El reparto ya está determinado por el Ministerio de Hacienda. Ocho euros de cada diez que llenan a la gran bolsa de los ahorros de los ayuntamientos se los reserva el Estado por si tuviera que usarlos para combatir la Covid-19. Tan solo el 20% de toda la inmensa «hucha», superior a 28.000 millones para toda España, por encima de 4.700 millones para los municipios de la Comunidad Valenciana y cercana a 1.600 millones para las localidades alicantinas, quedan liberados para que los gobiernos locales puedan tomar medidas en contra de la pandemia en sus respectivas localidades. Acciones que podrán realizar, eso sí, siempre que hayan pagado a los proveedores y amortizado la deuda tal y como ordena la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Un ayuntamiento que continúe endeudado, tampoco podrá utilizar esta quinta parte de su remanente.

Ya no es un rumor, ni un globo sonda para tantear a los municipios ni una propuesta lanzada en la última reunión de la ministra María Jesús Montero con los consejeros autonómicos de Hacienda, tal y como adelantó este diario días atrás. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer miércoles publicó el tercer paquete de medidas para aplicar el Real Decreto-ley para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, donde se especifica el importe que podrá destinar cada entidad local para combatir la pandemia. En este caso, una cantidad «como máximo equivalente al 20% del saldo positivo» de la tesorería municipal de cada institución local.

En todo caso, si cualquier ayuntamiento desea poner en marcha este mecanismo, debe pasar por «seguimiento del órgano competente» que no es otro más que el Ministerio de Hacienda. Las entidades locales deberán remitir un formulario y esperar a que el Gobierno «dicte las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de plazos, períodos y procedimiento de remisión». Es decir, todavía no se ha establecido la fórmula para poder plantear cualquier acción contra el virus, al menos, dentro del margen del 20% que concede el Estado. Por precisar una cifra que las arcas de los municipios alicantinos podrían invertir en medidas de emergencia, ya sean de carácter social o de reactivación económica, de sus ahorros históricos acumulados podrían disponer solo de 318 millones. Una quinta parte de su saldo bancario positivo.

Techo de gasto

Con esta medida urgente se zanja de momento el debate sobre los ahorros de los más de 8.000 ayuntamientos españoles que, desde hace unos años, cumpliendo las exigentes normas del techo de gasto, consiguieron que los depósitos guardados en los bancos superasen los miles de millones de endeudamiento municipal. En contra de otras administraciones, fueron los ayuntamientos los que consiguieron reducir -o eliminar- sus números rojos. Por este motivo, los alcaldes ya se han pronunciado en contra de entregar su fondo al Gobierno para luchar contra la crisis del coronavirus.

Proponían una «corresponsabilidad» o el uso del principio de subsidiariedad por el que el Estado y los ayuntamientos pueden cofinanciar actividades donde ambas administraciones tienen intereses comunes. Pero el reparto no ha dividido igual todas las porciones. Además del ya sabido rechazo de la Federación Española de Municipios y Provincias, desde el Consell se lanzó un mensaje de coordinar acciones conjuntas con los alcaldes para usar el superávit local. A esta postura se sumó ayer el pronunciamiento del presidente de la Generalitat, Ximo Puig de «desbloquear estos recursos para que los puedan utilizar las instituciones locales». Veremos cuál es el próximo paso.

Ximo Puig alerta del «estrés» de la tesorería del Consell con retrasos a proveedores por el aumento del gasto sanitario

El presidente reclama de nuevo fondos urgentes al Estado que ayuden a paliar la falta histórica de financiación

Otra llamada de auxilio del Consell en un momento muy delicado para las arcas de la Generalitat. Esta vez fue de nuevo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que dio la relevo al conseller de Hacienda, Vicent Soler, al admitir que la administración no está pagando a los proveedores al ritmo que desearía porque no tiene suficiente tesorería. «Nos gustaría que el Estado nos ayudara en la liquidez», señaló ayer sobre la llegada de fondos de tesorería desde Madrid, una demanda para la que se está en contacto con el Ministerio de Hacienda pero hasta el momento no hay «ningún avance» respecto a esta cuestión.

Puig mantiene su confianza en que el Gobierno central transfiera una inyección económica de 2.200 millones de euros este mes de abril, una aportación que no es más que anticipos de pagos ya comprometidos para este año. En todo caso, el jefe del Consell volvió a defender que la solución no pasa por estos pagos de emergencia sino por disponer de una financiación justa y adecuada para que la Comunidad Valenciana no tenga que seguir ofreciendo los datos de deuda y déficit que acumula desde hace años. Puig vínculo totalmente las cifras negativas con la mala financiación que padece este territorio, ya que a su modo de ver, la deuda y el déficit récord mostrado por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda «se corresponde con la infrafinanciación» que padece la Comunidad. «Fuera de eso, habríamos cumplido con el objetivo de déficit», añadió Ximo Puig.

En todo caso, otra opción descartada por el jefe del Consell es aprobar unos nuevos presupuestos de emergencia. «Cuando acabe la urgencia, y ahora estamos en el centro de la catástrofe, veremos como se reestablecen los presupuestos», pero no antes, avanzó Ximo Puig ante los medios.