La Agencia Valenciana Antifraude censura a los grupos políticos por el uso del dinero público asignado en todas las instituciones a sus partidos. En la memoria anual de 2019, el organismo, en un informe que firma su director Joan Llinares, destaca la importancia de que los ciudadanos confíen en las administraciones y asegura que, más allá de la presentación de cuentas o la conservación de facturas, los gastos y subvenciones que reciben los partidos tendrían que ser objeto de una «fiscalización independiente» para garantizar la transparencia. La agencia nombra varios estudios para afear que los partidos, sin distinción entre colores políticos, hayan recurrido a la práctica común de trasladar a las cuentas de su organización central una parte importante de las subvenciones que reciben sus grupos en parlamentos, diputaciones o ayuntamientos. Según establece la agencia, estas administraciones derivan fondos que «tendrían que emplearse a apoyar a la actividad legislativa o reglamentaria del propio territorio y ámbito de actuación», una afirmación que pone en el punto de mira de nuevo la polémica suscitada por la falta de justificación de casi medio millón de euros que el PP recibió de su grupo en la Diputación de Alicante durante el pasado mandato, con César Sánchez a la cabeza, y que el propio PP reconoció que, al menos en parte, fue a parar a una cuenta institucional abierta con el CIF de Génova.
En la memoria de esta agencia del año 2018 ya se recogió la recomendación de «dotar de publicidad» el destino detallado de las subvenciones percibidas por los diferentes grupos políticos para su sostenimiento, tanto en el ámbito de las corporaciones locales como de las Cortes Valencianas, alegando que se trata de recursos públicos «sobre los cuales tiene que recaer igual tratamiento de transparencia y de acceso a la información que respecto del resto de las administraciones públicas». Sin embargo, durante el pasado 2019, este organismo no observó avances significativos sobre su justificación .
Aunque la agencia no concreta ningún caso en particular y tampoco se refiere a un determinado partido político, este documento constituye una amonestación a la conducta del PP en la Diputación de Alicante durante el mandato anterior. Tal y como publicó este medio, un total de once certificaciones acreditan las transferencias que el grupo del PP en la institución provincial, con la asignación que recibe de dinero público, realizaba periódicamente a su partido desde diciembre de 2015 hasta finales de 2018 y que continúan sin facturas que las puedan justificar. Esos traspasos ascenderían a 485.000 euros. El resto de grupos de la Diputación o no transfirieron a sus partidos o lo justificaron.
El informe cita las declaraciones de Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política, en las que asegura que el régimen de los partidos políticos «es la raíz de muchos de los problemas con los cuales se encuentra la democracia española», y sugiere que todo partido político, para ser plenamente democrático «tiene que contar con tres poderes claramente diferenciados: un poder legislativo, que tendría forma de asamblea; un poder ejecutivo, formado por su cúpula dirigente; y un poder judicial, integrado por los miembros de la comisión ética o la comisión de garantías, que siempre tiene que disfrutar de plena independencia». Acerca de la financiación de los partidos políticos, la agencia aclara que «son los respectivos reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o su legislación específica los que tienen que incorporar la forma» en que los grupos políticos rinden cuentas de las aportaciones efectuadas a sus respectivos partidos.
Añade a su vez que en el ámbito autonómico, la información en el Portal de Transparencia de las Cortes se ha reducido a indicar «el importe total de los ingresos de origen público, la cantidad percibida en concepto de subvenciones anuales para gastos de funcionamiento y los gastos totales de personal», pero sin desglosar con mayor grado de detalle todos los contratos, los encargos o, como mínimo, una justificación para comprobar que las contrataciones se han concedido en condiciones normales y no se han producido tratamientos privilegiados. Tampoco en el ámbito local, del que forman parte las diputaciones, ha podido constatar que la obligación de los grupos políticos «de dar publicidad activa» a las dotaciones haya tenido un seguimiento generalizado, «siendo poco común que se ofrezca en los portales de transparencia esta información, y todavía más ocasional el desglose o individualización de los gastos sobre las aportaciones públicas».
«La transparencia es el mejor instrumento para garantizar conductas éticas y prevenir la corrupción»
La agencia cree que hay una mejora de la conciencia de los ciudadanos para acabar con las prácticas de «opacidad»
La memoria anual presentada constituye la herramienta básica mediante la cual la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana garantiza el cumplimiento al deber de rendir cuentas ante el parlamento valenciano. Tal y como informan, esta actividad consiste en prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones valencianas y tiene el objetivo de impulsar la integridad y la ética pública además del fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como de la gestión de los recursos. La Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Joan Llinares, expone en su memoria de 2019 que en los últimos años «se aprecia una mayor conciencia en la lucha contra la opacidad» por lo que insta de nuevo a la posibilidad de que cada partido político o grupo «se autorregule dentro de este ámbito, al mismo tiempo que pueden impulsarse nuevas iniciativas normativas mediante alianzas», indicando que «a todos nos interesa suprimir posibles dinámicas clientelistas y fomentar la profesionalización en la gestión». Dentro de este contexto, la transparencia es, según establece este informe anual, «el mejor instrumento para garantizar conductas éticas y prevenir episodios de corrupción, pero la transparencia implica disponer de una información completa, de fácil acceso, comprensible y en tiempo útil».
La agencia autonómica también cita a Victoria Camps, filósofa y Consejera Permanente del Consejo de Estado, para hacer hincapié en que «los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas», añadiendo que «a través del ejemplo, se enseña como vivir bien desde un punto de vista ético: no se trata solo de los contenidos de las propuestas políticas, sino que también cuenta la manera de hacerlo, y aquí es donde se da la ejemplaridad». El organismo incide en la importancia de que los grupos políticos aporten información transparente para que los ciudadanos puedan confiar en las administraciones.
