El Gobierno ha abierto la mano para que los ayuntamientos puedan gastar una pequeña parte del superávit de 2019 para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Una de las novedades del decreto aprobado por el Consejo de Ministros es la medida de carácter presupuestario que beneficia a ayuntamientos y comunidades autónomas. Por un lado, la norma contempla que las entidades locales puedan recibir hasta 300 millones del superávit de 2019, lo que supone unos 33 millones para la Comunidad Valenciana y alrededor de 12 millones para los municipios alicantinos. Este dinero deberá ser destinado a financiar gasto social frente al virus.
La imposibilidad de los consistorios de incrementar su gasto pese al alto nivel de saneamiento de sus cuentas llevó a los alcaldes a alzar la voz durante años para denunciar el bloqueo de esta restricción. Se trata de una reivindicación histórica de los municipios con remanentes económicos positivos que no pueden reinvertir directamente en servicios ciudadanos. Con estos antecedentes y ante la alerta sanitaria, económica y social generada por el coronavirus, el Gobierno ha decidido adelantar el uso de parte de este superávit para dichas actuaciones, más allá de la inversión financieramente sostenible.
Hace poco más de un mes, antes de que la pandemia sanitaria comenzara a extenderse en España, el Ejecutivo anunció la aprobación de un decreto ley para autorizar a los gobiernos locales a utilizar 5.000 millones de euros del superávit de 2019. De ellos, la provincia se iba a beneficiar de unos 180 millones. De esa cantidad de remanentes de los 141 municipios alicantinos, 12 millones, de momento, se podrán dedicar a la alerta social por el coronavirus. La ministra María Jesús Montero explicó ayer a los consejeros autonómicos una norma que posibilitará a las entidades locales de toda España de 300 millones en el área de servicios sociales para la ayuda a los más desfavorecidos. La norma permite hacer uso de estos recursos para todas esas actuaciones y también amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas con un impacto económico que supera los 115.000 millones de euros en recursos públicos.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, hizo ayer una valoración positiva al considerar que esta medida permitirá «inyectar en las familias que lo necesiten más recursos para combatir la salida a la crisis sanitaria y social». En su opinión, «es un gesto importante del Gobierno para poner toda la capacidad del Estado al servicio de las personas». El presidente de los alcaldes aseguró que los ayuntamientos cumplirán este compromiso de forma «impecable» a la hora de gestionar los recursos para ayudar a las personas que se encuentren en mayor vulnerabilidad por la crisis del coronavirus. Alfaro reiteró el mensaje de Pedro Sánchez sobre su compromiso para que ninguna familia se quede sin recursos y recordó que los ayuntamientos son «las administración más cercana al ciudadano y los que más comprometidos están para que ningún vecino se quede atrás».
Además de esta autorización para poder gastar parte de los ahorros acumulados en los bancos, el Ministerio de Hacienda ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito por un importe de 300 millones de euros, lo que equivale a unos 33 millones para la Comunidad Valenciana, para financiar un Fondo Social Extraordinario para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias de mayor vulnerabilidad.
Inyección por vía exprés de 223 millones de financiación autonómica para la Generalitat
Con la última actualización de las entregas a cuenta, el Consell dispondrá de 11.545 millones en un año de crisis sanitaria
El Ministerio de Hacienda comunicó a última hora de la tarde de ayer a la Generalitat Valenciana la actualización de las entregas a cuenta por el sistema ordinario de financiación autonómica que supondrá una inyección exprés de 223 millones de euros . La mitad se cobrará este mismo lunes para que las autonomías dispongan de liquidez contra la alerta sanitaria del coronavirus. Y el resto se le transferirá a la conselleria de Hacienda el próximo 17 de abril. En menos de un mes, las arcas de la adminstración autonómica recibirán una cuantía que supondrá un alivio en un momento en el que la prioridad se centrará en combatir los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Una prioridad que marcará la gestión del Consell durante todo este año.
De forma global, con la prórroga de los presupuestos de 2020, la Generalitat recibirá entre las entregas a cuenta del sistema ordinario y la liquidación de las cantidades correspondientes al ejercicio de 2018, un total de 11.545 millones, casi un 10% más que en 2019. Esa es la previsión que notificó la ministra. Será la administración autonómica que tendrá un mayor incremento de sus asignaciones. Todo ello se conoce después de evidenciarse durante el pleno del Congreso de los Diputados celebrado ayer que Pedro Sánchez intentará pasar el año con la prórroga de los actuales presupuestos, que se remonta a 2018, antes de elaborar unas nuevas cuentas públicas de «reconstrucción» centradas en paliar los efectos de esta crisis sanitaria, económica y social. Eso significa que durante este año tampoco habrá reforma de la financiación.
