La Fiscalía Anticorrupción de València eleva a 11 millones de euros el daño ocasionado por la trama de Eduardo Zaplana a la Generalitat Valenciana y ha pedido al juzgado que abra una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar que el dinero vuelva a la Administración en el supuesto de que el caso acabe en condena.

La cifra y la petición constan en una resolución de la Audiencia Provincial de València a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, y en la que la sección quinta rechaza entregar al exjefe del Consell una serie de bienes y propiedades que siguen decomisados a la espera de que la investigación avance.

No obstante, la resolución recoge que la jueza no ha considerado necesario proceder a la apertura de una pieza de responsabilidad civil «por importe de 11 millones de euros, como solicita el Ministerio Fiscal para garantizar en su caso las responsabilidades civiles derivadas de los hechos objeto de este procedimiento».

La responsabilidad civil busca cubrir los daños generados a terceros por la comisión de un delito. La investigación que dirige el juzgado de Instrucción 8 de València indaga en la relación causa-efecto entre los daños sufridos y la actuación de la presunta organización criminal que el sumario del caso Erial atribuye a Zaplana y sus colaboradores. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibujan una presunta actividad delictiva vinculada al exministro de Trabajo que habría acumulado cerca de 20 millones de euros en 20 años a la sombra del PP.

Respaldo a la jueza

La Audiencia de València ha validado cada una de las decisiones que ha tomado la jueza Isabel Rodríguez en esta investigación. Pese a que ha rechazado abrir una pieza de responsabilidad civil a la espera de concretar los daños causados a terceros, la magistrada mantiene los comisos y la Audiencia ha ratificado su decisión.

Desde el mismo momento en el que se practicaron las detenciones, el juzgado ha prohibido a los investigados disfrutar de su patrimonio al considerar que se obtuvo con dinero de procedencia ilícita. En este sentido, según consta en el sumario, cuatro días antes del estallido de la operación Erial, desarrollada simultáneamente en varias ciudades españolas el 22 de mayo de 2018, el juzgado libró los mandamientos a los correspondientes Registros de la Propiedad con el fin de que se llevaran a cabo las anotaciones preventivas de la prohibición de gravar, enajenar y disponer de una serie de bienes.

Según traslada la Audiencia a la defensa de Zaplana en auto dictado en 2018, las medidas cautelares adoptadas en un procedimiento penal son modificables por su propia naturaleza, en atención al devenir de las circunstancias y resultado de la investigación. Pero recuerda que «el mantenimiento o no de la medida cautelar no depende tanto de los perjuicios que la misma pueda causar a un investigado (los cuales resultan innegables y van irremediablemente anudados a las limitaciones derivadas de la sujeción a un procedimiento penal), sino del mantenimiento de las circunstancias que justificaron su adopción», es decir, los presuntos delitos cometidos por la organización de Zaplana.

El juzgado retomará el próximo mes de marzo la ronda de interrogatorios a los principales investigados. Tras cuatro meses de tregua para las defensas, la magistrada Isabel Rodríguez Guerola ha citado a declarar a Juan Cotino y Vicente Cotino (tío y sobrino) el día 31 de marzo.

También ha sido citado el mismo día como imputado el expresidente de la Generalitat y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas, que ha acabado implicado en el caso Erial por la comisión de 580.000 euros que le pagó a Vicente Cotino por «mediar» en la venta de acciones de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, en la que participaba Sedesa Inversiones y por la que tanto Vicente Cotino como Olivas fueron condenados por el Juzgado de lo Penal 6 de València.

Las fotos del yate de lujo para «repartir comisiones y cubatas»

Exhibiendo una serie de fotografías del barco «Franjack», el síndic de Compromís, Fran Ferri, mostró ayer su rechazo al «pelotazo de las ITV, los maletines llenos de billetes cuando Cotino dirigía la Policía o las cervecitas en alta mar por el Adriático o el Egeo». En esas imágenes se veían yates con solárium porque «a algunos les gustaba tomar mucho el sol» o «el salón del cubateo donde se repartían las comisiones». Para el diputado de Compromís, «no existen las casualidades: el gobierno estaba cubierto de corrupción. Los valencianos hemos pagado de nuestro bolsillo vuestra fiesta para que amiguitos suyos hicieran el negocio del siglo», criticó el síndic dirigiéndose a la bancada popular.

El Consell se personará en Erial y encarga un estudio para cambiar la gestión de las ITV

La Abogacía ya trabaja para recuperar lo «robado» y Economía quiere abaratar la Inspección de Vehículos

La Abogacía de la Generalitat se personará en el caso Erial, donde se encuentra investigado el expresidente del PP Eduardo Zaplana por «el daño evidente para las arcas públicas», tras levantarse el secreto de sumario la semana pasada. El jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, anunció ayer en sede parlamentaria que los valencianos «agotaremos todos los recursos para llegar hasta el final y conseguir la recuperación máxima del dinero, es nuestra responsabilidad». De esta manera, el Botànic sigue la línea ya iniciada por la Abogacía en otros casos de corrupción que se remontan a la etapa del PP en el Consell.

Puig se comprometió de esta manera en la sesión de control de las Cortes ante la pregunta de Compromís sobre cómo valora la corrupción en torno a la privatización fraudulenta de las ITV realizada por el PP en 1997 y cuál es la hoja de ruta para «recuperar el dinero robado». El jefe del Consell avanzó que la Conselleria de Economía ha encargado un estudio para definir el nuevo modelo de las ITV en la Comunidad, analizando el coste y el servicio cuando se produzca la liquidación del contrato, y también para mejorar la calidad de las adjudicaciones, con vistas a retirar la prueba de sonido y reducir el coste.

Más allá de Erial, Puig señaló que la oficina de recuperación de activos de la Generalitat ha devuelto a las arcas públicas hasta 6 millones procedentes de 18 asuntos diferentes. «Dinero que viene de casos como Terra Mítica, Emarsa, Cooperación o Fitur», destacó el presidente, que resaltó que el juzgado que instruye Erial ha confiscado 11 millones entre propiedades embargadas y 6,3 millones en efectivo.