La Agencia Antifraude ha analizado adjudicaciones de otras comunidades autónomas para elaborar el informe pericial. Según esta información, se han revisado contrataciones de Aragón y Castilla-La Mancha y se ha constatado que en ambos territorios estas adjudicaciones han generado más beneficios para la Administración que en la Comunidad Valenciana.
Así consta en el avance del informe que la Agencia entregó a comienzos del pasado mes de diciembre en el juzgado. Al parecer, de la comparación del número de matriculaciones en Aragón y la Comunidad, la pericial ha concluido que Aragón ingresa más dinero con una flota de vehículos cuatro veces menor.
El reparto de las ITV es una de las claves de esta investigación y del presunto cobro de comisiones. Fue el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también detenido en la Operación Erial, el encargado de controlar la apertura de plicas de los diez grupos empresariales que aspiraban a la adjudicación de un suculento negocio.
No faltaron a la puja las extintas grandes cajas valencianas Bancaja y la CAM a través de distintas sociedades participadas directa o indirectamente. Uno de los lotes fue para una UTE donde estaba Sedesa, de la familia Cotino. Ahí estaban Juan y Vicente Cotino, sobrinos del exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino. Ambos fueron arrestados tras la investigación por el presunto pago de comisiones en estos contratos.
Tras la operación policial, Compromís llevó a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre la reventa de un lote por si ayudaba en la investigación sobre Zaplana. El síndic de la coalición en las Cortes, Fran Ferri, denunció que la reventa de uno de los lotes de las ITV privatizadas por el Consell de Eduardo Zaplana supuso un «pelotazo de 47,9 millones que beneficiaron a una hijastra y a un amigo de Rafael Blasco», exconseller condenado a prisión por el desvío de ayudas a la cooperación internacional.
El supuesto pelotazo se produjo en el baile de accionistas del lote 4 de las ITV, adjudicado a una unión temporal de empresas bajo el nombre de Atecsa en 1998 pero que en 1999 adquirió al 99,96 % el Grupo Tempero 9000, formado a su vez por otro entramado de mercantiles.
El exconseller Rafael Blasco fue quien promovió el cambio normativo que hizo rentables las inspecciones y permitió a las primeras adjudicatarias negocios millonarios que ahora investiga el juzgado.
