Hace ahora casi cinco años, la izquierda reconquistaba la Generalitat después de dos décadas de gobiernos del PP. Todo era ilusión, sintonía, buen rollo y capacidad de iniciativa. Y aunque la herencia era envenenada con las arcas casi en quiebra y una imagen carcomida por la corrupción de la etapa anterior, el relato del primer Botànic era fácil. Muy sencillo. De libro. Levantar esa «hipoteca reputacional» de una administración en la que casi nadie creía y exigir con vehemencia un trato justo a Madrid, entonces con Rajoy en la Moncloa, para un nuevo sistema de financiación. Visibilizar el «problema valenciano». El pasado julio, tras reeditar la izquierda el Consell y en otro de esos foros madrileños que tanto gustan en la periferia, Puig cambió el problema por la «vía valenciana»: el ejemplo del pacto del Botànic frente a la trifulca de la izquierda en España que se encaminaba a la encrucijada de la repetición electoral del 10-N.
Pero ese segundo relato que podía marcar esta legislatura quedó en agua de borrajas sin nacer. La sobreexcitación que provocó la exposición a las urnas junto a las facturas que los socialistas y Compromís se han ido endosando en un pulso sin final tras el adelanto sin consenso de las autonómicas, convirtieron este arranque de mandato del Botànic II en un periodo de inercias y muchas caras largas. El Consell funciona como una simple continuidad de su primera versión. Y, en ocasiones, ni siquiera eso. Aparcado por ahora el calendario electoral, conformado el Gobierno de España y rebajada por ahora la tensión entre el PSPV y Compromís en medio de la creciente amenaza ultra, Puig tenía que poner sobre la mesa una nueva hoja de ruta para dar un giro a su ejecutivo. Un Consell que necesita aire. Y, como es habitual, la escenografía de Madrid le volvió a dar una oportunidad para encomendarse a esa nueva vía y relanzar una legislatura que puede tener recorrido. Otra cosa es que lo consiga. Como mínimo, lo intenta.
Ya no se centró Puig en levantar la «hipoteca reputacional». Ni siquiera lo citó, más allá de un recurso. Tampoco insistió con el «problema valenciano», que sigue existiendo. Y la reclamación de la financiación autonómica, aunque obviamente sigue en la agenda y con absoluta firmeza, ya no se puede mantener como eje central y único del discurso. Continúa siendo una cuestión fundamental pero ya no puede convertirse en el eje único del relato. Entre otras cosas porque nadie sabe a ciencia cierta, documentos y maniobras de distracción al margen, cuándo podrá el nuevo gobierno del PSOE y Podemos abordar de verdad esa reforma justa y necesaria. Es un misterio. Así que, con la cuestión de la financiación como único nexo de la anterior legislatura y con la «vía valenciana» del verano ya superada, el jefe del Consell empezó ayer en Madrid a trazar un nuevo mensaje que le permita de una vez poner en marcha este tripartito a la valenciana.
Durante su presencia en el Fórum Europa-Nueva Economía y tras la presentación de la alicantina Nuria Oliver, Puig desgranó una nueva receta que tiene dos patas. Una de corte político con un modelo territorial que rebaje y descentralice los núcleos de poder del Gobierno central, con una arquitectura institucional ahora ubicada casi en exclusiva en la capital de España. «Hay que visualizar las asimetrías para acabar las anomalías del Estado», detalló el jefe del Consell en un mensaje que mira al modelo federal que viene planteando. Y que, además, también pone la estabilidad del Botànic como ejemplo para el Gobierno pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias además de apostar sin fisuras por el diálogo en Cataluña. Segunda pata: la gestión. El compromiso de Puig con una economía sostenible tanto ambiental como tecnológica. Pero con dos líneas rojas: frenar la emergencia climática y la alerta sobre las nuevas brechas de exclusión que puede generar la economía digital.
Hizo una referencia inicial, casi obligada, en la que reivindicó la estabilidad que pueden generar gobiernos de coalición como el del Botànic para alimentar la hipótesis de una legislatura más o menos larga en Madrid. «Se dijo hace cuatro años y ocho meses en la Comunidad Valenciana que venía poco menos que el apocalipsis, como ahora. Y sin embargo, aquí estamos», zanjó. Pero luego, sin embargo, entró en el fondo de su intervención. En un discurso trazado para desacreditar toda la munición del argumentario que le está concediendo auge al populismo de la extrema derecha, el titular del Consell dibujó un futuro con tres retos que, desgranados, constituyen su nuevo relato: justicia social, desarrollo sostenible y equilibrio territorial.
En el primer apartado se mostró taxativo a la hora de denunciar la discriminación de género y ratificó su idea de abrir una vía jurídica para abolir la prostitución. El jefe del Consell puso en cuestión el desarrollo actual del capitalismo y reclamó un mercado laboral que genere más cohesión social con mejores salarios. Y Puig, además, alertó ante un nuevo nicho de exclusión vinculado al avance del desarrollo tecnológico. Una de las patas de la acción del Consell en Alicante, que ratificó con su apuesta por la Inteligencia Artificial o el Distrito Digital. «La nueva economía tecnológica no puede generar una legión de perdedores. Nadie se puede quedar atrás», advirtió antes de poner en valor las medidas adoptadas por el Botànic en Sanidad, Educación o Bienestar Social. «Busco un desarrollo inclusivo», definió.
Segundo eje: sostenibilidad. El jefe del Consell apostó por engancharse a la «economía verde» para preservar el medio ambiente en un escenario que no se puede negar, recalcó, de «emergencia climática». Desarrollo 5.0, lo bautizó. Anunció un plan de colaboración público-privada para activar el mercado de viviendas y la movilidad sostenible a la vez que puso encima de la mesa medidas de reforestación que financiará con beneficios fiscales y de transición energética en todos los edificios del Consell. Y tercero: el equilibrio territorial con vocación federalista. Aunque no se extendió, fue claro con el retraso en la reforma de la financiación autonómica. «Es más urgente que nunca. No caben excusas. Queremos un sistema de igualdad», reclamó Ximo Puig que descartó que esa reclamación sea identitaria para marcar distancias con Cataluña.
Pero, además, le dio una nueva vuelta de tuerca a ese ideario federalista: planteó descentralizar el poder del Estado para evitar el efecto de capitalidad que tiene Madrid. «El actual impacto de la capitalidad es ineficiente, injusto e insostenible», un escenario que ha tenido al independentismo catalán, dijo, como «gran aliado». Puso como ejemplo de descentralización la creación de la conselleria de Innovación en Alicante pero, sobre todo, el modelo federal alemán con sedes judiciales por todo el territorio. «España no se acaba en la M30», apuntó el presidente de la Generalitat. Luego, sin embargo y en una pregunta del público, se mostró incapaz de bajar al detalle sobre las instituciones que podrían trasladarse a otros territorios de España y, sobre todo, si eso también lo haría en mayor medida el Consell con Alicante y Castellón. «No me voy a meter en ese jardín», se escapó como pudo en una intervención que, en las formas, se le hizo un poco larga hasta llegarse a perder en dos ocasiones.
El síntoma del agotamiento del modelo territorial lo ligó a la crisis catalana, sin una salida a medio plazo. Reclamó dar una oportunidad a la palabra, se mostró favorable en una pregunta a revisar el delito de sedición en el Código Penal aunque no bajó al detalle y exigió a la oposición que rebaje una tensión que calificó de «extremista». «Necesitamos un viaje compartido que nos lleve a un mundo mejor. Una escalera que nos permita dar a todo el mundo las mismas oportunidades. Subamos con confianza, convicción y esperanza», cerró para intentar cuadrar un relato que tendrá muy difícil desplegar. Por la resistencia al cambio territorial, por las competencias limitadas en medio ambiente y por la dificultad de «controlar» la economía digital. Camino muy complicado. Mucho.
El desplante de la ministra Ribera y la pregunta sobre el Tajo-Segura
En su intervención inicial, Puig no habló de la cuestión del agua ni tampoco del trasvase Tajo-Segura. Pero luego, en una pregunta, sí fue muy claro. «Queremos intentar hacer compatible el desarrollo agricultura con los efectos ambientales aprovechando todos los recursos. Y el trasvase es un recurso. Es irrenunciable. Pero queremos utilizar todas las fuentes como la reutilización con un único objetivo: consolidar la huerta de Europa», zanjó aunque sin entrar en muchos más detalles. Por eso, la ausencia de Teresa Ribera, contraria a los trasvases y con la que la Generalitat mantiene tensión por su posición sobre la continuidad del Tajo-Segura, llamó la atención. Pero ni la ministra escuchó la posición de Puig ni ella ofreció su versión del tema.
Eco moderado, la «serpiente de invierno» de Ábalos y menos tensión en el Botànic
El acto protagonizado por Ximo Puig, celebrado en un céntrico hotel frente al Congreso, tuvo un impacto moderado en la capital de España. Había más gente en la sala llegada para la ocasión desde la Comunidad que gente de peso en la sociedad civil madrileña. Ante una discreta nómina de ministros -solo estuvieron Reyes Maroto, Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribes y Pedro Duque, todos del PSOE- y de la presidenta del Senado, Pilar Llop, una de las grandes ausencias fue la del Ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos. Puig, preguntado por su reunión con la vicepresidenta de Maduro en Venezuela, le echó un capote. «Es como una serpiente de verano pero en invierno», le restó importancia. El acto, además, sirvió para evidenciar la rebaja de tensión del Botànic. El Consell ofreció imagen de cohesión en el discurso y en la escenificación. A Ximo Puig le arropó todo el gobierno con los vicepresidentes Oltra y Dalmau a la cabeza. Únicas ausencias: Vicent Marzà y Rosa Pérez.
