No por previsible ha dejado de ser menos problemático. Los cifras finales registradas al cierre del año 2019, tanto de la deuda como del déficit acumulado por la Generalitat ofrecieron ayer dos datos de récord. En ambos casos, la Comunidad Valenciana encabeza la clasificación como el territorio con más «números rojos». Evidencia de la falta de financiación autonómica suficiente con un modelo caducado hace seis años que discrimina a los valencianos en la distribución de fondos. Un escenario que, además, condiciona la liquidez en plena crisis del coronavirus. Los datos que ofreció, por la mañana, el Banco de España, y por la tarde, el Ministerio de Hacienda, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de una inyección de financiación extraordinaria para afrontar una emergencia de este calibre, tal y como reclaman el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Anticipos urgentes de todo el dinero que debe transferir el Estado y que las arcas públicas valencianas necesitan.

Si atendemos a las cifras frías publicadas por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda, la Comunidad acumuló al cierre de 2019 un volumen de 48.433 millones de deuda pública. Fue la segunda comunidad más endeudada en términos absolutos -tan solo por detrás de Cataluña con 79.060 millones-, pero se mantuvo la primera en porcentaje del PIB, con el 42,1 %, reducido su nivel tres décimas respecto al ratio de 2018. Es el tercer año consecutivo que este indicador baja. Nota positiva. Estos casi 48.500 millones suponen un máximo histórico en cuanto a la deuda acumulada por la Comunidad, al superar en 1.351 millones el endeudamiento alcanzado a finales del ejercicio de 2018. Subió la deuda casi la cantidad justa que viene reclamando anualmente el Consell para completar su financiación y que, como se recordará, es de 1.325 millones cada año.

Vamos al déficit. La Comunidad sigue siendo el territorio con más débito acumulado, 2.194 millones, un 1,91% del PIB, unos 620 millones más que la cifra negativa registrada a final de 2018 cuando se quedó en 1.574 millones. El déficit de las comunidades autónomas se situó en los 6.795 millones de euros, lo que supone el 0,55% del PIB, frente al 0,28% registrado en 2018. O dicho de otro modo, el 32% del déficit que acumulan las autonomías españolas se apila en esta Comunidad. Una tercera parte del descubierto es valenciano. Pero tiene que ver, nuevamente, con la endémica falta de financiación de nuestro territorio.

Para el departamento de Hacienda que encabeza Vicent Soler, el aumento de la deuda de 1.351 millones de euros se deben a «la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana». De hecho, «la cifra es prácticamente coincidente con los 1.325 millones reivindicativos». Volvió a reivindicar ayer, en plena crisis sanitaria, un nuevo sistema de financiación autonómica «más justo y solidario» para toda España. En opinión del Consell, si las comunidades descuentan el déficit generado por no haber obtenido el mes del IVA de 2017 (que el ministerio dijo que no computaría a efectos de las reglas fiscales), esto supone que el déficit de la Comunidad Valenciana se situó en 2019 en el 1,71% (1.964 millones) y el de la media de las autonomías de régimen común sería 0,41%. El diferencial sería así 1,29%. Es decir, 1.490 millones. De nuevo una cifra similar a la infrafinanciación anual que el Consell reclama.

Las residencias de ancianos centran la cita de Puig con los síndics a la que se incorpora Oltra

Los portavoces parlamentarios siguen apoyando la gestión del Consell pero reclaman material y un fondo de 3.000 millones

Nueva reunión telemática semanal entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y los portavoces parlamentarios en las Cortes para informarles sobre la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana. A la asistencia ya habitual de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ayer se sumó la figura de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Eso sirvió para abordar temas relacionados con el estado de las residencias, tanto de mayores como de infancia, exclusión, mujeres o diversidad. Barceló y Oltra explicaron a los portavoces del Botànic y de la oposición que la falta de material al inicio de la crisis fue «generalizada», pero que desde la semana pasada se está repartiendo por los 1.500 puntos de entrega que tiene el departamento de Oltra. También aseguró la vicepresidenta que ha realizado pedidos propios a empresas a la vez que se han trasmitido acciones e instrucciones dictadas a las residencias.

Dentro del espíritu de unidad que se mantiene en estos encuentros, hecho que sigue agradeciendo Ximo Puig, la síndica del PP, Isabel Bonig insistió en la necesidad de material de protección y test rápidos «para saber quién está contagiado, quién no y para salvaguardar al personal sanitario». Y Toni Cantó (Cs) reclamó la urgencia de reformular el presupuesto para aprobar un fondo de 3.000 millones contra el virus.