El Ministerio de Hacienda ha introducido unos condicionantes adicionales que endurecen los mecanismos de control y vigilancia sobre los ayuntamientos al borde del abismo financiero que se acojan en 2020 al reparto de los fondos de rescate habilitados por el Gobierno en forma de préstamos a largo plazo. En virtud del acuerdo trasladado a los consistorios, el departamento que dirige María Jesús Montero advierte de que podrá solicitar información en cualquier momento sobre el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, morosidad y control de la deuda, a efectos de llevar un seguimiento a tiempo real del cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y de las medidas prometidas por las entidades locales para reducir deuda, tras los incumplimientos detectados en años anteriores.
En el caso de que no se produzcan reducciones apreciables del periodo medio de pago a proveedores, el Ministerio de Hacienda se reserva la potestad de requerir a la corporación «la justificación de esta circunstancia y su corrección». De no atenderse la advertencia, se aplicarán medidas coercitivas o de cumplimiento forzoso, que pueden acabar en multas.
El ministerio cifra en 341,65 millones el importe total de las necesidades financieras que inicialmente se atenderán a través del Fondo de Financiación de las entidades locales en 2020. La cuantía se ha reducido un 17 % respecto al año pasado. A la inyección pueden acogerse aquellos ayuntamientos por encima del nivel de endeudamiento permitido.
Por contra, la Conselleria de Hacienda y la FVMP reclamaron al ministerio que diera más margen a los ayuntamientos para devolver los préstamos concedidos a través del Fondo de Ordenación con tal de garantizar su complicada sostenibilidad financiera. Sin embargo, el aumento de las medidas de control es la única novedad en el reparto de fondos de 2020.
