14 de febrero de 2020
14.02.2020

El Consell desatasca la Ley de la Función Pública a la espera del reglamento del valenciano

El Ejecutivo validará hoy la norma tras dos años de bloqueo entre el PSPV y Compromís

13.02.2020 | 23:19
Gabriela Bravo y el conseller Marzà, en sus escaños durante un pleno de las Cortes Valencianas.

Una vez se tramite en las Cortes habrá un año para aplicar el requisito lingüístico.

Por fin, el pleno del Consell aprobará hoy el proyecto con la reforma de la Ley de la Función Pública que, entre otras cosas, abre la puerta a implantar el requisito lingüístico en la administración autonómica. Finalmente, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el titular de Educación, Vicent Marzà, apuraron los contactos para poder alcanzar un consenso que, sin embargo, no cierra su pulso por esta norma. De momento, Bravo y Marzà como estiletes del PSPV y de Compromís se rearman para, ya con el texto en vigor una vez que culmine la tramitación en las Cortes Valencianas, afrontar la negociación definitiva con los detalles que permitan aplicar el reglamento que fije el nivel de valenciano que se exigirá a cada puesto. Todo ello con un plazo de elaboración máximo de 12 meses.

Al menos de momento, el PSPV y Compromís han suavizado las discrepancias que provocaron hace ahora justo quince días la intervención de la vicepresidenta Mónica Oltra para echar abajo el texto en la reunión previa de secretarios autonómicos con la justificación de un problema técnico y procedimental. Ayer mismo, sin embargo, el documento sí pasó por esa convocatoria antes de que hoy se pueda aprobar el articulado en la reunión del Ejecutivo autonómico para que se remita a las Cortes. Han sido dos años de desencuentros desde que en enero de 2018 se aprobó el anteproyecto con la cuestión del requisito lingüístico, sin duda, como gran escollo para el consenso. La presión de los sindicatos ha obligado a llegar a una solución que permite que la norma pueda comenzar a tramitarse en el parlamento valenciano y evitar que se alargue el retraso. A pesar de que aún quedará una negociación pendiente para terminar de perfilar el requisito lingüístico.

El pacto que abre la puerta a la exigencia del valenciano en la administración autonómica, aunque con ese reglamento que todavía debe elaborarse, no acaba de satisfacer por completo a ninguno de los dos principales partidos del Botànic. Pero, sin duda, concede elementos tanto a Bravo -la más tibia e, incluso, reticente de los consellers socialistas con la normalización lingüística- como al conseller Vicent Marzà -convencido de garantizar la atención en valenciano en la administración autonómica- para exhibir triunfos de cara a ese segundo asalto de la ley, que estará ligado a la redacción del reglamento. La disposición final tercera, en la que se recoge la hoja de ruta para implantar el valenciano en la administración, explicita que en el plazo de un año desde la entrada en vigor, el Consell aprobará, a propuesta del departamento competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en cada empleo público. Ese reglamento que proponga la conselleria de Gabriela Bravo, del PSPV, deberá contar con un informe previo que sea favorable del departamento de Política Lingüística, controlado por Vicent Marzà, de Compromís.

El acuerdo alcanzado señala asimismo que las previsiones contenidas en esta ley relativas a la acreditación de los niveles de conocimiento lingüístico entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento sobre la acreditación del valenciano en la función pública. De la redacción final se ha caído la cláusula que implantaba de inmediato la exigencia del valenciano si en un año no se aprobaba ese reglamento. Una propuesta de Compromís para evitar que los socialistas eternizaran la negociación sin darle una solución. A cambio de evitar un artículo que generaba dudas jurídicas, ese informe previo de Política Lingüística -dirección general que ocupa el alicantino Rubén Trenzano- deberá ser obligatoriamente favorable. En la práctica, vinculante. Esa es la gran baza de Marzà.

Ambas partes, sin embargo, se atribuyen la última palabra sobre el reglamento lingüístico. Bravo por tener que aprobar el documento final y Marzà por disponer del control del informe de su departamento. Y ese pulso avanza un proceso costoso, con grandes tensiones y, desde luego, que puede ser aún largo. La entrada en vigor de la norma dependerá de la celeridad con la que se aborde la tramitación parlamentaria. Pero, como poco, se alargará durante varios meses y luego se abrirá el plazo de un año para elaborar el reglamento que, a modo de previsión, podría estar listo para 2021, mediada la legislatura y el momento en el que las decisiones se empiezan a tomar mirando la próxima convocatoria electoral. Así que se desatasca la Ley de Función Pública pero con el escollo del valenciano aún pendiente.

Un nivel acorde a cada puesto y el alto conocimiento de los funcionarios


El pleno del Consell aprobó en enero de 2018, aún en el mandato de la primera versión del Botànic, el anteproyecto de Ley de Función Pública. Ese primer documento recogía que las relaciones de puestos de trabajo incluirían la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano, que sería «proporcional a las características y necesidades del cargo». Esa voluntad no se ha modificado. La carta que tendrá que acompañar al reglamento especificará el nivel lingüístico que deberá acreditar cada funcionario. Evidentemente, como explicaron fuentes conocedoras de los contactos, no es lo mismo la atención al público o trabajadores que deben realizar informes en valenciano que otros sin esas tareas. El objetivo sigue siendo que los ciudadanos tengan el derecho a ser atendidos en el conjunto de la administración autonómica en

una de las dos lenguas oficiales a su libre elección. Para eso, es necesario, antes incluso de elaborar el reglamento, aumentar la competencia lingüística de los funcionarios con más formación. Las últimas encuestas de la conselleria de Educación, de 2017, señala que un 87% de los empleados públicos acreditan conocimiento del valenciano.

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