Todas las historias tienen un principio y un desenlace entre los que transita un hilo argumental más o menos consistente que suele dar sentido al conjunto del relato. Y eso ocurre con el borroso y largo episodio del cerca de medio millón de euros de dinero público del grupo popular en la Diputación de Alicante -acreditado por este periódico al detalle con fechas, certificados, cheques, transferencias y operaciones hasta en tres cuentas bancarias- que se transfirió para financiar las arcas del PP entre diciembre de 2015 y finales de 2018. Todo ello durante el mandato como presidente de César Sánchez, hoy, ironías del destino, en el exilio dorado de Madrid como diputado y secretario de Transparencia de Pablo Casado en la cúpula de Génova. Al menos once traspasos de fondos de los que, hasta ahora, los populares no han presentado ni un triste ticket de caja que justifique su destino final ni tampoco si se utilizaron para iniciativas conjuntas, como así se establece en las ordenanzas de la Diputación.
Pero hay un capítulo de la historia que delata hasta que punto son conscientes en las filas del PP de la enorme cantidad de errores que se han cometido con este asunto. Y para entender al dedillo todo lo que está pasando hay que empezar justo por el final. A principios del pasado diciembre, apenas cuatro meses y medio después de su llegada al Palacio Provincial, el nuevo presidente Carlos Mazón acordaba tanto con el socialista Toni Francés como, sobre todo, con Gerard Fullana, diputado de Compromís y abanderado desde hace años de esta denuncia, un nuevo sistema con un mayor control para estas cantidades que manejan los grupos políticos. Un modelo de contabilidad validado por un acuerdo plenario en el que se recoge al milímetro cada movimiento. Pero, sobre todo, una modificación del punto nueve de la ordenanza que rige el reparto de esas cantidades, el artículo clave para interpretar el espinoso núcleo gordiano de este tema.
En la nueva redacción, ya vigente, se mantiene la posibilidad de transferir fondos públicos a las agrupaciones políticas provinciales de cada partido para actividades que sean conjuntas. Continúa la obligación de que se emita un certificado avalado por el portavoz de cada grupo. Pero, sobre todo, se introduce una coletilla en la que se establece que, junto a a todo eso, se tiene que añadir «una memoria anual justificativa de las actividades desarrolladas con el grupo en el periodo correspondiente, de acuerdo al modelo adjunto». Y en ese modelo se tiene que recoger la fecha del gasto y del pago, el destinatario, el concepto y el importe. Poco se puede decir más. Es el reconocimiento explícito del PP de que lo que se había hecho durante el mandato anterior estaba alejado por completo de la transparencia. De que hubo fondos que no se justificaron. Y, además, es una enmienda a la totalidad con el aval del propio Mazón -una más como la del giro en el reparto de las inversiones provinciales- a la envenenada herencia de César Sánchez, que se negó a justificar el dinero transferido a las arcas del PP en su mandato y que ahora sigue en silencio como si la cosa no le afectara.
Admitida sin paliativos la culpa, sin embargo, en las filas del PP también estaban convencidos que ese acuerdo plenario junto al pacto para los presupuestos de la Diputación iba, primero, a calmar a Fullana y después acabaría echando tierra sobre el medio millón que se ingresó el PP desde el Palacio Provincial, a día de hoy todavía sin justificar. Borrón y cuenta nueva, pensaron. Sobre todo después de que los juzgados, además, rechazaran una primera reclamación de Compromís exigiendo que se detallara el destino final de todo ese dinero. Pero el pasado, sobre todo si tiene un punto de oscuridad y de opacidad, siempre vuelve para condicionar toda la historia. Craso error del PP.
No estamos ante una cuestión ni semántica ni tampoco que se pueda reducir al legalismo, como desde las filas populares trasladan tirando de argumentario para limitar daños. Es un problema de ética y estética. De falta de transparencia. De decencia política. Cualquier persona tiene derecho a conocer el destino de hasta el último euro de todas las instituciones públicas. Y los partidos la obligación de responder. Democracia en estado puro. Máxime teniendo en cuenta que, cuando arrancó el mandato anterior y justo después de que el PP perdiera el control de la mayoría de las instituciones de la Comunidad en las autonómicas de 2015, César Sánchez aprobó un incremento de las asignaciones a los grupos de la Diputación para multiplicar por cuatro el dinero que entonces recibían, cantidades extra que tan sólo aceptaron en su totalidad los populares y EU.
La política ha cambiado de tal manera que el debate sólo se puede resolver de una manera: reconociendo públicamente que el sistema que se usó en la Diputación estaba viciado y presentando las facturas. Es la única solución. Ya saben: los juzgados van por su lado y los tiempos de la política son otra cosa completamente diferente. O hay facturas, o los interrogantes se mantendrán. Pero esa es una vía que el PP, aún muy consciente de puertas hacia dentro del embolado y de que el modelo era perverso, no está dispuesto a afrontar. Al menos, a día de hoy. Por dos motivos. Primero. Reconocer que no puede justificar esas cantidades y, por tanto, que se pudo incumplir el reglamento provincial sería una invitación a que la Intervención de la Diputación iniciara un expediente de reintegro de fondos que el PP ya se ha gastado. Y segundo. Admitir los fallos obligaría a Carlos Mazón, en una decisión que pondría en juego su credibilidad, a tomar medidas contra Eduardo Dolón, firmante de todas las transferencias y ahora mismo presidente provincial del PP. Y a pedirle a Casado que César Sánchez, como mínimo, dejara la secretaría de Transparencia en Génova, con lo que la saltaría a Madrid una polémica aderezada por la tesis que Compromís ya ha deslizado de que, en realidad, cantidades que salieron de Alicante iban a la cúpula nacional. Así que el PP, por ahora, no cederá ni un ápice. Y sin facturas en la mesa, la duda no se disipa y el debate crecerá.
Por cierto, el resto de partidos no deberían estar tranquilos. Este es un sistema generalizado en las instituciones. Y muchos ciudadanos, por suerte, ya no se creen milongas ni aguantan jueguecitos. Es dinero de todos y quieren saber dónde se gasta. Y están su derecho. Ni más ni menos.
