En la actividad pública siempre hay un relato que se centra en trazar la realidad a golpe de imponer decretos y de aplicar normas a rajatabla. Y otro basado en la política, el consenso y el diálogo que, normalmente, suele desembocar en soluciones más costosas de acordar pero más productivas para los ciudadanos y duraderas en el tiempo. A nadie se le escapa que la gota fría que asoló la comarca de la Vega Baja el pasado mes de septiembre es la catástrofe más importante que ha sufrido la Comunidad Valenciana desde la pantanada de Tous a principios de los 80. Es algo indiscutible. ¿Por qué entonces un señor llamado Mario Urrea que cobra un sueldo público por dirigir la Confederación Hidrográfica del Segura se niega a atender la solicitud de las Cortes, hemiciclo que representa la soberanía popular del pueblo valenciano, para hablar sobre este episodio? Es un ninguneo intolerable hacia nuestras instituciones de alguien al que, repito, le pagamos el salario entre todos. ¿Qué teme Urrea que le pregunten los diputados autonómicos? ¿Tiene algo que ocultar sobre la gestión del organismo que dirige en esta grave crisis climática? El responsable de la Confederación del Segura se justifica en su respuesta al presidente de las Cortes, Enric Morera, con una excusa administrativa -la falta de competencia de una autonomía en un órgano dependiente del Estado- para negarse a acudir al parlamento. Puede ser legal. Pero ni es ético ni mucho menos estético evitar dar la cara y esconderse sin dar ni una sola explicación en un asunto que generó millones de pérdidas y dramas personales. El presidente de la Confederación del Segura tenía la obligación moral y política de presentarse en las Cortes. Y el Ministerio de Transición Ecológica de obligarle a detallar su labor en el parlamento de uno de los territorios en los que la institución opera. Urrea tendrá una segunda oportunidad cuando le citen a la comisión de las Cortes que abordará de forma monográfica la catástrofe. Tiene que rectificar y acudir. Pero, desde luego, ya destituído.
