15 de febrero de 2020
15.02.2020

El sumario vincula al «clan Zaplana» con la visita del Papa a València en 2006

Un sobrino de Cotino transfirió dos millones a una empresa en Luxemburgo vinculada al expresidente días antes del viaje de Benedicto XVI

14.02.2020 | 23:52

La Guardia Civil apunta que completaba pagos por 6,4 millones que corresponden a sobornos.

La familia Cotino tuvo una actividad frenética durante la visita del papa a València. El exdirigente del PP Juan Cotino no tenía ningún cargo oficial en el evento, pero será juzgado a partir del próximo 9 de marzo en la Audiencia Nacional por ser el presunto «elemento nuclear» de la trama que derivó 7,4 millones de euros de Canal 9 por la instalación de unas pantallas que se valoraron en poco más de tres.

Mientras, su sobrino, Vicente Cotino, administrador de la empresa familiar Sedesa, aprovechó los días previos a la llegada de Benedicto XVI para realizar una de las trasferencias de Luxemburgo que fue a parar a una empresa vinculada a la red de Eduardo Zaplana. Según recoge el sumario del caso Erial, el sobrino de Cotino trasfirió hasta 2 millones de euros a este país 15 días antes de la visita del papa. En concreto, según consta en la nueva documentación conocida esta semana, Sedesa ordenó una trasferencia a favor de Imison Internacional, con sede en Luxemburgo, el día 23 de junio de 2006 -el pontífice llegó a València en la jornada del 8 de julio-. El ingreso estaba precedido del pago de otros 4,4 millones que fueron trasferidos a la misma sociedad el 5 de septiembre de 2005.

Así, en total Sedesa envió a esa cuenta 6,4 millones de euros que, según el sumario, procederían del amaño del servicio de privatización de las ITV y de la adjudicación del plan eólico. A ese dinero hay que sumar los 600.000 euros de dinero en efectivo que llevó Juan Cotino en 2001 para constituir la sociedad Imison Internacional, cuya propiedad se atribuye a Zaplana y sus su colaboradores, según el sumario. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eleva a «86.511.400 euros» los beneficios que obtuvo el clan Cotino con estos contratos y su posterior reventa.

Juan Cotino dejó la administración de Sedesa cuando José María Aznar lo nombró director general de la Policía. La administración pasó en ese momento a manos de su sobrino Vicente Cotino. No obstante, Juan Cotino siguió manteniendo sus acciones en este grupo empresarial.

Finalmente, vendió la totalidad de sus acciones en julio de 2007 tras ser nombrado conseller de Bienestar Social, pues la empresa tenía relaciones contractuales con la Conselleria, a través de la firma Gerocentros del Mediterráneo. Por tanto, cuando se realizaron estas operaciones, Cotino todavía formaba parte de la empresa familiar.

Los informes policiales constatan que los Cotino, una de las familias que más poder ha acumulado en la política valenciana, habría abonado las presuntas comisiones a la trama de Zaplana después de vender las concesiones que obtuvo de la Generalitat en operaciones muy ventajosas para los intereses de Sedesa. Solo por la venta de sus participaciones en el plan eólico obtuvo una plusvalía cercana a los 40 millones de euros.

Juan Cotino se enfrenta a una petición de once años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción por impulsar «activamente» la contratación de empresas vinculadas a la trama Gürtel en la retransmisión de la visita que el papa Benedicto XVI hizo en Valencia en 2006. El sobrino ya ha sido condenado en Gürtel tras admitir que entregó dinero negro para la campaña de Camps de Francisco Camps del año 2007.

Perfil «offshore»


Los investigadores de la Guardia Civil destacan en su último informe el perfil «offshore» de Imison Internacional y que permitió disfrazar «sus vínculos societarios, aprovechando la cobertura legal de confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que se produjeron en relación a esta titularidad; elemento de especial importancia considerando la operativa que tuvo lugar».

Según la Guardia Civil, la empresa a la que Cotino enviaba el dinero «se instrumentalizó como vehículo corporativo a la hora de materializar el pago de las presuntas comisiones, siendo transferida su titularidad desde las personas que supuestamente abonaron las comisiones a los perceptores de las mismas». Como consejero de esta sociedad figuraron la sobrina del espía Paesa, Beatriz García Paesa, así como Alexis Kamarowsky, cónsul de Uruguay en Luxemburgo. Según declaró la sobrina de Paesa ante los agentes, un día «Vicente Cotino le llamó por teléfono y le dijo que las acciones de Imison Internacional» pasarían a manos de los colaboradores de Zaplana.

Cotino será interrogado en marzo por estos hechos, mientras que Luis Iglesias, yerno de Zaplana, ha pedido retrasarla, confirmaron ayer fuentes judiciales.

Los obstáculos para recuperar el botín


El Sabadell bloqueó la transferencia por una deuda y la jueza amenazó con imputarles un delito de desobediencia

El único dinero que ha recuperado la Justicia son los 6,4 millones de euros que estaban escondidos en Suiza, pues los poco más de 300.000 euros que quedan en Andorra no volverán España al no existir ningún convenio firmado con el Principado. La jueza tuvo que saltar muchos obstáculos para repatriar el dinero ya que el banco Sabadell bloqueó la operación después de que una galería reclamara una deuda con cargo a la cuenta radicada en Suiza.

Así consta en un auto dictado por la jueza Isabel Rodríguez en el que ordenó a la entidad bancaria depositar los 6,4 millones en una cuenta del juzgado. La instructora trasladó al banco que «haciendo propia la argumentación del ministerio fiscal en el sentido de que los fondos fueron decomisados al ser su procedencia de origen ilícita por lo que en absoluto se puede acceder a lo interesado por el Banco Sabadell, puesto que lo que interesa es cobrarse la deuda con la cantidad procedente del delito que ha sido decomisada en mayo de 2018».

Lo contrario supondría, subraya el auto, «que dichos fondos de naturaleza ilícita, integrados en una causa que se lleva entre otros delitos por blanqueo de capitales se pueda utilizar para la finalidad que indica la entidad bancaria lo cual es verdaderamente sorprendente dada la naturaleza del decomiso acordado».

La magistrada recordó que «en ningún caso puede suponer que dicha cantidad se integre en el circuito financiero, lo cual supondría autorizar a realizar un acto de blanqueo de capitales al banco».

Así, la jueza consideró que lo que debe «advertir la entidad bancaria en todo caso, siendo el vencimiento de la obligación posterior al decomiso es advertir dicha circunstancia» a la galería Malvin Gallery, con sede en Madrid, «y no lo que intenta realizar», porque una vez decomisados los fondos no pueden destinarse a «ninguna actividad comercial».

De este modo, «con independencia de las acciones que le puedan corresponder a la entidad bancaria como consecuencia de los impagos de la sociedad Malvin Gallery líbrese mandamiento a la misma para que procedan de inmediato y sin mas dilación a ingresar la totalidad de los fondos decomisados en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado por tener procedencia ilícita». La jueza advirtió al Sabadell que de no hacerlo podía incurrir en un delito de desobediencia. La Audiencia Provincial de València ha ratificado cada una de las decisiones tomadas por la magistrada y ha rechazado anular los decomisos de propiedades o cuentas corrientes a los investigados que forman parte de esta presunta trama de corrupción.

Los investigados se apoyaron en una resolución anterior de la misma sala pero de otro procedimiento para justificar su petición, así como «en la inaplicabilidad del artículo 127 del Código Penal». Consideran que, en todo caso, si se «pretende la retención del inmueble, a resultas de las responsabilidades civiles en las que se pudiera incurrir, debería aplicarse otro tipo de medida cautelar, previa audiencia de las partes».

Macarena Montesinos: «Zaplana nos invitó a mi marido y a mí al viaje en yate»


El PP evita pronunciarse tras aparecer el nombre de la diputada en cruceros pagados por Sedesa

La diputada del PP en el Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, cuyo nombre aparece en el sumario de la Operación Erial al figurar entre los invitados de Eduardo Zaplana que acudieron a viajes en yate por el mar Mediterráneo, reconoció ayer que sí estuvo presente en alguno de esos viajes de lujo con el expresidente de la Generalitat, sin precisar más detalles al respecto. Al ser preguntada por INFORMACIÓN sobre esos viajes abonados por la trama, su respuesta fue: «Cuando Zaplana estaba fuera de la política y era alto ejecutivo de una relevante empresa multinacional, nos invitó a mi marido y a mí. Ni entonces pensé ni ahora pienso que la persona que nos invitó pudiera ser otra que Eduardo Zaplana».

Con esta escueta manifestación, Macarena Montesinos, además de confirmar que acudió a las escapadas con dirigentes afines al «zaplanismo», acompañada por su marido, sí trata de precisar el periodo temporal en el que participó en estos viajes al situarlo «cuando Zaplana estaba fuera de la política y era alto ejecutivo de una relevante empresa multinacional». Por un lado, Zaplana dejó definitivamente la política, con la renuncia a su acta del Congreso, en abril de 2008. Y por otro, desde 2012 hasta mayo de 2018 fue directivo de Telefónica.

Y en tercer lugar, la diputada vincula directamente su asistencia en estos cruceros de lujo, con escalas en puertos de Atenas, Croacia o Montenegro y «requerimientos» de cocina local, italiana, francesa, langosta y cerveza Cruzcampo, a la invitación que le formuló el propio expresidente de la Generalitat («ni entonces pensé ni ahora pienso que la persona que nos invitó pudiera ser otra que Eduardo Zaplana»). De este modo desvincula a cualquier otra persona como responsable de esta invitación al lujo que aparece en el sumario judicial, pues a punta a que en realidad lo pagó el grupo Sedesa. Montesinos, actual diputada del PP por la provincia de Alicante en el Congreso, sigue ocupando un cargo público en la actualidad». Desde la dirección regjonal y provincial del PP se impuso el mutismo sobre este nuevo escenario: «No tenemos nada que añadir a los que ha señalado la presidenta regional, Isabel Bonig». Y punto.

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