La Diputación de Alicante se ha sumado a las medidas preventivas por el coronavirus y ha aplazado el pleno convocado para el próximo miércoles, día 18 de marzo, en el que estaba previsto dar luz verde al plan de obras para repartir un total de 71 millones entre los municipios de la provincia hasta el final del madanto. El equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, ha decidido, con el apoyo de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís), que siempre y cuando no haya diputados contagiados, llevará el plan inversor al pleno ordinario de abril que se celebrará el miércoles día 1 a la espera de la evolución de la pandemia. Aún se desconoce si se realizará a puerta cerrada.Las mesas de contratación previstas para martes y miércoles también han sido suspendidas.
La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la recomendación de los servicios sanitarios que han valorado los desplazamientos de alrededor de medio centenar de personas entre diputados, asesores y medios de comunicación. En estos momentos la Diputación no puede celebrar plenos, comisiones ni juntas de gobierno por teleconferencia. Sin embargo, el plan de contingencia ya está preparado por si los empleados tuvieran que trabajar telemáticamente desde casa, aunque desde la Diputación aseguran que una mínima atención física siempre se acabará produciendo.
El diputado Adrián Ballester aseguró que ya se ha registrado la firma de cada diputado para dar curso a los documentos imprescindibles con el fin de no paralizar el funcionamiento de la administración. La institución también ha activado en el ADDA y Mubag un protocolo preventivo, además de suspender actos multitudinarios, restringir las visitas a los centros de personas mayores y extremar las acciones de limpieza.
Dos versiones diferentes del posible cierre de los edificios de la institución
El diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, explicó ayer que la Diputación está tomando todas las medidas preventivas a su alcance para evitar la propagación del coronavirus, siempre bajo el asesoramiento de los servicios médicos. Entre las opciones que se están barajando, según Gutiérrez, se encuentra el cierre de los edificios administrativos donde se concentra mayor cantidad de gente como las oficinas de Tucumán o Suma. Sin embargo, el gabinete de prensa y el diputado del PP Adrián Ballester aclararon que esta medida no se están contemplando por el momento.
