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Toni Cantó ataca al PP por los ingresos de dinero de la Diputación para financiarse: «Es corrupción»

El líder autonómico de Ciudadanos tensa la cuerda contra sus socios y abre una brecha por la asignación de casi medio millón de euros sin justificar de la época de César Sánchez

Toni Cantó y Carlos Mazón firmando su pacto de gobierno para la Diputación. matías segarra

Toni Cantó abrió ayer una vía crítica contra sus socios de gobierno del PP en la Diputación. Sin tapujos. El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana fue rotundo al incluir en la red de corrupción de los populares la gestión de la Diputación en lo relativo a la falta de justificación de las transferencias de casi medio millón de euros a las arcas del partido en la etapa de César Sánchez al frente del Palacio Provincial. A través de su cuenta en Twitter, Cantó fue tajante al recordar que el PP de Alicante recibió 43.000 euros de fondos públicos procedentes del Palacio Provincial diez días antes del mitin de Rajoy en Torrevieja en 2016 para añadir: «Es increíble el daño que ha hecho su corrupción (en alusión al PP) a la Comunidad Valenciana y la del PSOE a Andalucía». Carga de gran profundidad.

Con estas acusaciones, el síndic naranja en las Cortes fue un paso más lejos incluso que Compromís a la hora de hablar de «corrupción por parte del PP en Alicante». Fue el actual presidente provincial y portavoz en la Diputación Eduardo Dolón quien firmó los informes para certificar la legalidad de estas transferencias y la gerente, Yolanda Murcia, la que ratificó que, efectivamente, ese dinero fue para gastos ordinarios del PP. Ciudadanos, que sostiene a los populares en el Palacio Provincial gracias al pacto firmado en junio en Elche, pone así en tela de juicio la gestión de Dolón y, por ende, del máximo responsable de la Diputación, Carlos Mazón, por no haberle pedido explicaciones.

El comentario publicado por Toni Cantó abrió un debate en redes sociales en el que muchos internautas le reprocharon que Ciudadanos le dio la posibilidad a Mazón de retener la Diputación y criticaron que, pese a ese ataque, las dos fuerzas sigan juntas. Mientras el síndic parlamentario elevaba la tensión en las redes y fuentes de su entorno ratificaban esa postura, los diputados de Ciudadanos en el Palacio Provincial preferían la prudencia para evitar el conflicto generado después de que Compromís haya presentado una demanda judicial en la que reclama al PP la devolución de 446.000 euros transferidos desde 2015 al partido por el grupo político provincial.

Los diputados de Ciudadanos se echaron a un lado del tablero y trataron de autoexcluirse de la partida, asegurando que estas transferencias son cuestiones del pasado y que su objetivo ahora es aportar más transparencia a la institución. Creen que esta no es su batalla pero, en cualquier cosa, tampoco defendieron a sus socios. El diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos en el Palacio Provincial, Javier Gutiérrez, quiso ser prudente y recordó su apoyo a la iniciativa de Compromís para mejorar el reglamento para la justificación de los gastos mediante una memoria detallada y una hoja de cálculo. «Equidad para todos. No estamos en el mandato anterior. Vamos a respetar las decisiones de la justicia. Es un tema del PP y son ellos quien lo deben explicar. No formamos parte de esto», dijo. No defienden al PP y, además, les reclaman explicaciones. Después de que el tuit de Cantó corriera como la pólvora por el Palacio Provincial, el líderde Ciudadanos reiteró que gobierna con el PP pero «siempre» con el objetivo de garantizar medidas de transparencia y sin «maquillar» la realidad.

Esta batalla judicial emprendida por Compromís, que ya ha tenido repercusión autonómica, contó con un nuevo episodio en la escena provincia al apuntar Gerard Fullana contra Carlos Mazón. Registró una petición para acceder a la contabilidad aportada por los grupos políticos desde 2007 a 2015, periodo que abarca las presidencias de José Joaquín Ripoll, con el que Mazón fue diputado, y Luisa Pastor. «Pedimos al presidente de la Diputación que exija las facturas para saber si se cumple o no la ordenanza. Si todo es correcto, ¿qué miedo tienen?», dijo Fullana. Por su parte, Carlos Mazón guardó silencio y prefirió no volver a opinar sobre este asunto.

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