El Consell se compromete a ayudar a autónomos y empresas con líneas de crédito que suman 97 millones, apoyadas por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), para que puedan afrontar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió ayer con el mandatario de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, así como con los dirigentes del sindicato CC OO-PV, Arturo León, y de UGT-PV, Ismael Sáez, para analizar el plan de choque anunciado el martes por el Ejecutivo. Ya el día anterior habían intercambiado impresiones por videoconferencia. Al encuentro también asistieron el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el de Economía, Rafa Climent, además del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.

Tras la reunión, que se celebró en la biblioteca del Palau para guardar la distancia de seguridad de un metro entre los asistentes, el jefe del Consell anunció que una de las primeras medidas de la Generalitat será lanzar una línea de crédito de 57 millones de euros para los autónomos con el fin de que «no se destruya empleo y de que ningún autónomo se quede sin actividad», subrayó Ximo Puig, quien destacó las decisiones tomadas por el Gobierno central para atender a las personas y a las empresas por la «grave crisis del coronavirus».

Pleno extraordinario

El montante de esta línea de crédito se aprobará en el pleno extraordinario que el Consell celebrará la próxima semana, aunque el presidente indicó que se va a consensuar con los agentes económicos y sociales «cuál es la mejor forma» para articularla y para que sea efectiva. En este sentido, se va a crear un grupo de trabajo entre miembros del Consell, la CEV y los sindicatos con el fin de plantear sugerencias. Además, del apoyo con 57 millones para los autónomos, Puig avanzó otra línea de 40 millones para ayudar a mejorar la solvencia de las empresas de la Comunidad.

Tanto el jefe del Consell como los representantes de la CEV y de UGT y CC OO quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, empresas y autónomos en esta «situación de una grave crisis de magnitud enorme» en que nos encontramos, dijo Puig.

El presidente también se pronunció claramente sobre la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por las empresas de la Comunidad. Una oleada de procedimientos de los que no se sorprendió, dadas las actuales circunstancias. No obstante, sí advirtió de que es un instrumento que «está para lo que toca», y pidió que «nadie aproveche este momento para actuar de una manera no decente o deshonesta».

Expedientes con «ética y moral»

En similares términos se manifestaron los sindicatos y la CEV. Salvador Navarro aseguró que las empresas que han presentado ERTE en la Comunidad saben que es una solución temporal y cuentan con el componente de «ética y moral» necesario. No obstante, dijo que hay otras que los están planteando «a mucho más tiempo» y fue contundente al expresar que «esas empresas no deben sentirse representadas ni por la CEV ni por su presidente». Por su parte, los sindicatos pidieron a los empresarios que no acudan a expedientes de despido. Además, hicieron hincapié en que se tenga en cuenta en las medidas del Gobierno a los empleados con contratos de fijo-discontinuo. Aunque la CEV valoró que las ayudas del Gobierno central «van por buen camino», Salvador Navarro no dejó de alertar de que podrían ser insuficientes, si no se aplican de forma rápida y ágil.

El líder de la patronal autonómica también demandó la actualización los pagos pendientes de las distintas administraciones públicas a las empresas y que tanto el Ejecutivo como el resto de administraciones deberían renunciar a aumentar la presión fiscal, al menos durante este ejercicio.

40 millones a través del IVF para mejorar la solvencia de las mercantiles

La segunda medida anunciada por el jefe del Consell ayer fue la creación de una línea de 40 millones, ampliables en créditos participativos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), para mejorar la solvencia de las compañías y que estas puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno central. Tanto esta medida como la anunciada para los autónomos son complementarias al decreto del Ejecutivo para que las compañías puedan acceder al programa de financiación del Ejecutivo. Los créditos participativos del IVF, que es «el instrumento más potente de la Generalitat para actuar junto con el ICO y otros organismos», destacó Puig, computarán como capital de las empresas y el banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las compañías. El problema de liquidez y tesorería que van a acusar el tejido empresarial por la actual emergencia sanitaria -con negocios cerrados, restricciones de desplazamientos y descenso del consumo- es uno de los aspectos que más preocupa a los empresarios. Así, Salvador Navarro, presidente de la CEV, valoró que, en principio, el programa financiero de Gobierno central para ayudar a las empresas «va en la buena dirección».