Las Cortes Valencianas han retornado esta semana a su actividad habitual después de más de dos meses sin apenas actividad desde que, unos días antes de Navidad, se aprobaran los presupuestos de la Generalitat para 202o. Junto a la vuelta al hemiciclo del jefe del Consell, Ximo Puig, para debatir con la oposición, uno de los asuntos que capitalizaba la sesión era la proposición para la recuperación del Derecho Foral Valenciano. Y no por el escaso interés ciudadano que suscita el tema -un asunto sentimental y de élites- sino por las posiciones de cada grupo y las repercusiones que el debate podía generar. El Botànic votó unido a favor de la propuesta con la ultraderecha en contra. Entre esos dos polos tan perfilados, Ciudadanos dividido. Con un ala dura y otra moderada cada vez más definidas y al borde de una ruptura que, de momento, Toni Cantó logró evitar para hacerse la foto con Vox. Susto o muerte. Y, finalmente, el PP que sacó su perfil más institucional para evitar, en esta ocasión, el juego de bloques y respaldar una propuesta que llevaba el visto bueno de cerca del 90% de los municipios de la Comunidad. Pero que, sobre todo, formaba parte de la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, pactada entonces por el PP con los socialistas.
Fue José Císcar, vicepresidente del Consell en la última etapa del PP y presidente del partido en Alicante hasta el pasado mes de junio, el que subió a la tribuna para argumentar la posición de los populares. Hábil parlamentario y uno de los mejores oradores que se sienta en el hemiciclo del Palau dels Borja, Císcar hilvanó una intervención brillante en la que, en estos momentos de polarización ideológica y de convulsión política, puso en valor la importancia de los pactos transversales como el que facilitó esa modificación del Estatuto hace 14 años y la posibilidad de que la Constitución sirva de paraguas para la recuperación de elementos identitarios. En unos minutos, José Císcar reivindicó de una tacada el peso institucional tanto del autogobierno valenciano como de la Carta Magna en España, la normalización de la vida política desde el tono de la moderación, el valor de los grandes consensos y, de paso, esa época en la que el PP ocupaba el tablero central de la política de esta Comunidad hasta que afloró la carcoma de la corrupción que fue consumiendo poco a poco su gestión pública hasta el cataclismo electoral que devolvió a la izquierda en 2015 al Palau de la Generalitat.
Pese a todo, durante esas dos décadas, el PP ganó elección tras elección con decenas de encuestas y sondeos en los que las diferencias de vértigo sobre los socialistas estaban vinculadas siempre a una pregunta en la que, por amplia mayoría, los valencianos les nominaban como el partido que mejor defendía sus intereses. Pero todo eso se acabó con esa mezcla explosiva de la corrupción, la crisis económica y la quiebra financiera de la Generalitat para llevar al PP a los bancos de la oposición hace cinco años, resultado que se repitió, con peores números incluso para la marca popular, en los comicios autonómicos celebrados en abril de 2019. Justo en la semana en la que ha empezado a surgir de verdad el debate sobre la refundación de la derecha, esa intervención de José Císcar acabó poniendo al PP delante de sus propias debilidades y de sus grandes incoherencias. A Císcar ya no le aprieta su futuro en la vida pública. Está en la recta final de su larga carrera política. Y, además, la facción zaplanista con Carlos Mazón a la cabeza que le acabó apartando por asfixia del control del partido y que ahora manda en el PP de Alicante es la misma a la que, en su día, combatió.
Así que lo que ocurra le va poco y le viene menos. Y esa tranquilidad sobre un futuro político sin presión es lo que, casi siempre, proporciona reflexiones más certeras. Císcar puso el dedo en la llaga. Primer gran debate que puso encima de la mesa. ¿A quién quiere representar el PP? ¿A muchos o sólo a unos cuántos? ¿A una gran bolsa electoral desde el del centro o a grupos escorados hacia la derecha? Gran incógnita y clave para calibrar el avance ultra. Y, por lo que se desprende de la acción política del partido, la desorientación es absoluta. Ese discurso de Císcar en el parlamento valenciano iba claramente orientado hacia un PP de corte moderado y centrista. El mensaje desplegado en el Ayuntamiento de Alicante hace diez días con el visto bueno del alcalde Luis Barcala y esta misma semana en la Diputación se enmarca en el coqueteo con la ultraderecha. Y, entre medio, la dirección provincial del PP, presidida de forma interina por Eduardo Dolón, ni está ni se le espera, como quedó claro en su reunión de esta semana. Nadie sabe a lo que se dedica. Es un órgano sin ideas, ni proyecto, ni capacidad de influencia sobre el escenario político de la provincia. No aporta nada.
Pero esa encrucijada lleva a la segunda cuestión decisiva que deberá afrontar de inmediato el PP en esta refundación a marchas forzadas de la derecha ante la perspectiva de un largo periodo en la oposición: los pactos internos para poder abordar la absorción de Ciudadanos, ya muy tocado. Y esta semana ya vimos que no todos piensan igual. El gallego Alberto Núñez Feijóo discrepa de Pablo Casado. Uno quiere que entren en el PP sin más cesiones y el otro aprovechar esos pactos desde Génova para limpiar a los últimos críticos como el vasco Alfonso Alonso. Y eso mismo pasa en la Comunidad aunque, eso sí, sin perspectiva electoral. Isabel Bonig puso mil y una pega en busca de ganar tiempo para cavar una trinchera defensiva en el congreso regional. Y Mazón, por contra, abrió la puerta a un pacto autonómico con los naranjas, como ya hizo en su día en Alicante. El caballo de Troya de la vieja tropa zaplanista, superviviente hoy en el PP y en parte dentro de Ciudadanos, por el poder.
