Once certificados acreditan que el PP ingresó de su grupo en la Diputación 485.000 euros en 3 años

El primero de los traspasos data del 28 de diciembre de 2015 por un importe de 22.763 euros. Y el último de este primer bloque se remonta al 5 de diciembre de 2017 por 55.522 euros, una cifra que se repite en varias ocasiones en certificados, cheques y recibís. De hecho, de las tres transferencias relativas al ejercicio de 2018 ingresadas en la sucursal de Murcia, también aparece una por ese mismo valor cobrada, de acuerdo con los certificados, con otro cheque. El detalle de los ingresos periódicos evidencia transferencias regulares con dinero que la Diputación asignaba al grupo del PP para acabar con destino a las cuentas de la organización. De forma global, según se desprende del análisis de la documentación, en 2015, concretamente en el mes de diciembre, se ordenó una única transferencia por un importe de 22.763 euros. En 2016 fueron tres cheques por valor de 155.700 euros. Durante 2017 los ingresos alcanzaron los 183.000 euros de cuatro traspasos. Fue el año en el que la cuantía llegó a su nivel más alto. Y a lo largo del año 2018 sumaron casi 124.000 euros por esas tres transferencias a la cuenta de Murcia.

Todos esos traspasos se acreditan en cada uno de los certificados firmados por el entonces número dos de la Diputación y actual presidente provincial del PP, diputado provincial y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. El ahora responsable de Economía con Carlos Mazón, en aquel momento secretario provincial del PP con José Císcar, apuntaba que esas transferencias correspondían a gastos imputables al grupo provincial y que por lo tanto cumplían con el artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la Diputación, que data de 2013 y que ahora ha sido modificado por Mazón. Es exactamente al incumplimiento de ese punto -el dinero debe ser para gastos conjuntos- al que hace referencia Compromís en la demanda que ya ha presentado por una financiación «encubierta» del PP. Gerard Fullana viene apuntando, incluso, que el dinero pudo fue a parar a Madrid. Pero, en cualquier caso, sostiene que no se utilizó para actividad conjunta entre el grupo y el partido, como exige la ordenanza. Tesis que abona con la falta de justificantes pero también con la contradicción entre Dolón y la gerente provincial del PP, Yolanda Murcia, afín en su día a Francisco Camps y a la que Císcar colocó en el cargo cuando llegó al mando de la dirección provincial del PP.

Efectivamente, mientras Dolón certificaba que los ingresos iban a parar a accciones conjuntas con el grupo, la gerente provincial del PP, sin embargo, reconocía en los recibís que las aportaciones servían para sufragar los gastos ordinarios y de funcionamiento del PP. Es decir para su propia financiación. Y eso, desde luego, entra en contradicción con el punto nueve del reglamento de la Diputación. Los populares se acogen al preámbulo de ese acuerdo que se elaboró en época de Luisa Pastor como presidenta de la institución en el que se apunta textualmente: «Se regula también la transferencia de las asignaciones a las propias agrupaciones locales de los partidos políticos, dado que los grupos políticos territoriales locales se benefician de las infraestructuras y servicios locales, comarcales y provinciales». La batalla judicial que ha decidido iniciar Compromís contra el PP se tendrá que resolver en los tribunales.

El destino del dinero

No es ilegal la transferencia de dinero de grupos políticos a los partidos. Pero lo cierto, sin embargo, es que ni las certificaciones firmadas por Dolón ni tampoco los recibís rubricados por la gerente del PP que acreditan esos traspasos de dinero por casi medio millón de euros resuelven la gran incógnita que deben aclarar los populares: ¿Dónde están las facturas que justifican el destino de todo ese dinero que, en último extremo, salió de la asignación de fondos públicos que las cuentas de la Diputación de Alicante le reconocen al PP para financiar gastos conjuntos con el partido? ¿En qué se acabaron gastando estas cantidades? Facturas y justificantes que la dirección del PP entiende, durante estos años y también en estos momentos, que no tiene obligación de presentar. Como apuntó en su comparecencia Adrián Ballester, portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, los populares dan por justificadas todas esas cantidades aunque sin presentar ni una sola factura que avale su afirmación. Más allá de eso, consideran que la Intervención de la Diputación, una primera resolución judicial que le han ganado a Compromís y los informes anuales que elabora el Tribunal de Cuentas les avalan.

Del análisis de la documentación que obra en poder de este periódico se desprende que en los dos primeros años del mandato anterior, durante la época de César Sánchez al mando del Palacio Provincial, el grupo del PP en la Diputación operaba a través de una cuenta del Banco de Sabadell correspondiente a una sucursal situada a pocos metros de la entrada principal de la institución. A esa primera etapa corresponden cheques que el grupo de la Diputación libra a favor del Partido Popular en la provincia de Alicante. Son cheques barrados y, por tanto, no se pueden cobrar en efectivo. Deben ingresarse en una cuenta. En opinión de Gerard Fullana, esas operaciones «dan posibilidades de opacidad que no dan los ingresos» y aseguró que una vez que el cheque se cobró «se perdió el rastro y ya no aparecieron más datos en lo que entregaron a la Intervención».

Posteriormente, ya en 2018, el grupo provincial del PP pasa a operar desde una cuenta de una sucursal de la Caja Rural en Orihuela, desde la que se transfirieron 124.000 euros a la mencionada cartilla de Murcia en la que Caixa Bank agrupa a instituciones de la región vecina y de Alicante. El PP provincial sostiene que el dinero era para cubrir sus gastos aunque la cuenta está abierta con el CIF de Génova. Algunas de las transferencias, además, se realizaron durante los últimos días del año, lo que según la denuncia de Compromís, «se hace para no perder el dinero puesto que no pueden gastarlo en ninguna actividad que no sea del año natural». Ayer, los principales dirigentes del PP continuaron en silencio. Durante un acto en Xixona, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y el mencionado Dolón se remitieron a una nota enviada al periódico. El diputado César Sánchez, a cuyo mandato corresponde esta situación y actual secretario de Transparencia de Pablo Casado, sigue callado.

El sistema hasta finales de 2017

El procedimiento que el PP llevaba a cabo para certificar las transferencias que recibía de su grupo en la Diputación durante parte del pasado mandato -concretamente hasta finales de 2017, a la que corresponden estos documentos- consistía en un cheque barrado cuyo destinatario era el propio partido. Emitido el cheque, Eduardo Dolón certificaba que se transfería para actuaciones imputables al grupo pero la gerente del PP, Yolanda Murcia, firmaba el recibí como aportación para la financiación ordinaria del partido.

Rectificación del Partido Popular de Alicante

Acogiéndose al derecho de rectificación, el Partido Popular de Alicante y el grupo popular de la Diputación han remitido al diario INFORMACIÓN la siguiente comunicación: «El Partido Popular de Alicante no desvió fondos de la Diputación en Murcia. El grupo popular ingresó legalmente y acorde a la Ley un importe en la cuenta del Partido Popular de Alicante, cuenta específica de instituciones La Caixa (Caixabank) para Alicante y Murcia, con sede en Murcia».

Práctica habitual en las Cortes y en otras instituciones

La transferencia de los grupos políticos a los partidos es una práctica habitual en las Cortes Valencianas y también en algunos ayuntamientos. En unos se justifica y en otros no. Este sistema de traspasar dinero a las cuentas del partido no supone un incumplimiento de la legalidad y, de hecho, este mecanismo está recogido por el reglamento interno de la Diputación pero cumpliendo la ordenanza sobre el destino del dinero, su justificación y control plenario.