Mario Urrea ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos. Hasta incluso al que le nombró presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hace poco más de año y medio. Cuando Pedro Sánchez devolvió el mando del Gobierno de España al Partido Socialista, en junio de 2018, poco más de dos meses después, el 1 de agosto, llegó el nombramiento de los nueve presidentes de las confederaciones hidrográficas españolas, incluido la del Segura. A Mario Andrés Urrea Mallabrera (Murcia, 1959), ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad Hidráulica y Energética, con una extensa experiencia de gestión en la propia CHS le llegaba el turno de asumir la máxima responsabilidad de la gestión de la cuenca de un río que afecta a cuatro comunidades autónomas y de la que depende el presente y el futuro, entre otros, de miles de familias alicantinas. Llueva, truene, haya periodos de sequía o inundaciones como las que sufrió la Vega Baja hace cinco meses.
Una DANA que ha situado en el centro de la polémica a Mario Urrea, no tan solo por lo que hizo o dejó de hacer durante aquel trágico mes de septiembre de 2019, sino por su comportamiento posterior y por su forma de atender y dirigirse a las instituciones democráticas alicantinas y valencianas. De un contacto que debería ser fluido y en un marco de colaboración institucional constante, se ha pasado a mantener una relación tensa, llena de desconfianza y muy subida de tono con contestaciones por escrito dirigidas a los máximos responsables de la Diputación de Alicante y de las Cortes Valencianas que han dejado en evidencia el tono duro de este representante del Estado, con cargo al erario público, cuyo sueldo pagamos entre todos. No se trata tan solo de negarse a comparecer en las Cortes Valencianas, una decisión que argumenta porque su cargo, por ley, no está sometido a control parlamentario autonómico alguno, sino más bien, su obstinación viene acompañada, desde que la gota fría desbordó los cauces y ramblas de Segura, de unas afirmaciones le han delatado como una persona que, lejos de hacer la más mínima autocrítica, se defiende, como recogen sus cartas, a base de ataques verbales a otros representantes públicos que, al contrario que él, sí han sido elegidos, directa o indirectamente, por las urnas.
Escasamente diez días después de que la devastadora gota fría acabara incluso con varias víctimas mortales (tres de ellos en el sur de la provincia de Alicante), Mario Urrea envió una carta al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, donde arremetía contra el máximo responsable de la institución provincial por afirmar que los regantes dispondrán de los servicios jurídicos de la corporación para ser asesorados en la denuncia por «dejadez de funciones» que los afectados pretendían presentar contra la CHS por no dejar «seco» el Segura 48 horas antes de su crecida, en vista de las predicciones meteorológicas.
«Estimado presidente»
En una misiva firmada a mano, encabezada con un «estimado presidente» y escrita en primera persona, prácticamente el único tono conciliador se utiliza para tutear a Carlos Mazón. Mario Urrea traslada al presidente de la Diputación su «extrañeza e incluso preocupación de ser cierto» porque se «vayan a emprender acciones legales contra la Confederación Hidrográfica del Segura» cuando «ni siquiera se ha contrastado la información», «sorprende que se achaque la falta de actuaciones a este equipo directivo» y «parece desconocerse que se precisan fuertes inversiones». Entre líneas, Urrea acusaba por escrito a Mazón, como mínimo, de desconocimiento, imprudencia y deslealtad. Días después, la Diputación contestó con comunicado que la CHS «no puede ocultarse echando la culpa al resto».
Con estos antecedentes, el siguiente capítulo del «conflicto verbal» ha llegado con la respuesta que Urrea envía al presidente de las Cortes, Enric Morera. El oficio donde argumenta su negativa a comparecer en la institución que representa al pueblo valenciano, redactado desde un punto de vista más administrativo y empleando jurisprudencia legal, desprende una animadversión hacia todo lo que no sean los órganos del Estado. Si no rectifica y Urrea antepone su responsabilidad política a la legal, todo apunta a que el dirigente tampoco acudirá a la comisión de estudio que las Cortes van a dedicar a la DANA. En cambio, Urrea no podrá evitar aportar todo su caudal en el Congreso y (posiblemente) en el Senado, porque ni su cargo ni la legislación le indultarán de rendir cuenta de su gestión.
El ministerio se desentiende por ser un «organismo autónomo»
Transición Ecológica alega que no tiene «nada que decir» sobre las decisiones de un alto cargo que nombró directamente la ministra
Cada relevo que se produce al frente de una confederación hidrográfica viene acompañado de una carga política evidente. La elección de los presidentes de los organismos que regulan las cuencas de los ríos depende de forma directa de los cambios al frente del Gobierno. Así fue como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera nombró a Mario Urrea presidente de la Confederación del Segura poco después de relevar en el poder el PSOE al PP. Urrea, ligado al organismo durante años donde ocupó el segundo escalafón como jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, sustituyó a Miguel Ángel Ródenas, nombrado por Rajoy después de ser director general del Agua en el Gobierno murciano. En todo caso, esta «dependencia» gubernamental ha eximido al ministerio de valorar el comportamiento de Urrea. Fuentes de Transición Ecológica afirmaron que «las confederaciones hidrográficas son organismos autónomos. El ministerio no decide sobre estas entidades».
Ninguneo histórico y reiterado a los parlamentos territoriales
Los máximos responsables de la Confederación del Segura se niegan de forma habitual a dar explicaciones en comisiones de órganos autonómicos
Para la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que su presidente no acuda comparezca en las Cortes no debe sorprender. «Es lo habitual. En anteriores peticiones de comparecencia, tanto a Urrea como sus antecesores no han aceptado acudir a los parlamentos autonómicos», aseguran fuentes de la CHS, acostumbradas a ver como su máximo responsable dice «no» en reiteradas ocasiones a la Asamblea Regional de Murcia. Así ocurrió con Miguel Ángel Ródenas, presidente de la CHS entre 2012 y 2018, que ni atendió a las Cortes Valencianas (donde se creó una comisión de estudio sobre el déficit hídrico y una comisión de investigación sobre la contaminación de los acuíferos de la Ribera, en este caso, pertenecientes al Júcar) ni al parlamento murciano donde su propio partido, el PP, apoyó una comisión especial del agua. Su excusa fue que uno de sus antecesores, el socialista José Salvador Fuentes Zorita, tampoco compareció cuando pidieron su presencia.
