Los ayuntamientos también se sienten «Estado» y legitimados para gestionar los ahorros que llevan acumulando desde hace años. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) insistió ayer en que se deje a las entidades locales gastar el superávit que tienen para tomar medidas contra la extensión del coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas. La junta de portavoces de la Federación, reunida por videoconferencia y con carácter extraordinario, no cede ante la medida acordada por el Consejo de Ministros de liberar tan solo un 20% del superávit para luchar contra la pandemia, mientras que el Gobierno se reserva el restante 80% para este mismo fin.

Los alcaldes consideran que en «un momento de emergencia como el actual, es imprescindible atender a los sectores y colectivos más vulnerables y al tejido laboral y empresarial de los municipios», palabras del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, secundadas el socialista Abel Caballero. Este plantamiento también es apoyado por el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ayer se sumó a la postura del órgano nacional que gestiona el municipalismo. En un comunicado, los alcaldes defienden que las entidades locales son «la administración más seria y cumplidora» de las reglas de estabilidad presupuestaria, frente al Estado y las Comunidades Autónomas, que arrastran déficit. En cambio, el sector local cerró 2019 con un superávit de 3.839 millones».

Batería de medidas

Además de no ceder ante el Gobierno, la FEMP propondrá al Ejecutivo una batería de medidas de carácter económico para permitir a lo gobiernos locales afrontar la crisis provocada por la Covid-19. Entre otras propuestas, la Federación plantea la flexibilización de la regla de gasto al objeto de poder utilizar el superávit para acometer gasto social en un momento en el que las necesidades son tan acuciantes. Necesidades a las que «sería preciso añadir otras tales como las políticas de empleo que, aunque no forman parte de las competencias locales, juegan un papel determinante en la vida diaria de pueblos y ciudades». Además, el PP, Compromís y ERC se opondrán a esta medida del Gobierno cuando el decreto llegue al Congreso de los Diputados.