En una semana marcada por el nuevo impulso que las Cortes han dado a la exigencia de disponer de un nuevo modelo de financiación autonómica antes de ocho meses, tal y como especifica el pacto de investidura de Pedro Sánchez, pero sin una fecha concreta para volverse a sentar en la misma mesa para tratar la gran demanda de la Generalitat frente al Gobierno central, del pleno del Consell celebrado ayer en la ciudad de Alicante pocas consecuencias se pueden extraer. Salvo, eso sí, que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se despachó a gusto con el Ayuntamiento de Alicante por los enormes retrasos acumulados con la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión.
Entre adhesiones al Día Mundial de la Justicia Social, nombramientos en el Consejo Valenciano del Cooperativismo y acuerdos con el Instituto de Tecnología Agrupecuaria de Argentina parece que Mónica Oltra estaba esperando la pregunta sobre las críticas de la Plataforma de Afectados por el Caos en la Renta Valenciana de Inclusión, que esta semana ha puesto a caldo a la Conselleria por sufrir demoras que se acercan a los 15 meses en el cobro de esta ayuda de subsistencia. La vicepresidenta y responsable de la política social del Consell se basó en datos para acusar al Ayuntamiento que dirige Luis Barcala de ser el causante del retraso, al tiempo que afirmó que el gobierno local alicantino incumple la ley.
Según Oltra, el Ayuntamiento de Alicante tarda más de 6 meses de media en tramitar la renta valenciana de inclusión, «más del doble de los tres meses que marca la ley», mientras la Generalitat los resuelve en unos dos meses, «un mes por debajo del plazo». Con un tajante «estas son las cifras y esta es la realidad», la vicepresidenta pasó el ataque y contrarrestó las críticas recibidas, esgrimiendo además que los retrasos no se deben a la falta de fondos que el Botànic ha destinado a este cometido social. Mónica Oltra destacó que la Generalitat ha pasado de financiar al Ayuntamiento de Alicante el personal de los equipos base de servicios sociales con 389.000 euros en el año 2015 a los 3 millones de euros actuales, lo que supone multiplicar por ocho la financiación a ese Consistorio para que contrate personal para los servicios sociales.
De 17 profesionales se llegará este año a 117, cien más que cuando se empezó a gestionar este sistema con el PP en el Gobierno autonómico, como se encargó de recordar ayer la propia vicepresidenta Oltra. Mientras tanto, casi a la misma hora, el presidente Ximo Puig se reunía con el alcalde Luis Barcala en el Ayuntamiento de la ciudad, con recepción ofrecida por casi toda la corporación municipal y con un «buen clima de entendimiento» entre ambas partes aunque a unos metros de distancia, Mónica Oltra se sacudía las acusaciones recibidas por los afectados por la renta de inclusión.
La respuesta de Oltra fue instantánea, sobre todo después de confirmar un retraso en el trámite de las ayudas que prepara la Conselleria de Agricultura, dirigida por Mireia Mollà, que ayer no pudieron recibir el visto bueno del Consell porque el expediente no llegó a tiempo. Oltra alegó que el motivo de aparcar estas ayudas, valoradas en 20 millones de euros, fue «una cuestión técnica» al no estar incorporada en la documentación el informe de la Intervención General de la Generalitat. Fuentes de la conselleria de Agricultura confirmaron ayer que, además de este informe imprescindible está aún pendiente definir el peritaje necesario para poder solicitar las ayudas. Otro frente abierto donde el Consell, una vez más a la defensiva en Alicante, no se pudo marcar un tanto.
Quinta reunión en la provincia en ocho meses de mandato
En ocho meses de legislatura el Consell ya se ha reunido en la provincia de Alicante en cinco ocasiones, tres de ellas en la capital, otra en Orihuela, unas semanas después de la gota fría que asoló la Vega Baja el septiembre pasado, y a primeros de febrero en Xàbia, localidad de la Marina Baixa también afectada por la tormenta Gloria. Sin embargo entre los asuntos abordados ayer por todos los conselleres desplazados hasta la sede de la Generalitat en la Casa de las Brujas -el pleno contó con la ausencia del vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, que debía estar presente en un tribunal universitario en la misma mañana-, se han abordado numerosos asuntos de ámbito más autonómico que provincial, muchos de ellos de cierto trámite. Sin embargo, la agenda de la jornada se completó con la reunión que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mantuvieron en el consistorio tras la celebración del pleno del Gobierno autonómico.
