Proporcionalidad, adecuación y exigencia. Estas son las tres palabras que marcan el rumbo de la aplicación del requisito lingüístico en la administración autonómica, que debe ponerse en marcha desde mediados de la presente legislatura. Entre otros objetivos, la Ley de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, cuyo borrador ya ha superado el visto bueno del Consell y que está pendiente de comenzar a ser tramitada en las Cortes, pretende que cualquier ciudadano pueda ser atendido en el conjunto de la administración autonómica en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad, el castellano y el valenciano, considerada además como «lengua propia» por el Estatut d'Autonomia. Un derecho para unos y deber para otros que se aplicará según determine un reglamento encargado de desarrollar el nuevo sistema.
Después de acumular mucho retraso, con una ingente labor administrativa por delante y con intereses cruzados de partidos políticos a favor y en contra de esta norma, son los funcionarios valencianos, los más de 123.000 efectivos de la administración autonómica los primeros que deben asumir su nuevo rol, especialmente los cerca de 42.000 empleados públicos que forman parte de las consellerias y sus organismos autónomos en la provincia de Alicante. De salida, su conocimiento del valenciano, acreditado con títulos o demostrado en el uso diario está a gran distancia de sus compañeros laborales de Valencia y, sobre todo, de Castellón. Es más, si la media de uso en el conjunto de la Comunidad baja varias décimas es porque el funcionariado alicantino está en el furgón de cola y a bastante distancia del resto de empleados.
El Consell defiende desde hace meses que el nivel de competencia de los funcionarios es muy alto. La última encuesta sobre el uso del valenciano en la administración de la Generalitat, con datos hechos públicos en 2017, asegura que el 87,4% del personal tiene alguna acreditación en conocimientos del valenciano, una cifra elevada que no tiene traslación posible si la comparamos con el uso real que se hace de esta lengua en el ámbito laboral, especialmente entre los funcionarios autonómicos alicantinos. El dato más revelador de esta consulta asegura que, si un ciudadano se dirige al trabajador en valenciano, el 50% del personal de las consellerias que trabaja en Alicante contesta en ese mismo idioma y la otra mitad lo hace en castellano. Si la consulta es por escrito, el porcentaje de atenderle en la misma lengua todavía es inferior. El Estatut d'Autonomia, como se recordará, establece que la tramitación administrativa de cualquier comunicación se debe hacer en el idioma que use el ciudadano.
Las últimas cifras de hablantes del valenciano en la provincia ofrecen datos muy extremos según se trate de comarcas castellano o valenciano parlantes. Los usuarios van desde el 77% que lo sabe hablar y el 52% que lo sabe escribir en la Marina Alta o L'Alcoià al 15% que lo habla en el Alto Vinalopó o la Vega Baja, donde lo escribe el 11% de la población. En este sentido, si lo comparamos con que la mitad de los funcionarios te atiende en valenciano si así lo deseas, los más optimistas pueden estar satisfechos. El problema es que ahora existe una ley que desarrolla otro mandato del Estatut d'Autonomia (Artículo 6.6: La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la enseñanza), una normativa legal gestada a medias por dos socios del Botànic que, por un lado, el de Compromís, va a «exigir» un nivel que se acreditará con un informe de la Dirección General de Política Lingüística, y por otro lado, el del PSPV-PSOE, se garantiza que se respetarán los principios de «proporcionalidad» y «adecuación» a las funciones correspondientes de cada funcionario. Incluidos, como no, los alicantinos.
Dando por hecho la tensión con la que PSPV y Compromís han sacado adelante este proyecto de ley y que el tercer socio, Unidas Podemos también es partidario de promover el consenso y la flexibilidad a la hora de adaptar la ley, es evidente que existe una oposición frontal de los tres partidos de derecha. Lo primero que proponen el PP, Cs y Vox es cambiar «requisito» por «mérito», mensaje repetido en todos los foros, desde mítines electorales hasta parlamentos con el objetivo de atraer a «los mejores profesionales» con independencia de la lengua en la que se comuniquen. Y a buen seguro, las discrepancias entre izquierda y derecha irán a más cuando se empiece a elaborar un reglamento que se «escapará del control de las Cortes», aseguran desde el PP.
Este conflicto no se reduce si lo trasladamos a la esfera de los agentes sociales. El primer colectivo que lleva años a favor de la normalización lingüística y que ahora ha mostrado sus críticas a la manera de desarrollar este proceso es Escola Valenciana. Para su gerente, Francesc Felipe, «el requisito debe estar articulado en la ley, no en el reglamento posterior. Mientras no haya reglamento, el requisito no se aplicará y su aplicación dependerá de un reglamento que no existe y no conocemos todavía». A estas dudas se une la demanda expresada por Escola sobre que el funcionario que se encuentre en atención al público «tiene que tener un buen nivel». Felipe no entra a concretar el grado del título debe tener en posesión el trabajador ya que considera que «el nivel que se determine es menos importante que se garantice que se atienda en valenciano a una persona que se dirija a la administración».
Desde Escola Valenciana, se habla de «anomalía» y no entienden «como los grupos de la oposición tienen esa beligerancia para que se aplique la competencia» ya que «la sociedad civil tiene que evolucionar». Francesc Felipe considera que después de 40 años, el desarrollo del Estatut d'Autonomia «no está como en otras comunidades», y como prueba recuerda que «la competencia lingüística en la lengua oficial y propia» es un hecho que hace ya décadas que se aplica en otros territorios tanto de nuestra comunidad lingüística (Cataluña y las Islas Baleares), como de fuera (Galicia y el País Vasco).
Desde otro punto de vista, CSIF es la única fuerza sindical, presente en la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat Valenciana, que rechazado el requisito. La presidenta autonómica del sindicato, Alicia Torres entiende que el valenciano debe ser «un mérito en la función pública, no una exigencia a priori que en lugar de fomentar el conocimiento del idioma, provoque una pérdida de derechos y la imposibilidad de consolidar, promocionar, participar en procesos de movilidad o reingresar al carecer de dicho elemento». El CSIF se pone al otro lado del mostrador y apela al derecho que la Constitución otorga a los empleados públicos a hacer uso de cualquiera de las lenguas oficiales. «Ese derecho de la ciudadanía a tener los empleados públicos mejor cualificados está por encima de los intereses partidistas utilizados para crear un sesgo diferenciador entre una lengua y otra», añade Torres.
Si nos vamos al ámbito de la docencia, la jefa del departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante, Marinela Garcia, es de la opinión de que «la Ley de Función Pública supone la garantía de la utilización y la conservación del valenciano en la administración». Para esta profesora de la UA, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, aprobada hace 37 años, es de «ús» y de «ensenyament» Por este motivo, generalizar el uso del valenciano «es una prioridad, sin forzar, ni acusar a nadie de falta de conocimiento. Se debe entender como una voluntad , como un ejercicio para que convivan dos lenguas». En este sentido, Garcia no teme una reacción contraria del funcionariado. «Espero que los funcionarios reaccionen bien porque es una cuestión necesaria, que se debe aplicar con conocimiento y calma. Hay empleados cercanos a la jubilación a los que les será más complicado, que les puede dar hasta pereza, pero todo debe ser más natural», confía. Marinela Garcia tiene muy claro que si una persona accede a la administración pública «debe demostrar un mínimo nivel lingüístico valenciano», que ella establece en el nivel C1 (el «mitjà») por la que el funcionario «demuestre una capacidad de entendimiento y comprensión, con cierta naturalidad, con la persona que tiene delante».
Y llegados a este punto, da igual que se hable de empleados de la administración, acostumbrados a hacer trámites con la ciudadanía, personal sanitario o técnicos del departamento jurídico. «En Sanidad es fundamental que se hable valenciano, especialmente en los médicos de atención primaria», asegura Garcia, partidaria de que los MIR (Médico Interno Residente), vengan de donde vengan, «después los estudios tan exigentes que deben superar, no es tan problemático tener unos conocimientos mínimos de las lenguas oficiales de donde están trabajando». Esta profesora alicantina, que eligió a su médico de cabecera entre los facultativos de su ambulatorio que hablaban valenciano, narra como sus abuelos, nacidos en el Camp d'Alacant, «no sabían hablar en castellano y tenían serias dificultades cuando iban al médico». Para Garcia, «el dolor y los sentimientos se expresan en la lengua materna». Una lengua con pasado que quiere tener futuro.
