En la agenda de todos los responsables de las arcas públicas de los gobiernos autonómicos y nacional figura una misma cita para este próximo viernes. El Gobierno convocó ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde piensa trasladar a las comunidades autónomas la nueva «senda de estabilidad presupuestaria» para iniciar los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
Después de año y medio sin mantener ninguna reunión -el último encuentro del CPFF se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese mismo año- la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que en esta reunión se informará de la «andadura» prevista por el Gobierno, conforme a los objetivos de déficit y deuda pública. En todo caso, en la reunión de este viernes a buen seguro que se trata el asunto del IVA autonómico de 2017, que dejó por pagar el exministro del PP Cristóbal Montoro, unos 2.500 millones que el Gobierno ha dado por zanjados al no haber podido aprobar la «solución» como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas del año pasado. De esa cantidad, 281 millones se deben a la Comunidad Valenciana. Varias regiones han anunciado o presentado ya denuncias por esta decisión, entre ellas la mayoría del PP, como Madrid o Galicia, y también algunas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha.
Para tensar más la cuerda, la ministra Montero afirmó ayer que «en 2019 intentamos corregir esta situación en los PGE, nos lo tumbaron, y el tema se tenía que haber resuelto en el año 2019. No hay ninguna novedad respecto a esta cuestión», enfatizó la ministra, quien aseguró que «no tiene nada que decir» sobre si algunas regiones acuden a los tribunales.
