En la frente... para empezar. La primera gran decisión de calado económico del Gobierno de coalición formado en la Moncloa por el Partido Socialista y Unidas Podemos es contraria a los intereses de la Comunidad Valenciana. Un revés cuantificado en 281 millones de euros, el importe de la última mensualidad del IVA de 2017 que el exministro del PP, Cristóbal Montoro dejó de pagar a las comunidades autónomas por decisión propia. Dos años después, la socialista María Jesús Montero, sucesora de la «mano derecha» económica de Mariano Rajoy al frente del Ministerio de Hacienda, insiste en que el Ejecutivo no devolverá los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017, incluidos, claro está, los 281 millones que en la Comunidad Valenciana se esperaban con los brazos abiertos desde entonces debido a los problemas de infrafinanciación y deuda acumulada arrastrados tiempo atrás.
En el caso de la Comunidad Valenciana, no se trata solo de no devolver los 281 millones de IVA pagados por los valencianos (la mitad de la recaudación de ese mes como marca la legislación). Esa negativa supone un perjuicio evidente a la comunidad española con más déficit, que ya roza los 1.500 millones de euros según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda esta misma semana. Hasta el propio Gobierno reconoce que la Valenciana es la autonomía más necesitada de nueva financiación, junto a la Región de Murcia, pero estar en la cola no sirve para que te reintegren la recaudación de un impuesto básico para cuadrar las cuentas.
Desde hace meses, en el guion de cada reunión mantenida entre los principales responsables del Consell y el Gobierno central, con tres campañas electorales de por medio y con el debate sobre la reforma del modelo de financiación siempre presente, siempre figuraba el pago del IVA retenido por Montoro. En sucesivos encuentros entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubo reiterados compromisos a que el Gobierno entregaría ese dinero bloqueado. Así pasó en los contactos que Puig y Montero mantuvieron en mayo de 2019 (tras revalidar el PSPV su victoria en las elecciones autonómicas), en septiembre (en días previos a convocar nuevas elecciones generales) y en octubre del año pasado (cuando la ministra visitó el Palau de la Generalitat y garantizó ante el Consell, la patronal y los sindicatos una nueva financiación sin comprometer una fecha).
En todas esas reuniones, se preguntaba por el IVA que se quedó Montoro, pero no se le daba solución, ya sea por la interinidad de un Gobierno en funciones o por que las visitas a las urnas se sucedían una vez tras otra. Y este escenario se antoja que se vuelve a vislumbrar los próximos meses, con unas nuevas elecciones en el horizonte, las catalanas, aún sin fecha pero que van a condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2020. Para que dejen de estar prorrogados las cuentas que en 2018 prepararon Rajoy y Montoro (de nuevo el exministro del PP en el centro de la diana), deben aprobarse unos nuevos presupuestos que necesitan del apoyo de un Congreso de los Diputados muy fracturado, con una mayoría de aliados a favor de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias muy ajustada, donde uno de los socios necesarios es Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los soberanistas afronta los comicios catalanes con opciones de ser la primera fuerza política catalana, y esa posibilidad condicionará muy mucho su apoyo al Gobierno central. El bucle infinito da ahora otra vuelta de tuerca.
Recurrir a los tribunales
En las últimas semanas varios presidentes autonómicos de regiones gobernadas por el PP y algunos mandatarios socialistas, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reclamado el pago pendiente y han amenazado con recurrir a los tribunales si no se resuelve el asunto. Desde Andalucía, el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla está dispuesto a seguir la senda de la Comunidad de Madrid y reclamar a través de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional los 537 millones de euros que considera que le debe el Ejecutivo central a la comunidad como parte de la liquidación del IVA del año 2017. Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó ayer que su Gobierno «agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial» para «defender a Galicia» y llevará a los tribunales al Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez con el fin de que pague la deuda de 200 millones derivada de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017. Y desde Castilla-La Mancha, la portavoz del Gobierno, la socialista Blanca Fernández, recordó a la ministra María Jesús Montero que de una solución porque «los problemas están para resolverse».
Sin embargo, esta presión no se mostró ayer desde el Consell, donde ahora mismo está descartado utilizar la vía judicial para pleitear por ese dinero. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reiteró ayer que «nuestra posición es continuar reivindicando y pidiendo al Ministerio de Hacienda que busque las fórmulas para compensar» los 281 millones que, en un contexto de infrafinanciación «son muy importantes para la Comunidad Valenciana con el fin de reducir el déficit público sin tener que limitar el gasto en servicios públicos fundamentales».
Continuar reivindicando sin más concreción, asumiendo dos conceptos. Por un lado, «ese dinero no existen, nadie los tiene», argumento empleado por el Ejecutivo al asegurar que la contabilidad nacional de 2017 está cerrada. Y por otro, Vicent Soler también acusó al PP de «crear el problema», primero cuando el señor Montoro, de manera unilateral, cambió el IVA autonómico; y segundo, cuando el PP votó en contra de los presupuestos 2019 y no se aprobaron. «Es muy cínico que los populares critiquen un problema que crearon ellos», contraatacaba ayer el conseller socialista.
