase de negociación entre el Consell y el ministerio que dirige María Jesús Montero para que los recursos necesarios lleguen de forma anticipada.

Al margen de los 111 millones que se deberían abonar esta semana, está pendiente el anticipo de la mitad de la liquidación de 2018 (que son 924 millones del total de los 1.849 euros previstos), además del pago del Fondo de Liquidez ordinario, de las diferentes entregas de este fondo, una de ellas vinculada a los 226 millones del IVA pendiente de 2017, que dejó de pagar el ministro del PP, Cristóbal Montoro y que Montero anunció en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera -celebrado a primeros de febrero-,que se abonaría a través de otro préstamo a devolver sin intereses.

De hecho, todas estas partidas sumadas fueron calibradas en una cifra global de 2.200 millones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig solicitó hace un par de semanas al Gobierno de Pedro Sánchez en una de las reuniones que el presidente del Ejecutivo mantiene con los presidentes autonómicos cada domingo. No ha habido, sin embargo, ninguna respuesta oficial por parte del Estado, cuando los problemas de liquidez anunciados también hace unos días, ya no es que siguen presentes, es que se agravan de forma diaria por la crisis. Por este motivo, tanto Ximo Puig como Soler siguen presionando al Gobierno para que la Generalitat no acumule problemas de liquidez como los que, por ejemplo, denuncio ayer el PP con competencias de la conselleria de Mónica Oltra. Ahora falta que, efectivamente, el Gobierno cumpla.