Solo un 10% del presupuesto global de la Diputación de Alicante va dirigido a transferencias directas para gestión libre de los municipios. Un dato que deja a la provincia en inferioridad de condiciones respecto a Valencia que aporta un 24% y Castellón que destina un 18%. Así se desprende de la ejecución presupuestaria de 2018 -los datos de 2019 todavía se desconocen- aportada por el PSOE en la institución provincial. Tal y como queda en evidencia en esta la liquidación del ejercicio, la Diputación de Alicante solo destinó 20.490.000 euros directos a este fin, de un presupuesto total de 194 millones de euros. Es la que menos dedica, por lo tanto, a las entidades locales puesto que Valencia invirtió 107 millones (23,62%) y Castellón 22 millones (18,10%). Para calcular este porcentaje, los socialistas tienen en cuenta el capítulo 4 que se refiere a las transferencias de subvenciones para realizar gasto corriente y el capítulo 7 como transferencias de capital para inversiones que realizan los ayuntamientos.
Sin embargo, el PP les echa en cara que obvien el capítulo 6 donde se reflejan las inversiones que la Diputación controla directamente. Mientras el PSPV denuncia que las inversiones se deciden de forma arbitraria y no a criterio libre, el PP argumenta que ofrecer solo los datos del capítulo 4 y 7 es dar información «irreal y sesgada» y defiende de los 147 millones destinados a municipios, se ejecutaron más de 70 millones. En el cruce de acusaciones que protagonizaron ayer los grupos, el PSPV criticó que el actual equipo de gobierno, formado por PP y Cs y el anterior con César Sánchez a la cabeza, no han aportado soluciones a los problemas estructurales de una corporación «que sigue siendo, con diferencia, la que menos recursos de su presupuesto destina a los municipios», según indicó el portavoz y alcalde de Alcoy, Toni Francés.
En su opinión, los pueblos alicantinos se están viendo perjudicados por la gestión del PP: «No está siendo un instrumento al servicio de los municipios ni está representando la voluntad de los ciudadanos». El portavoz socialista criticó las decisiones adoptadas por Carlos Mazón y le advirtió que «no es la voz de la provincia porque los ciudadanos no lo han elegido para asumir esa responsabilidad, sino para ser útil. No está cumpliendo con los objetivos de la Diputación». A juicio de Francés, la gran frustración de este mandato es la renuncia de Mazón a incluir el Fondo de Cooperación Municipal en los presupuestos «porque es la manera más eficaz para que llegue el dinero». También el director general de Administración Local del Consell, Toni Such, precisó ayer que «con estas decisiones algunos ayuntamientos se ven más favorecidos que otros dependiendo de la provincia» y defendió que el Fondo de Cooperación garantiza unos recursos mínimos para atender las necesidades de cada entidad local: «Esa es la actitud correcta pero cada uno dentro de su autonomía hace lo que considera».
Por su parte, el portavoz del gobierno en la Diputación, Adrián Ballester, acusó a la Generalitat de activar «la política barriobajera de los años 80 y mentir sobre la ejecución presupuestaria». Ballester aseguró que en 2018 la institución destinó directamente más del 50% del presupuesto a los municipios, más las actuaciones indirectas como los empleados públicos. «La Generalitat debería estar más preocupada en responder por qué sigue debiendo el 50% del Fondo de Cooperación, el retraso en infraestructuras educativas y sanitarias o la discriminación en inversiones de la UE», dijo Ballester.
Ayudas de 3,4 millones para Bienestar Social
La Diputación comunicó ayer el reparto de 3.414.999 en ayudas a ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes y mancomunidades de la provincia para el desarrollo de distintas acciones en materia de bienestar social, a través de dos convocatorias de ayudas. Estas subvenciones, gestionadas a través del área de Servicios Sociales e Igualdad, se destinarán a servicios y programas de Atención Primaria, por un importe de 2.460.000 euros, así como a la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y a la adquisición de equipamiento con un importe de 954.999 euros. La diputada Mª Carmen Jover explicó que «la Diputación mantiene su compromiso de cooperar con los municipios, sobre todo con los de menor población, para garantizar los principios de solidaridad, participación y desarrollo».
