Cobrar el IVA pendiente por medio de otro préstamo, aunque sea sin intereses, y posponer la negociación sobre la reforma del sistema de financiación a una futura reunión, todavía sin fecha, ha dejado al Gobierno del Botànic en una posición muy complicada y ha alimentado a la la oposición. Desde el pasado viernes por la noche, cuando se supo que el Gobierno pensaba liquidar a la Comunidad Valenciana los 281 millones el IVA de 2017 mediante un préstamo extraordinario del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), a devolver con un interés del 0% pero, al fin y al cabo, a retornar mediante una operación de tesorería, los calificativos lanzados por los partidos de la derecha han ido de la «humillación» a la «sumisión» pasando por el «expolio». Unas acusaciones que ayer fueron a más y que desde la Generalitat no se consiguieron frenar. Hay, dicen en el Palau, un cambio de escenario y cualquier medida que ahora se adopte es secundaria si la comparamos con el verdadero objetivo, como es conseguir un nuevo sistema de financiación autonómica que compense años de maltrato por parte del Estado a la Comunidad.
El propio Ximo Puig se mostró muy cauto pero a la vez tibio con las medidas anunciadas el viernes pasado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «Nuestra satisfacción siempre es muy relativa», remarcó ayer el jefe del Consell, poco partidario de que se hable de la mensualidad del IVA pendiente de cobrar y más decidido a establecer que «el problema que tienen los valencianos es una financiación justa». Como medida transitoria, Puig volvió a defender el concepto de «déficit asimétrico» para la Comunidad. Pero tampoco fue más allá.
Con esta iniciativa, el Botànic, con el apoyo de los seis grupos parlamentarios que acudieron la pasada semana la comisión mixta Consell-Cortes, quiere plantear al Gobierno central una serie de medidas que ayuden a paliar una situación de desigualdad y falta de equidad en la fiscalidad autonómica, en comparación con otras comunidades. Pero de momento, ese «deseado» déficit asimétrico no es objeto de estudio por parte del Ministerio de Hacienda. El propio Puig reconoció ayer que «todavía no se ha llegado a esa discusión» en el CPFF, donde el pasado viernes se aligeró el déficit autonómico -permitiendo a los gobiernos territoriales aumentar su deuda un 0,2% en 2020 y un 0,1% en 2021-, pero donde se dejaron varias demandas en el tintero, incluida una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal todavía pendiente de ponerle fecha. Y esta tibieza del Consell exaspera a la oposición. El PP y Cs, primero ha puesto en cuarentena la confianza que ofrecieron al Botànic para negociar con el Ministerio de Hacienda, y segundo, vuelven a acusar al PSPV de «seguidismo» ante lo que marcan los socialistas desde Ferraz.
«Empezó mal y acaba peor»
Quien tampoco se mostró ayer indiferente ante la propuesta del pago del IVA pendiente de 2017 fue la patronal. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, se mostró rotundo. «La apisonadora del Estado ha vuelto a pasar por encima de los ciudadanos». Navarro recordó que los problemas comenzaron con el PP, con el exministro Cristóbal Montoro que «tomó una decisión sin consultar a nadie». Para el representante empresarial, «aquello empezó mal y ha acabado peor». También tuvo críticas para el PSOE, ya que «parece que no se acuerdan de cuando estaban en la oposición», pero sobre todo, Salvador Navarro cuestionó una «solución» para reintegrar 281 millones que son «dinero efectivo de los valencianos» y ahora lo convierten en un préstamo. «Es dinero que debería estar aquí para mejorar los problemas de la Comunidad», por lo que «el arreglo no nos gusta», insistió. En todo caso, el presidente de la CEV no quiso tensar más la cuerda a la hora de censurar al Consell y se distanció de la postura por la que aboga el PP de abrir la vía judicial para reclamar ese dinero. Navarro cree que acudir a los tribunales dilataría más el pago. «Ahora hay que exigir con mayor contundencia», aseveró el dirigente empresarial.
