Los jueces españoles concluyeron en 2019 un total de 42 procedimientos por corrupción donde se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 254 personas. De estos juicios, seis se celebraron en la Comunidad Valenciana, donde resultaron 42 persoans condenadas, la segunda cifra más alta entre todas las comunidades, superada tanto solo por la Región de Murcia, con 84 condenados.

En el total nacional, se procesó a 49 personas más que en 2018 y se dictaron 91 sentencias por esta actividad delictiva, el 71,42 por ciento condenatorias.

Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del pasado año.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y se refieren a conductas con afectación de dinero público.

Se tipifican como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De los 254 acusados por corrupción 84 lo fueron en la Región de Murcia, 42 en la Comunidad Valenciana, 38 en Cataluña, 23 en Andalucía, 21 en Madrid, 19 en Baleares, 15 en Galicia, siete en Asturias, dos en Castilla y León y uno en Extremadura, en el País Vasco y en la Audiencia Nacional.

De las 91 sentencias dictadas 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71,42 por ciento, y las 26 restantes, el 28,57 por ciento, absolutorias.