La arcaica ley de enjuiciamiento criminal de España no está preparada para hacer frente a una crisis como la del coronavirus. La sección segunda de la Audiencia Nacional va a vigilar la evolución de la pandemia por si finalmente la suspensión se prorroga durante más de 30 días y hay que repetir el juicio de Gürtel que desde el lunes juzga el contrato de Canal 9 para la visita del papa a València. Por el momento el tribunal ha procedido a la suspensión durante 29 días hábiles, el límite que marca la ley. Se desconoce la fecha exacta en la que se retomarán las vistas y no han declarado todos los acusados.
El juicio arrancó el pasado lunes en la sede de la Audiencia Nacional que se encuentra entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, uno de los focos de contagio en la Comunidad de Madrid. Estaba previsto que este jueves finalizaran las declaraciones de los 23 acusados pero el ingreso hospitalario de Francisco Correa por una hernia inguinal, de la que ya está recuperado, motivó el miércoles otro aplazamiento de 24 horas. La actual ley establece que los juicios se podrán suspender por un plazo máximo de treinta días por causas justificadas porque el tribunal tiene que tener un conocimiento directo y unificado de los hechos para recordar con precisión todas las declaraciones. No está concebida para afrontar una crisis de esta envergadura.
El juicio de la visita del papa a València está grabado por los avances tecnológicos que no incluye la ley, pero si el plazo de suspensión supera los treinta días, cualquiera de las partes puede solicitar que el juicio comience desde cero o instar a su nulidad a no ser que se llegue a un acuerdo, advierten fuentes judiciales.
A este juicio en la Audiencia Nacional se han desplazado unas cincuenta personas desde la Comunitat Valenciana, entre abogados, acusados y personal de medios de comunicación. Los juicios más mediáticos que se estaban celebrando estos días o que iban a comenzar en las próximas semanas han quedado suspendidos por la orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de cancelar toda la actividad en la Comunidad de Madrid por la pandemia de coronavirus. Esto incluye, entre otras, las vistas orales contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; la contratación de la trama Gürtel para la visita del Papa a Valencia en el año 2006; y la excúpula de Pescanova.
Actas de fundación
Como adelantó este medio a principios de esta semana, la Fiscalía Anticorrupción mostró al exdirigente del PP Juan Cotino las diez actas de la fundación que constatan que participaba en las reuniones del equipo organizador. Cotino dijo que desconocía esos documentos hasta que tuvo acceso al detalle de todas las piezas del sumario y que no se los mostraron tras la reuniones. En este sentido, aclaró que la primera vez que participó en una reunión de la fundación fue a petición del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, fallecido en 2008 a los 72 años. Respecto a los contratos adjudicados por la fundación, que un juzgado de València investiga por separado, el exconseller negó que interviniera en la contratación de las mochilas que se repartieron a todos los peregrinos del evento.
La presidenta del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, pidió ayer al titular de la Generalitat, Ximo Puig, «medidas reales y más información porque el coronavirus no se va a detener con sugerencias». Bonig también exigió «mayor rapidez» en la gestión de esta crisis: «No queremos que Puig tire balones fuera y que deje de ir a remolque como hasta ahora. Debe ponerse al frente de la crisis».
