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Del pacto a la amenaza judicial entre el PP y Compromís en la Diputación

Las transferencias alimentan un frente que preocupa al equipo de Carlos Mazón y que intenta explotar al máximo Gerard Fullana

El presidente Carlos Mazón y el portavoz de Compromís Gerard Fullana en el Palacio Provincial. jose navarro

La relación entre el PP y Compromís en la Diputación de Alicante ha llegado a un punto de difícil retorno. El documento firmado, en su día, entre el presidente Carlos Mazón y el diputado Gerard Fullana para pactar el presupuesto de la institución provincial ha quedado en papel mojado. Fue casi una mera cortesía. Dos meses después de aquel 27 de diciembre, la tregua ya se ha quedado en la irrelevancia y las dos fuerzas han vuelto a evidenciar que se sitúan en las antípodas ideológicas. El motivo del conflicto ha sido las transferencias de las asignaciones que recibe el PP en la Diputación a las cuentas del partido para los gastos ordinarios, como admite en diferentes certificados la gerente provincial, Yolanda Murcia. Por si fuera poco el cruce de mensajes y acusaciones de los últimos días, ahora los portavoces se lanzan a la amenaza judicial, incluso por la vía penal. Fullana ha terminado por abrir una brecha a cuenta del mandato de César Sánchez que al actual equipo de gobierno le preocupa.

Durante meses, Mazón ha intentado evidenciar con Ximo Puig que el diálogo entre partidos con distinto color político era viable. Las fluidas conversaciones con Fullana y también con Mónica Oltra le avalaban. Sin embargo, el diputado de Compromís ha dado un golpe de efecto esta misma semana al anunciar que no cesará en su propósito de aclarar en qué se gastó la dirección provincial del PP casi medio millón de euros que recibió como asignación a su grupo en el Palacio Provincial y que fue a parar a las cuentas del partido. No hay ni una factura que lo justifique. Nada es casual. Gerard Fullana ha tratado de romper el guion establecido por el bipartidismo durante los mandatos anteriores a la hora de que se acrediten esos gastos y, a la vez, intenta marcar distancias con el PP.

La coalición de izquierdas ha presentado una demanda en al Tribunal Contencioso-Administrativo y exige al actual presidente provincial del PP y diputado, Eduardo Dolón, que comparezca ante los Juzgados para justificar los ingresos recibidos. Más allá de responsabilizar a César Sánchez, Compromís quiere desgastar a Carlos Mazón. Además, reclama al PP devolver los 446.000 euros transferidos desde 2015 después de las contradicciones entre la gerencia del partido y el citado Dolón, a la hora de justificar de acuerdo con la ley los diferentes ingresos.

Al conocer la formalización de esta demanda, Mazón ha intentado sortear los vaivenes que le genera el combativo Fullana en el Palacio Provincial. El presidente instó al grupo de Compromís a «avanzar en acuerdos, en puntos en común y no tanto a acudir a los juzgados como cuestión ideológica o electoral». Sin embargo, ayer fue el propio Eduardo Dolón el que tuvo que dar un paso adelante. Amenazó a Fullana con ir a los tribunales e incluso emprender acciones penales, para defender el honor y la imagen pública «que de manera tan torpe y tan infundada está lesionando Compromís». Y, en segundo lugar, quiso dejar claro que todos los grupos en la Diputación reciben asignaciones para su funcionamiento y que también Compromís percibe fondos de todas las instituciones en las que participa. Eduardo Dolón no hizo referencia al hecho de que la gerente provincial del PP, Yolanda Murcia, reconociera transferencias a lo largo de dos años por 251.623 euros contradiciendo los propios informes del entonces vicepresidente primero y ahora diputado.

Ayer simplemente se limitó a recordar que tanto la ley orgánica de financiación de los partidos políticos como la normativa interna de la Diputación les permite recibir aportaciones de sus respectivos grupos institucionales. Pero no hizo ni una referencia a la justificación de los gastos, que sigue sin realizarse. Eduardo Dolón elevó todavía más la tensión al informar de los «reparos» que ha tenido Compromís en diversas partidas sometidas a fiscalización, «por indebida justificación de los gastos realizados». Este diario ha tenido acceso, efectivamente a esas «deficiencias» mencionadas por el diputado del PP, entre las que se encuentra un recibo por la cantidad de 9,30 euros para dos bocatas de calamares durante la feria Fitur de 2018.

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