Unos pretendían «tocar la fibra a la ministra Teresa Ribera» y otros demostrar que estamos «todos a una», pero lo cierto es que de las Cortes Valencianas salió ayer una postura unánime a favor del trasvase Tajo-Segura... y en contra de las intenciones del Gobierno central de elevar el caudal ecológico del río. Esta última medida mermaría la cantidad de agua que se destina al trasvase que permite mantener vivos a los campos alicantinos. Una moción del PP, transaccionada por Vox, logró el apoyo tanto de los grupos del Botànic II (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) como del resto de la oposición (Ciudadanos). De este modo, las Cortes acordaron por unanimidad instar al Consell a que exija al Gobierno que revise a la baja los caudales ecológicos considerados «excesivos» del Tajo-Segura en los planes hidrológicos del trasvase, así como destinar más fondos para el uso de agua desalada en el campo de Alicante para defender los intereses y particularidades de los productores valencianos.
Esta propuesta debe formar parte de las alegaciones que presentará la consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), al esquema provisional de la demarcación hidrográfica del Tajo, en exposición pública desde enero de 2019. En concreto, la moción pide al Gobierno valenciano que presente alegaciones basadas en criterios técnicos y ajustados a la normativa contra los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera (Castilla-La Mancha). Si convertimos esas medidas en cifras, desde hace meses se baraja un aumento del caudal mínimo ecológico del Tajo a su paso por poblaciones manchegas de 6,3 a 8 metros cúbicos (hm3) por segundo, un incremento que recortará notablemente, en unos 80 hectómetros cúbicos, el agua destinado a trasvase y al regadío.
Al mismo tiempo, en la moción defendida por el diputado alicantino del PP, José Ciscar, se exige al Gobierno que ponga en marcha mecanismos económico-financieros para que el agua desalada destinada para agricultura y abastecimiento en Alicante, no supere los 33 céntimos por metro cúbico. En la actualidad se están pagando unos 60 céntimos por metro cúbico lo que supondría rebajar prácticamente a la mitad el precio del preciado líquido.
«Desproporcionado y abusivo»
Para el portavoz de Agua del PP, José Císcar, los caudales ecológicos recogidos en el documento denominado Esquema Provisional de Temas Importantes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo son «desproporcionados y abusivos». Císcar afirmó que si estos caudales entran en vigor, «constituirían un riesgo objetivo importante para la continuidad del trasvase Tajo-Segura», expuso el diputado.
Por parte del Partido Socialista intervino otro diputado alicantino, Manuel Pineda. El también alcalde de Rafal defendió que la Generalitat cuenta con «el apoyo del Gobierno» y coincidió en la necesidad de revisar los caudales ecológicos a la baja, «pero en base a criterios ecológicos y jurídicos». Para evitar dudas, Pineda recordó que el presidente Ximo Puig dijo que el trasvase es «irrenunciable». Compromís respaldó la línea de su consellera, Mireia Mollà, responsable de Agricultura en el Consell, y abogó por «ir más allá» y dar respuestas al sur de Alicante ante el cambio climático. Más tibia fue la postura de Podemos, que defiende caminar hacia una menor dependencia de los trasvases. Observaciones al margen, ayer hubo consenso en las Cortes.
Un debate con «tarados, alocados y desnortados»
Al inicio del pleno celebrado ayer, que proseguirá hoy con la comparecencia del presidente Puig, se vivió un enfrentamiento dialéctico elevado de tono. Ferran Martínez (Podemos) habló de la existencia de una «derecha tarada y desnortada». Toni Cantó (Cs) reprochó al presidente de las Cortes, Enric Morera, que no haya llamado al orden a Martínez, mientras Manolo Mata (PSPV) apuntó que una de las acepciones de «tarada» según la RAE es «alocada».
