Ayudas para el colectivo de autónomos y para afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son dos de las medidas del plan de choque del Consell para apoyar al tejido empresarial y trabajadores de la Comunidad más afectados por los efectos económicos causados por la crisis del coronavirus. La primera de ellas se concretará hoy mismo en un decreto en el que se establecerán ayudas directas a los autónomos, de 750 euros en el caso de los que hayan visto reducida su actividad por la emergencia sanitaria, y de 1.500 euros por el lucro cesante de los que hayan tenido que cerrar su negocio.

Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión telemática mantenida con el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y con los representantes de CC OO-PV y UGT-PV, Arturo León e Ismael Sáez, respectivamente. En el encuentro participaron, igualmente, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, y el de Hacienda, Vicent Soler.

«Respuesta inmediata»

Tras la reunión, en la rueda prensa, que también se realizó por videoconferencia, el jefe del Consell concretó que los fondos para los autónomos se vehicularán a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que con ellos se pretende dar una «respuesta inmediata», ya que, según reconoció en varias ocasiones, entiende que es un colectivo castigado por la situación actual, y que tiene que hacer frente a próximos pagos, como los del alquiler de local o similares. Ya la pasada semana, Puig indicó que para esta medida se consignarían 57 millones.

De forma complementaria, para autónomos y micropymes se creará una línea de financiación de hasta 750.000 euros, a tipo de interés cero, con una carencia de dos años y hasta diez años de vida, sin comisión de apertura y avalada por la Sociedad de Garantía Recíproca. Una línea que estará dotada con 60 millones. Respecto a los avales, está previsto que la SGR también dé una garantía al 100% de la financiación.

Tributación

Además, en materia tributaria, el plan económico del Consell prevé la ampliación de los plazos para la presentación y el pago de impuestos como el de Sucesiones y donaciones o el de Transmisiones y actos jurídicos documentados, entre otros.

No obstante, una de las medidas más novedosas avanzadas por el jefe del Consell es una línea de ayudas a los trabajadores afectados por un ERTE, expedientes sobre los que admitió que hay un «atasco importante» por la «avalancha» de solicitudes. De hecho, Economía ha tenido que reforzar su personal. La oleada de procedimientos se evidencia con las cifras facilitadas ayer por esta Conselleria. Estas reflejaban que la provincia suma desde el pasado día 12 hasta la medianoche del miércoles 9.345 ERTE y 46.819 despidos temporales y en la Comunidad, son 24.272 las peticiones y 145,803 los trabajadores afectados.

Esta situación llevó al jefe del Consell a pedir al Gobierno central una «flexibilización» del marco general que regula estos expedientes para facilitar que los trabajadores cobren pronto las prestaciones. Puig también apeló al Ejecutivo a ampliar la interpretación del Real Decreto para favorecer al conjunto de las empresas que podrían acogerse a ayudas por «fuerza mayor por irradiación», pues la norma se limita a las compañías afectadas por la paralización y Puig consideró que son muchas las empresas perjudicadas por la falta de actividad económica derivada de la propia crisis del coronavirus.