03 de febrero de 2020
03.02.2020
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Gobierno ahoga el «día a día» en la gestión de los municipios al mantener congelada la financiación

El bloqueo de los presupuestos del Estado desde 2018 limita las transferencias e impide que los consistorios puedan aumentar las cantidades para atender a sus vecinos

02.02.2020 | 19:26

Los alcaldes denuncian «trabas» por la asfixia financiera y alertan de que se está poniendo en peligro la planificación de proyectos a medio plazo.

Una piedra más en el camino. A las numerosas complicaciones financieras a las que se enfrentan a diario los municipios, con la Ley de Racionalización impuesta en 2012 que les impide gastar el dinero que tienen de superávit para inversiones y gasto corriente; con la rigurosa Ley de Contratos del Sector Público; y el techo de gasto con las dificultades para contratar personal que reponga a funcionarios que llegan a la jubilación o compense bajas, el Ministerio de Hacienda ya ha hecho público el dinero que en concepto de entregas a cuenta percibirán las entidades locales de la provincia este año 2020 que acaba de empezar. Otra de las consecuencias de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado es que la Participación en los Tributos del Estado (PTE) que cada año se percibe en los ayuntamientos mediante una especie de anticipo de financiación depende directamente de la previsión anual de ingresos de dichos presupuestos generales. Con las mismas cuentas de 2018 aprobadas por Cristóbal Montoro, mismos fondos para que los municipios puedan desempeñar su labor. Un par de años después llegarán las liquidaciones finales, que siempre aparecen con retraso y en perjuicio de las entidades locales frente a la Administración del Estado, pero para entonces, cada ayuntamiento tendrá otros problemas encima de la mesa.

Con independencia de la prórroga de la entregas a cuenta marcadas por ley, estas trasferencias fundamentales para los municipios vienen arrastrando un aumento muy escaso, totalmente insuficiente para las necesidades reales de cada localidad. Solamente con el cálculo global de los fondos que se destinan a los pueblos y ciudades alicantinas (251.817.785 euros en 2020), se observa que dese 2016 -como se aprecia en el cuadro adjunto-, el aumento ha sido de poco más de 20 millones de euros en su conjunto, el 8,3% que equivale a la actualización acumulada del IPC anual. Hay que retrotraerse hasta 2010 para observar un incremento de 72 millones de euros (entonces se destinaron 179.708.091 euros a la provincia), lo que supone una mejora del 28% en toda una década. Estas cifras no incluyen a las cuatro grandes ciudades, con más de 75.000 habitantes (Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela), que se rigen por el régimen de cesión, con las que tampoco se aprecian incrementos de fondos sustanciales.

Toda esta situación, a juicio del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) , Rubén Alfaro, se traduce en «una espiral difícil de superar que dificulta ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos». El también alcalde socialista de Elda explica que hace unos meses hubo un acercamiento de posturas entre los representantes municipales y el Gobierno, «donde se trató la posibilidad de flexibilizar el ahogo que sufre el municipalismo». Alfaro confía en que «con presupuestos nuevos, con nuevas liquidaciones cabe esperar que habrá un incremento en las entregas a cuenta a los ayuntamientos».

Al sondear al alcaldes de distinto signo político, la primera edil de Xixona, Isabel López (PSPV) cree que tienen más incidencia «las leyes del anterior gobierno del PP que impiden que los ayuntamientos podamos invertir nuestros propios recursos», como también lamenta que la Diputación «no ponga en marcha el Fondo de Cooperación Local». El alcalde de Benissa, Arturo Poquet (PP), critica que una corporación local «con una deuda cero como la nuestra no puede hacer las inversiones necesarias para el municipio a pesar de estar saneado completamente». Para el alcalde de Castalla, Antonio Bernabéu (Ciudadanos) «un escaso aumento de los fondos para los ayuntamientos, como está ocurriendo, puede implicar, en muchos casos, poner en peligro la capacidad de acometer los proyectos municipales necesarios, para la supervivencia de un municipio». El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, de Compromís, considera que verse obligado a ejecutar solo inversiones financieramente sostenibles «dificulta por completo la planificación anual. Tenemos que ir los últimos meses del año a todo correr a ver lo que puedes hacer en semanas, dejando de lado inversiones plurianuales de cierto calado, que son las que de verdad necesita el municipio».

255 millones para la Diputación, casi todo su presupuesto

El Estado ha decidido que la Diputación reciba este año 254,8 millones, la misma cantidad que el año pasado. Con esta cifra, superior en 24 millones a la de 2016, no se cubren por completo los 266 millones de ingresos previstos para este ejercicio.

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