El Botànic II ha comenzado el año con los mismos conflictos enquistados del pasado. Las fisuras entre los dos principales socios del gobierno valenciano, PSPV y Compromís, volvieron a evidenciarse ayer a cuenta de un clásico de los enfrentamientos entre ambas fuerzas: la aplicación del requisito lingüístico para el funcionariado. En la pasada legislatura, las fricciones sobre este punto dejaron aparcada la nueva de la ley de Función Pública impulsada por la Conselleria de Justicia para modernizar en profundidad la administración autonómica. La consellera Gabriela Bravo anunció el martes la «inminente» remisión a las Corts de la nueva normativa «para adaptar la administración a las necesidades del siglo XXI», pero en su camino ha vuelto a toparse con el freno de sus aliados políticos en el consellet previo al pleno del Gobierno de hoy.
Justicia entabló hace 15 días un diálogo con la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà (Compromís) para intentar desatascar el reglamento específico que ha de desarrollarse para regular la implementación de la capacitación lingüística en función de cada puesto funcionarial. Desde Educación se plantearon tres propuestas a Justicia y, según las fuentes consultadas de este departamento, había acuerdo sobre una de ellas, en virtud de la cual se condicionaba la aprobación del borrador del citado reglamento -que deberá ser elaborado por una comisión de expertos- a un informe favorable de la dirección general de Política Lingüística. Sin embargo, en la reunión que cada semana fija los asuntos tratados en el pleno del gobierno, los representantes de Compromís la echaron atrás.
El encargado de comunicar dicha postura fue Alberto Ibáñez, secretario autonómico de la conselleria de Igualdad y Diversidad que encabeza la vicepresidenta Mónica Oltra. Este hecho causó sorpresa entre algunos miembros del Consell, puesto que Ibáñez no había ejercido como interlocutor en las negociaciones y había presentes cargos de Educación. Los representantes de la coalición valencianista se reunieron antes del consellet en la sede de la vicepresidencia para fijar un posicionamiento. Aunque algunas voces ven detrás una postura de fuerza de Oltra, en su entorno lo niegan: señalan que la vicepresidenta estaba de viaje y llegó tarde a la reunión y sostienen que no había un pacto cerrado. En la Conselleria de Educación confirman la existencia de un acuerdo sobre «el fondo de la cuestión» y los temas importantes, como es la necesidad de determinar niveles de capacitación lingüística diferentes adaptados a las necesidades de cada puesto de trabajo para garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en cualquier de las dos lenguas oficiales. Sin embargo, indican que el procedimiento se está «ajustando» y ven garantizado que el trabajo conjunto finalizará en breve para uno de los próximos plenos del Consell. Desde Compromís se dio un plazo de una semana.
Educación había planteado a Justicia participar en la elaboración del reglamento para presentarlo conjuntamente al Consell. Desde el departamento que dirige Bravo, sin embargo, indican que esta opción contravendría la ley porque la competencia corresponde a Función Pública. La consellera siempre ha insistido en que es partidaria de aplicar la capacitación lingüística «de forma ordenada y con garantías» acordando los niveles en proporción a cada puesto y sin extremismos. En 2019, el Consell Jurídic obligó a cambiar una cláusula impulsada por Compromís y aceptada por el PSPV a regañadientes que establecía en la ley de Función Púlbica la aplicación automática del requisito del valenciano al año de la entrada en vigor en caso de no estar aprobado el reglamento.
La decisión de la Conselleria de Justicia de no aplicar de forma automática el requisito del valenciano en el funcionariado público no ha sido bien acogida entre sus socios de Compromís. La principal discusión dentro del Consell es ¿cómo aplicar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública autonómica? La exigencia del conocimiento del valenciano para optar a una plaza pública cuenta en principio con el beneplácito de ambos partidos, pero no existe coincidencia respecto al cómo y el cuándo se tiene que aplicar la nueva norma.
