06 de marzo de 2020
06.03.2020

Compromís apunta a Eduardo Dolón y mantiene su batalla en los tribunales

Gerard Fullana exige a Mazón la destitución del diputado de Economía y pedirá que el también presidente provincial del PP declare en el juzgado junto a la gerente

06.03.2020 | 07:37
Gerard Fullana en una imagen de archivo

«Es más necesario que nunca que se justifique el dinero», reitera la coalición

Los ataques de Compromís al PP en la Diputación por las asignaciones de dinero que ingresaron los populares desde el Palacio Provincial durante el mandato anterior y que siguen sin justificarse, ya no solo se quedan en una escalada verbal. La batalla es judicial. El diputado Gerard Fullana ha solicitado en el Juzgado la comparecencia de la gerente provincial del PP, Yolanda Murcia, y del presidente provincial del partido, Eduardo Dolón. Pidió la dimisión de este último al considerar que cualquier cargo público que haya firmado los documentos que podrían incurrir en falsedad documental, «debería abandonar el cargo que ostenta». En su opinión, el primero que debe dimitir es Eduardo Dolón. Compromís mantendrá la hoja de ruta con la interposición de un contencioso sin descartar, en ningún caso, acudir a la vía penal.

Gerard Fullana acusó ayer al PP de mentir a la Intervención durante un año y medio e indicó que lleva 25 años usando la institución provincial «como una extensión del partido», refiriéndose al caso Brugal y a Fitur. También dirigió sus críticas a Carlos Mazón y le exigió que entregue las justificaciones por los gastos del grupo. Indicó que la sucursal de Murcia a la que se transfirieron esos 124.000 euros podría tratarse de una cuenta para que «decidiera Génova» el destino de esas cantidades.

Para Fullana, el caso podría transformarse «en una presunta financiación irregular del PP de Pablo Casado» y sostuvo que la Diputación solo puede financiar cuestiones vinculadas a la acción de los grupos políticos provinciales. El diputado defendió que ahora «es más necesario que nunca» que el PP presente las justificaciones por los 446.000 euros que están en duda: «Es la manera de saber si se está cumpliendo la ordenanza y si están cumpliendo la ley».

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