La falta de justificación del medio millón de euros que el grupo popular de la Diputación transfirió al PP durante el mandato anterior se ha convertido en un laberinto político y ahora judicial de largo recorrido en la agenda provincial. ¿Por qué cambió el pasado diciembre el procedimiento para acreditar los gastos de los grupos con la llegada a la presidencia de Carlos Mazón? La respuesta a esa pregunta está llamada a marcar este asunto. El actual presidente de la Diputación intentó sofocar, ya de antemano, parte de las llamas de un fuego que podía dañar su gestión y zarandear a su gobierno. Y lo ha hecho obligado por la herencia del pasado. Era uno de sus desafíos más urgentes después de cuatro años de mandato de César Sánchez en los que los reproches por la falta de justificación de esa cantidad que fue a parar a las arcas del PP se habían convertido en un mal endémico y en un foco de tensión.
La presión judicial y política de Compromís y la necesidad de mantener la estabilidad del gobierno con Ciudadanos ha facilitado que Carlos Mazón mire hacia atrás para endurecer un procedimiento de justificación, cuyas carencias no eran una cuestión menor e incluso se le podían volver en contra. Es una decisión que rompe el patrón establecido en el pasado para otorgar más transparencia a la institución. Es el último episodio de una situación que viene de lejos pero que, este punto, se remonta al año 2013, cuando la Diputación, con Luisa Pastor al mando, aprueba un reglamento orgánico que concreta el destino de la dotación económica asignada a los grupos políticos, que a su vez disponen de la posibilidad de transferir esos fondos a su agrupación política provincial para actividad conjunta. Luisa Pastor tenía una necesidad. Tratar de poner orden tras la convulsa etapa de su antecesor, Joaquín Ripoll. Acotar el destino de ese dinero regulando la forma de justificar las transferencias. Ese reglamento, redactado en su día por César Augusto Asencio, es la piedra angular de esta polémica. En su punto 9 establece con claridad que la transferencia de fondos debe dedicarse a la colaboración entre el grupo y el partido: «Deberá ser consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido político, o como contrapartida por servicios de realización de actos conjuntos y los gastos derivados de los mismos».
El arranque del mandato de César Sánchez en 2015 y su decisión de aumentar estas cantidades fueron sembrando el camino para el enfrentamiento. En las navidades de 2015, en el pleno del día 30 de diciembre, al actual diputado en Madrid y secretario de Transparencia de la ejecutiva de Pablo Casado multiplicó por cuatro estos recursos económicos dedicados para que pasaran de 105.000 euros a casi 518.000 euros anuales, sin motivar ese incremento. El entonces máximo dirigente de la corporación dio luz verde a esta medida sin certificar que la anterior dotación económica fuera suficiente o no para el normal funcionamiento de los grupos. Pura discrecionalidad. Un dato de muestra: la cifra superaba la de la mayoría de partidas de ayudas destinadas a los municipios durante un año.
Pero César Sánchez no fue el único responsable de ese acuerdo. José Chulvi, entonces portavoz del grupo provincial socialista, también lo apoyó. Sin embargo, tres meses después Chulvi reculó y admitió «el error», en palabras textuales, de pactar con el PP para que se cuadruplicaran las subvenciones a los partidos. Gracias a ese pacto la institución «pagaba» un fijo de 25.233 euros a cada grupo y, además, 12.616 euros por cada uno de los diputados. Al final, sólo le gustaba al PP. Aquella decisión provocó que todos los portavoces iniciaran una protesta conjunta. El PSPV, Compromís, Ciudadanos y EU -aunque luego también accedió a parte de ese incremento- hicieron un frente común para exhibir su malestar y a finales de 2016 consiguieron que el presidente volviera a aprobar, por tercera vez, un nuevo régimen bajando levemente esas cantidades.
Ya con encontronazos constantes y choques frontales por la falta de justificación de las transferencias del PP, el 6 de octubre de 2017 los grupos acordaron la fiscalización de las dotaciones económicas y crearon una comisión de investigación. Compromís ya había comenzado su particular cruzada para denunciar que los números del PP no cuadraban. Pedía a los populares que garantizaran que se trataba de gastos conjuntos puesto que los breves certificados firmados por el entonces vicepresidente de la Diputación y actual presidente del PP, Eduardo Dolón, no incluían facturas. Intervención emitió varios informes con deficiencias de los grupos pero, sin embargo, esos documentos nunca llegaron a pleno durante el mandato. Esa comisión nació y murió con el mandato de César Sánchez sin que los documentos pudieran ser debatidos en sesión plenaria. Compromís presionó denunciando que la Diputación no había querido llevar al pleno los dictámenes y lamentó que el objetivo fuera evitar que se denunciara el acto administrativo.
El espacio para las críticas ya estaba abierto de par en par y la dureza dialéctica se había convertido en habitual con este tema. La falta de control en el gasto de los grupos no fue solo un escollo entre el PP y Compromís, sino que también golpeó a EU y a Ciudadanos. En 2017 el pago con fondos del grupo provincial de EU de un viaje a Cuba para su líder autonómico, David Rodríguez, se saldó con su dimisión. Como el PP, la diputada Raquel Pérez tampoco quería justificar sus cuentas. También ocurrió algo similar en Ciudadanos, donde el diputado Fernando Sepulcre anunció su salida del grupo camino del transfuguismo. Sepulcre denunció que había sufrido una persecución cuando, en realidad, se había gastado casi 1.200 euros en combustible en tres meses, además de pagar una revisión en el taller de su coche particular con el dinero del grupo.
Con la llegada de Carlos Mazón a la Diputación, Compromís no soltó esa presa y volvió a presionar al PP para que aportara las facturas de ese medio millón apuntando siempre a Eduardo Dolón, encargado de firmar todos los certificados que, tal y como se ha publicado, contradicen a los recibís emitidos por la gerente provincial del PP, Yolanda Murcia, sobre el destino final de todo ese dinero público. El actual diputado y alcalde de Torrevieja asegura que las cantidades eran para actividad conjunta. Y que los ingresos ya fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas y la Intervención. La gerente dice que es financiación ordinaria del PP. Sin facturas sobre la mesa para aclarar toda esta situación, Compromís presentó en octubre de 2019 una demanda contra el PP.
Con este escenario tan complejo, Mazón fio su estrategia a un objetivo: cambiar tanto las formas como el contenido para mejorar la fiscalización de la actividad y reforzar la transparencia. En primer lugar asignó a cada grupo político una dotación económica con un componente fijo anual en cuantía de 16.330 euros y una cuantía variable fijada en 8.165 euros anuales por cada diputado. Una notable reducción respecto a la aprobada en 2015 por César Sánchez. Además, el máximo dirigente provincial apoyó la propuesta de Compromís para poner fin al procedimiento que tantas discrepancias había generado. Todos los grupos, según el acuerdo del día 6 de noviembre de 2019, compartieron la importancia de actualizar el reglamento de 2013 y modificar el polémico artículo 9 para acreditar todos los gastos, a través de una hoja de cálculo detallada. Reconocieron que los ejes fundamentales de la acción política deben ser «la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno».
Consciente de que esta iba a ser la primera gran prueba de la resistencia del gobierno, Mazón quiso poner negro sobre blanco sus intenciones y marcar posición política propia en esta sensible crisis instalada en el campo de batalla del Palacio Provincial. Sin embargo, no ha conseguido zanjar las polémica. Queda por cerrar la carpeta del pasado: medio millón de euros sin justificar del mandato anterior. De hecho, esta semana ha alcanzado su punto más álgido tras publicar este medio las once certificaciones que acreditan el traspaso de esos 485.000 euros a las cuentas del PP, 361.000 entre diciembre de 2015 y finales de 2017 a través de cheques y 124.000 euros transferidos a una cuenta institucional bancaria en Murcia. Así que sin facturas que justifiquen ese dinero, la herida sigue abierta. Y el horizonte, desde luego, dibuja un larguísimo conflicto...
La interpretación del artículo 9 del reglamento como base de la polémica
La interpretación del artículo 9 del reglamento como base de la polémicaLa base de toda la polémica gira en torno a la interpretación del artículo 9 del reglamento orgánico sobre la dotación económica de los grupos políticos de la Diputación que establece que las transferencias deberán ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido político, «o como contrapartida por los servicios de realización de actos conjuntos y los gastos derivados de los mismos, asistencia, asesoramiento, consultoría o servicios análogos prestados al grupo por el partido». Con estas bases como premisa, Compromís presentó una demanda en la que denuncia la inexistencia de facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza, alcanzando el medio millón de euros en el mandato de César Sánchez. Gerard Fullana denuncia que el PP evitó durante cuatro años la aprobación por el pleno de los informes de justificación de cuentas que les exigía la normativa y asegura que «se saltaron el dictamen con el objetivo de borrar el rastro de cualquier acto administrativo denunciable que les obligara a devolver el dinero que acabó en Génova». Compromís y PSPV también piden explicaciones a Ciudadanos tras afirmar el líder autonómico Toni Cantó en redes sociales que se trata de «corrupción política» pero sin que sus diputados provinciales hayan criticado esta gestión.
