El informe de la Inspección General de Servicios de la Generalitat sobre las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva en el ejercicio de 2018 pone al descubierto varias lagunas en la gestión y en el control de los fondos público que podrían favorecer los riesgos de irregularidades y malas prácticas. Tal es así que este órgano de control interno de la Generalitat insta a las distintas consellerias a mejorar su gestión y a reforzar el control con el fin de «verificar el adecuado destino de los fondos públicos a la finalidad para la que se concedieron». En pleno debate político sobre determinadas ayudas concedidas por el Botànic, la Inspección da a conocer una investigación que forma parte del plan de actuación ordinario de 2018.

El informe hecho público (sólo está disponible un resumen) es genérico, es decir, no entra a analizar de forma detallada las 381 líneas, pero sí contiene conclusiones generales que se centran en varios aspectos: desde el uso de aplicaciones informáticas hasta el control de cumplimiento. El repaso sirve para detectar lagunas importante, por ejemplo, en el ámbito del plan de control de cumplimiento de la finalidad de la subvención. La Inspección habla de «incidencias» en la obligación de las consellerias de «aprobar y ejecutar» un plan de control en relación con la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, la existencia de la condición o finalidad de la subvención. Así, señala que hay convocatorias sin el preceptivo plan o planes que ni si quiera incluyen un contenido mínimo.

A veces, el plan existe, pero no se cuentan con recursos suficientes, por lo cual estas comprobaciones se quedan a medias. La Inspección también es crítica respecto a una gestión que mejoraría si se usaran aplicaciones informáticas de «alta funcionalidad y seguridad» que no permiten la manipulación por personas no autorizadas y que dejan rastro si se introducen cambios. Es una vacuna ante posibles actuaciones fraudulentas que están infrautilizadas por lo que recomienda tantear su uso. Casi un 30% de convocatorias no disponen de herramientas de gestión. Pese a que más de la mitad de las convocatorias sí se gestionan con aplicaciones de alta funcionalidad, la inspección apunta que el rendimiento no es óptimo por problemas de integración informática.