Falta de personal, sistemas eléctricos dañados, habitáculos diminutos, material en mal estado, instalaciones cerradas durante meses... Este es el panorama de la red de agencias comarcales dependientes de la Diputación. La herencia que dejó el expresidente y actual diputado en el Congreso, César Sánchez, sigue dejando un rastro que pesa ya demasiado y que dificulta la gestión en un departamento del que se hizo cargo Ciudadanos dentro del pacto de gobierno en la institución provincial con el PP. Los dos diputados naranjas han afeado en muchas ocasiones el legado que han recibido del PP en distintos temas como la transparencia, la cultura o, en este caso, el mantenimiento y apuesta de las agencias que se ubican en las distintas comarcas y que dan servicio sobre el terreno a los municipios.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, se ha encontrado con la oficina de Rojales cerrada dos años y la de Villena sin capacidad operativa. «Es sorprendente que en todo este tiempo no se haya podido acometer las obras necesarias para poder reabrir un servicio fundamental para la Vega Baja y dotar a todas las oficinas del personal y recursos que necesitan para acercar los servicios de la Diputación a los municipios», aseguraba Gutiérrez, que ya ha trasladado al diputado de Recursos Humanos, Alejandro Morant, la necesidad de destinar fondos suficientes para acometer la reparación de las instalaciones. Esta misma semana, los técnicos han comenzado a realizar una estimación para conocer el coste global del proyecto. Tras detectar estas deficiencias, se ha dado luz verde a un plan de choque urgente para volver a poner en valor esa asistencia, especialmente en los ayuntamientos más pequeños que necesitan este servicio de atención de proximidad para sacar adelante la gestión diaria.
Las agencias comarcales contribuyen a descentralizar la Diputación de Alicante prestando servicios tales como asesoramiento legal y técnico desde el área de Asistencia a Municipios. Hay un total de cuatro instalaciones. Una en Dénia, para las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, otra en Cocentaina, para L'Alcoià y el Comtat, la tercera en Villena, para el Vinalopó, y la última en Rojales, para la Vega Baja. Ciudadanos se ha propuesto no solo controlar el estado de las instalaciones para certificar que están en perfecto uso y al servicio de los usuarios, sino también que funcionan al cien por cien de su rendimiento. La prioridad también es dotarlas de un mayor volumen de personal tanto técnico como jurídico.
