Una carta escrita por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana durante los meses que estuvo en prisión provisional podría dar un giro a las diligencias derivadas de la Operación Erial y constatar las filtraciones que a punto estuvieron de llevar al traste la investigación. El chivatazo habría consistido en alertar al principal imputado, el exministro, de las diligencias abiertas por un juzgado. Según apunta la información a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado una carta que Zaplana escribió en su celda y envió a la exdiputada autonómica Elvira Suanzes, también imputada en este caso por blanqueo. En el escrito, de carácter personal, Zaplana relataría las filtraciones y sugiere que la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) les ayudaría en su batalla para entorpecer esta investigación.
En la misiva, el exministro de Trabajo también presumiría de contactos y de su amistad con la responsable del CNI, que también había sido magistrada. La carta se escribió entre los meses de junio y octubre de 2018, por lo que las diligencias apuntan a que Zaplana se referiría a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. No obstante, según esta información, el nombre de Robles -ratificada recientemente por Pedro Sánchez para el puesto- no aparece en la carta localizada por los investigadores. Los agentes encontraron este documento durante la segunda fase de la operación policial, que tuvo lugar en noviembre de 2018. La Guardia Civil registró una vivienda y un trastero que Suanzes tenía alquilado y la carta ha aparecido entre las nueve bolsas de documentación que se incautaron.
Estos hechos se investigan dentro de una pieza separada que fue remitida a los juzgados de Madrid -donde se cometió la filtración- para continuar con las pesquisas. Según consta en un auto incluido en el sumario Erial, al que ha tenido acceso este periódico, el juzgado de Instrucción 6 de plaza de Castilla asumió el caso para concretar el alcance de las filtraciones o la supuesta intervención de la responsable del CNI, así como determinar si Zaplana se refería a Robles cuando escribió a Elvira Suanzes desde la cárcel de Picassent. Sin embargo, pese a que la carta fue remitida a los órganos judiciales de Madrid, el juzgado de València que investiga desde 2015 a Zaplana ha acordado recientemente incorporarla al sumario valenciano para que también se investigue en el grueso del caso Erial. La incorporación al sumario se ha hecho efectiva en un auto que ha dictado la instructora, la jueza Isabel Rodríguez, y que Zaplana ya ha recurrido para que no se desvele, pues considera que se trata de una comunicación personal con la exdiputada del PP, una de las dirigentes más fieles al zaplanismo.
Destrucción de pruebas
Zaplana fue detenido por orden del juzgado de Instrucción de València el 22 de mayo de 2018. Dos días después se le comunicó su ingreso en prisión provisional sin fianza ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Meses después, en noviembre, la operación policial se completó con una segunda fase que salpicó de lleno a Elvira Suanzes y su hermano, Saturnino Suanzes, quien habría formado parte del entramado de testaferros de Zaplana. Al menos desde el mes de mayo de 2019 los imputados han presentado una batería de recursos para evitar que esta carta forme parte de la investigación del caso Erial. Según consta en un auto del 28 de mayo de 2019, la jueza instructora consideró que «en cuanto a los documentos privados a los que se hace referencia, sin concreción alguna, hay que decir por un lado que en relación al hallazgo encontrado en el registro del domicilio de Elvira Suanzes, dicho hallazgo se encuentra incorporado en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid».
Allí «se investigan filtraciones habidas en una investigación judicial, y no tiene el por qué, una prueba obtenida de manera lícita, y que hace referencia a un delito, eliminarse del procedimiento a consecuencia del cual ha sido encontrado». «Dicho hallazgo en el que se hace mención a la presunta identidad de alguien relacionado con un delito de revelación de secretos que se investiga (...) no puede excluirse del procedimiento», contestó la jueza a los investigados del clan Zaplana. Además, recordó que la UCO irrumpió en casa de Suanzes y allí tuvo lugar «dicho hallazgo». La carta podría ser el punto de partida para confirmar las filtraciones que estuvieron a punto de dar al traste con la investigación del caso Erial. Una actuación judicial que la magistrada salvó.
Meterse un gol en propia puerta
La campaña para sacar al expresidente de la cárcel le perjudicó y aceleró toda la investigación judicial
La campaña de presión judicial, mediática, política, médica y en redes orquestada para provocar la excarcelación de Zaplana en la Navidad de 2018, cuando estaba ingresado en el Hospital La Fe, fue contraproducente para el entonces preso. Salió con el alta médica y carcelaria, de forma provisional, siete semanas después y ya a finales de febrero de 2019, pero solo cuando los testaferros cantaron y se recuperó la mitad del botín de las comisiones por las ITV y el Plan Eólico La presión puso el turbo a la investigación. La asfixia ejercida contra la UCO, el fiscal y, muy especialmente, la jueza del caso (con revelación de circunstancias personales), para lograr la excarcelación aceleró la resolución de las pesquisas en Uruguay, Luxemburgo y Suiza. Misiones emprendidas para lograr la colaboración de los testaferros Fernando Belhot y Beatriz García Paesa, sobre todo en la recuperación del dinero, objetivo prioritario para la jueza Isabel Rodríguez.
El 18 de diciembre de 2018, Zaplana fue trasladado desde la cárcel al hospital. La campaña Libertad para Eduardo Zaplana dio un salto de calidad. Judicial, mediático y, especialmente, político. Pero la presión a favor de la excarcelación venía de lejos. Arrancó prácticamente el día que el exinquilino del Palau se mudó a Picassent, en mayo de 2018, traslado que perjudicó a la logística para la gestión y repatriación del dinero de toda la red de comisiones. Que siguió operando el tiempo que Zaplana estuvo en prisión incondicional y sin fianza. Siete meses en los que la jueza rechazó hasta cinco recursos del expresidente en los que solicitaba la puesta en libertad o arresto domiciliario de su cliente. La defensa aportaba informes avalados por el jefe de Hematología de La Fe, Guillermo Sanz, que era quien lo trataba. Llegó a alertar de que la vida del paciente corría serio riesgo y denunció un trato inhumano para su paciente. Pero la jueza, la UCO y Anticorrupción tenían constancia de que la más amenazada de muerte era la causa. La instructora alertaba del riesgo de fuga y de destrucción de pruebas de un Zaplana que no dejó de mover hilos ni siquiera en las etapas en las que estuvo hospitalizado. Era conocedora también, por los seguimientos policiales, de que la grave enfermedad no fue óbice para seguir con hábitos de vida normales. En su caso, de lujo.
La jueza no cedió y las presiones seguían ejerciendo de acelerador de las comisiones rogatorias internacionales. Los investigadores tenían constancia (por esos rastreos vía GPS, así como micrófonos y teléfonos intervenidos) de que Zaplana había seguido haciendo negocios incluso desde el hospital. De hecho, dos meses antes de su detención del 22 de mayo de 2018, y durante un ingreso en La Fe, recibió la visita de su testaferro Joaquín Barceló Pachano, después de reclamarlo para una reunión urgente. Mientras tanto, se iban acelerando las gestiones para que en Luxemburgo, en el número 5 del Bulevar Royal, la jefa y propietaria de GB Avocats Luxembourg, la letrada García Paesa, colaborara en la deconstrucción del imperio para camuflar mordidas. Conforme arreciaba la campaña, se aceleraban los trámites para firmar el pacto con Belhot para la confesión y repatriación del dinero. El 25 de enero, el testaferro uruguayo ordenó dos transferencias desde Suiza a la cuenta de los juzgados. Justo siete días antes, Beatriz García Paesa, había comparecido en la Ciudad de la Justicia para confesar su papel clave en la trama. El 11 de febrero, Zaplana salió del Hospital la Fe con el alta médica y la libertad provisional decretada por la jueza, al entender que la salud de la causa, en especial la de la estrategia de recuperar el dinero, estaba a salvo.
