Donde dijo noviembre, dijo septiembre. Todo escribano tiene un borrón y rectificar es de sabios. Valen muchas frases hechas para explicar el aplauso unánime de los partidos del Consell del Botànic a la hoja de trabajo expuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pesar de un desliz inicial. Dijo la tarde del jueves en el Congreso de los Diputados que la reforma del sistema de financiación autonómica era una de sus prioridades y que confiaba en tener un «esqueleto» del nuevo modelo en noviembre.

Saltaron las alarmas, porque lo pactado con Compromís para tener el voto de su diputado en la investidura de Pedro Sánchez era una propuesta de nuevo sistema de distribución de recursos entre las autonomías en ocho meses desde la constitución del Gobierno. Eso significa que debería estar en septiembre. Joan Baldoví se lo recordó a la ministra y esta rectificó en su segunda intervención. Habló ya de esas líneas maestras en «otoño» y los valencianistas lo dan por bueno, entienden que estará en septiembre.

Baldoví aplaudió ayer el plan de trabajo expuesto por la exconsellera andaluza: «Celebramos que la ministra rectificara y dijera de manera clara y diáfana que iba a cumplir los acuerdos con Compromís». El calendario es importante, pero no lo es todo, y el diputado subrayó asimismo que la ministra hablara de «mecanismos temporales de compensación para las comunidades que más sufren la falta de un nuevo modelo» de financiación.

A Baldoví le gustó también que Montero remarcara en su intervención que en los Presupuestos del Estado de 2020 la inversión territorializada respetará el peso poblacional de la Comunidad Valenciana. Es lo que figura en la última reforma del Estatut d'Autonomia, aprobada en 2019 en el Congreso de los Diputados. El proyecto de cuentas de 2019, rechazado en fase parlamentaria, ya cumplía con ese precepto.

Los grupos del Consell respaldaron ayer de forma unánime los planes de la ministra. El PSPV quitó hierro a la fecha del primer esbozo y se centró en el hecho de que por vez primera hay un calendario firme para un sistema caducado desde 2014.

«Lo importante» es que «este año» se empiece a hablar del esqueleto del nuevo sistema y que «ese esqueleto lleve adosada carne». «Que sea una semana antes o después, el compromiso es que eran ocho meses», dijo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Tanto el líder del PSPV como el secretario de Organización, José Muñoz, pusieron énfasis en el objetivo marcado por Montero de trabajar por una armonización fiscal entre autonomías. Los socialistas valencianos han hecho de este asunto uno de los ejes de su discurso. El dumping fiscal «afecta especialmente a la Comunidad Valenciana frente a Madrid que, aprovechando su efecto de capitalidad, rebaja impuestos». «Muchas empresas están cambiando el domicilio fiscal hacia Madrid y son las clases trabajadoras las que terminan pagando los efectos», dijo Muñoz. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, también subrayó la importancia de esta línea de trabajo.

El coordinador de Unides Podem en las Cortes Valencianas, Ferran Martínez, incidió en la misma línea del dumping y remató: «Es un paso adelante y un cambio importante de sensibilidad para acometer retos».