La lucha contra el coronavirus lo monopoliza todo. Pero eso no quiere decir que se deje de hablar de la financiación autonómica. El motivo no puede ser más sencillo: los gastos que estos días se están acumulando por poner en marcha acciones urgentes para combatir la pandemia requieren de un aumento de liquidez extraordinario para las comunidades autónomas, que sin ir más lejos tienen las competencias de Sanidad y Servicios Sociales. Un esfuerzo económico que se acusa más en los territorios peor financiados y con más déficit. Y ahí, la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, no tiene rival. A la cola en inversión y a la cabeza en reivindicación... también en esta crisis sanitaria y económica.

Al frente de esa misión está, una vez más, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que no perdió una nueva ocasión de reclamar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el adelanto de todos los pagos previstos que tiene pendientes el Gobierno central para garantizar la liquidez del Gobierno autonómico. Esta vez fue en una de las ya frecuentes reuniones telemáticas de los responsables de las consejerías autonómicas de Hacienda con la propia ministra portavoz. Demandas de más liquidez, más capacidad de endeudamiento y más celeridad a la hora de abonar anticipos comprometidos por el Estado para hacer frente con urgencia a la crisis del Covid-19.

Puestos a hacer un cómputo global de todo lo que le pidió Vicent Soler a María Jesús Montero, durante los próximos 30 días el Estado debería abonar unos 1.300 millones de euros a las arcas de la Comunidad. El primer pago pendiente llegó el lunes pasado con 111,61 millones de los 223 de la primera remesa de las entregas a cuenta. Por tanto, faltan otros 111 millones a pagar el 17 de abril. Después vienen los 226 millones del IVA pendiente de 2017 (que se deben entregar con un préstamo a interés cero), y el adelanto de la mitad del pago de liquidación de 2018, que son 924 millones de los 1.849 euros previstos. Total de 1.261 millones para transferir en abril. Y sin contar con el Fondo de Liquidez ordinario para 2020.

Para reforzar la presión de Vicent Soler sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig espera que Hacienda que tome «decisiones en breve para tener suficiente liquidez» y poder pagar a los proveedores «unos gastos que no podemos pagar ahora». Puig espera que, de forma inmediata, lleguen entre 600 y 700 millones. Todavía sin llegar a las necesidad que marca Soler.

Sigue la presión desde la Comunidad para que el Estado limite aún más la actividad

Llamadas de auxilio a la UE para un «Plan Marshall» que flexibilice los fondos europeos y poder reflotar la inversión

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volvió a hablar ayer que paralizar totalmente la economía es una cuestión que compete al Gobierno de España, que es el que debe decidir sobre estas cuestiones. Pero eso no quita para que, en su opinión, dentro del marco actual legal, «se puede acelerar todavía más el estado de confinamiento». De hecho defendió el aislamiento como «vía de solución» para que «este 15+15 no aporte más plazos de confinamiento». Puig no concretó qué obras se deben paralizar («eso se debe abordar desde una visión general»), pero cualquier actividad se debe desarrollar con las «máximas garantías para los trabajadores», añadió el presidente.

Donde sí parece que hay más unanimidad es en reclamar al Consejo Europeo que concrete la suspensión del programa de estabilidad y garantice el pago a los proveedores de la administración. Vicent Soler fue uno de los defensores de esta teoría en la reunión telemática mantenida con el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero trasladó que el Ejecutivo está defendiendo ante las autoridades comunitarias una propuesta para flexibilizar los fondos europeos y destinarlos al área de salud. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el jefe del Consell, Ximo Puig defienden desde hace días que se establezca un Plan Marshall que permita abrir un proceso de reconstrucción europeo en el ámbito social y económico.