El portavoz del Gobierno de la Diputación, Adrián Ballester ha exigido “explicaciones inmediatas por parte de la Generalitat” a raíz de la reunión mantenida por la delegada de Presidencia de la Generalitat en la provincia de Alicante, la oriolana Antonia Moreno, y el diputado de las Cortes Valencianas Manuel Pineda, secretario comarcal del PSPV en la Vega Baja y alcalde de Rafal, que se citaron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea a espaldas del jefe del Consell, Ximo Puig.

Ballester ha calificado como un hecho “muy grave” e “intolerable” que la Generalitat “esté ocultando la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura”, al producirse una reunión “a espaldas de la Cortes y de la comisión de estudios sobre la DANA” creada en el parlamento valenciano. Para el diputado provincial del PP, “se está blanqueando la actuación del presidente de la CHS al ir a reunirse con él”, por lo que “no sabemos a que juega el PSOE amparando la actitud Mario Urrea”, que se ha negado a dar explicaciones en las Cortes, cuando “su obligación es comparecer en el parlamento que representa a los valencianos, aunque su organismo tenga su sede en Murcia”.

El diputado del PP ha insistido en que desde la Diputación “nos preguntamos por qué un diputado del grupo socialista y un alto cargo funcionarial van a reunirse a espaldas de la comisión, y queremos pedir explicaciones inmediatas por parte de la Generalitat”, para que nos diga “qué está pasando” y “por qué se está ocultando la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura”. Ballester ha ido más allá al asegurar que todavía “hay mucha gente que no se ha recuperado de la tragedia” puesto que “solo se está actuando en los más urgente, con la la rotura de Almoradí”. En este sentido, “si tenemos nuevos episodios de lluvia, los vecinos de la Vega Baja van a tener situaciones complicadas que afrontar”, ha añadido Ballester.

Estas declaraciones se ha producido en el transcurso de una reunión celebrada en el Palacio Provincial, donde el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna se han reunido con más de una veintena de alcaldes de la provincia afectados por el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Alegaciones de regantes

En esta reunión, la Diputación de Alicante ha solicitado al Instituto del Agua que elabore una serie de fichas para agrupar "en consonancia" las alegaciones de las comunidades de regantes y los sectores afectados de la Vega Baja al Esquema de Temas Importantes (ETI) del Tajo.

El objetivo es "evitar grandes discrepancias", ha explicado la diputada provincial de Ciclo Hídrico, Ana Serna. La vicepresidenta de la Diputación ha sostenido, preguntada sobre esas alegaciones, que la Diputación estima que los actuales caudales ecológicos en la cabecera están "bien como están", y "no hay por qué aumentarlos". "De hecho, los profesionales que nos están asesorando, a través del Instituto del Agua, así nos lo dicen. Estamos ante una amenaza real y tenemos que dar una respuesta real", ha proseguido la diputada.

Al respecto, Ana Serna ha afirmado que los ETI no afectan solo a la agricultura "sino también al abastecimiento" y se ha recordado que existen 35 municipios que dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla: "Estamos hablando de un millón de personas y en períodos estivales se incrementan en 700.000 personas".

Además, ha incidido en que "en ocasiones" el 60% del volumen de los caudales de agua del Taibilla "depende exclusivamente del trasvase Tajo-Segura". Y se ha referido al perjuicio económico para los ciudadanos ya que el coste del agua de las desaladoras es "superior".

"El m3 de agua trasvasada cuesta 12 céntimos y el m3 de agua desalada 60, eso repercutiría en el bolsillo del usuario del ciudadano", ha continuado y ha agregado el "coste energético" de las desaladoras, del que ha dicho que es "cuatro veces superior" al del trasvase.