Un nuevo modelo de financiación en ocho meses, devolver la mensualidad impagada del IVA, un reparto de inversiones del Estado ajustado a la población y regular la deuda histórica. Cuatro medidas incluidas en la proposición no de ley aprobada ayer por las Cortes sin el apoyo del Partido Popular. Los diputados del PP decidieron quedarse al margen de una propuesta de los socios del Botànic y se abstuvieron frente a los parlamentarios de Ciudadanos que dieron su «sí» al aceptarse una enmienda que acotaba el plazo concedido para disponer de ese nuevo modelo de financiación. Rompió el PP la unidad sobre este asunto clave en la agenda política valenciana después de treinta resoluciones unánimes. La ultraderecha votó en contra.
Tras unos días donde el consenso a la hora de reclamar una financiación adecuada se ha visto en contadas ocasiones -salvo la comisión mixta Consell-Cortes de donde el conseller de Hacienda, Vicent Soler salió con el apoyo de todos los grupos para trasladar una propuesta común al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Gobierno-, el pleno de las Cortes no fue otra «excepción» de acuerdo. Sin embargo, esta vez, no toda la derecha se plantó frente al Botànic. Tanto el PP como Cs presentaron una enmienda como prueba de su interés por aceptar la propuesta oficial, pero a los primeros no se les aceptó y se desmarcaron del pacto en una falta de visión que no se corresponde con un partido de gobierno. Y los segundos sí completaron su apoyo hasta participar de la firma final.
En concreto, el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos rechazaron la enmienda del PP para que el Consell solicitara en un máximo de quince días un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico para el cambio de modelo y que, mientras se reforma el sistema, los mecanismos de compensación que reclama el Gobierno valenciano tengan una dotación de 1.325 millones de euros anuales, la cifra reivindicativa que demanda el Consell para llegar a la media de financiación que reciben las comunidades autónomas. Con un CPFF pendiente de convocar en próximas fechas, la petición del PP no se tuvo en cuenta, por lo que, o aceptaban la propuesta inicial -con la salvedad de concretar un plazo no superior a ocho meses para disponer de un nuevo modelo de financiación-, o se quedaban al margen de la iniciativa. Esa fue la opción que finalmente tomaron los diputados del PP.
El cambio en el texto inicial, al delimitar ocho meses -y no seis, ni diez, ni un año-, va en consonancia con el periodo de tiempo establecido por Compromís y el PSOE para que el diputado en el Congreso, Joan Baldoví diera su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un plazo que ya está en marcha y que finaliza en septiembre con el que se concretó algo más la petición de reforma «inmediata» del sistema de financiación, una inmediatez de la que se lleva hablando años y que ayer se decidió acotar en el tiempo, en línea con el compromiso adquirido en su día por el presidente del Gobierno con Compromís, que todo el Botànic ha hecho suyo.
Junto a la delimitación temporal, se solicita un modelo con «los recursos suficientes y repartidos equitativamente» entre todas las autonomías, para garantizar una «financiación justa y constitucional para los valencianos». Asimismo, el texto reivindican mecanismos temporales de compensación hasta que esa reforma no se produzca; la liberación de los anticipos de financiación de la tramitación de los próximos presupuestos del Estado y devolver la mensualidad del IVA de 2017; un reparto de las inversiones estatales y una ejecución que acabe con el déficit inversor de la Comunidad Valenciana; así como reconocer la deuda acumulado desde los años 80 que se transfirieron las competencias a la región.
La alicantina Aitana Mas, encargada de defender la propuesta
La propuesta sobre financiación e inversiones del Estado presentada de manera conjunta por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos fue defendida por la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas. La parlamentaria de Crevillent abogó en la tribuna por «huir de partidismos y apostar por el consenso», porque la financiación es «un problema de primer orden» en el que todos deben hacer un esfuerzo, pues la ciudadanía espera de sus diputados «generosidad, pero también política útil». Mas reconoció que la salida ofrecida por el Gobierno «no es suficiente», y de hecho, la calificó de «decepcionante», pero «da una liquidez que la Generalitat necesita». Frente a esta propuesta está la «alternativa fake» del PP de judicializar la devolución del IVA, lo que «eternizaría este asunto».
Monasterio acude hasta València para presionar al PP y Cs
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, acudió ayer a València para hacer un llamamiento al PP y Cs para que se sumen a la apuesta por la «libertad» del veto parental, un fin necesario frente a la «cobardía y la tibieza» que ha llevado a muchas generaciones a educarse en el «adoctrinamiento ideológico de género y el pancatalanismo». La lideresa de la formación ultra, rodeada de los presidentes provinciales de Vox, incluida la alicantina Ana Vega, alegó que «la educación es lo que forja a futuras generaciones». Monasterio recalcó que «ha llegado el momento de dar un paso de valentía, de estar con los padres, con la libertad frente a los comunistas y socialistas que lo que hacen es imponer una dictadura», añadió la dirigente ultra.
Rechazo total del parlamento valenciano al «pin parental» de la ultraderecha
La propuesta de Vox provoca un tenso enfrentamiento con el PP y Ciudadanos además de duras críticas de la izquierda
Ni con Rocio Monasterio haciendo presión a las puertas de las Cortes consiguió ayer Vox sumar algún voto más a favor de su propuesta de instaurar en los centros educativos de la Comunidad Valenciana el «pin parental», con el que se pretende que se necesite el consentimiento expreso de los padres o tutores para realizar actividades éticas, morales, sociales o cívicas. Los únicos 10 votos a favor de los diputados de la formación de ultraderecha se vieron absolutamente superados por los 82 votos del resto de parlamentarios de los otros cinco grupos presentes en el hemiciclo durante la votación. Por cierto, una votación donde ya no estaba presente la portavoz de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid.
El debate empezó con los dos posibles aliados de Vox enfrentados a brazo partido con los ultras. Nada más comenzar las intervenciones, el diputado de Cs Carlos Gracia, profesor de Secundaria, aseguró que el pin parental le produce «vergüenza» y calificó este debate de «interesado y artificial». En la misma línea, la diputada del PP, Beatriz Gascó, definió la propuesta de «ilegal» e «incoherente» por cuestionar el trabajo de los docentes cuando a su juicio debería poner el foco en las políticas educativas del Gobierno central y autonómico. Y ahí no quedaron las críticas al partido ultraderechista. El síndic de Compromís, Fran Ferri, que vestía una camiseta con el lema «Queer Power», tachó la propuesta de Vox de «una mierda», mientras que la diputada del PSPV, Ana Besalduch, aseguró que «en España se educa en libertad y para la libertad».
