La Fiscalía Provincial de Valencia ha alcanzado un acuerdo con los ocho procesados por el accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, que contempla la retirada de la acusación para cuatro de ellos, entre ellos la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat durante la etapa del PP Marisa Gracia, y penas de 22 meses de prisión para el resto. Los directivos que resultan condenados son Vicente Antonio Contreras, Juan José Gimeno Barberá, Francisco García Sigüenza y Sebastián Argente. La acusación se retira contra Manuel Sansano, Luis Miguel Domingo, Salvador Orts y la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) Marisa Gracia.

La vista, que se iba a iniciar el próximo lunes, casi 14 años después del fatal descarrilamiento en el Juzgado de lo Penal 6, será previsiblemente un mero trámite en el que se verbalizará el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la principal acusación, la que ejerce la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio. El resto de procesados admitirán su conformidad con la pena de 22 meses, que casi con toda probabilidad no implicará su entrada en prisión por este asunto. La Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio (AVM3J) reclamaba en su escrito inicial de acusación una condena de cuatro años de prisión -cinco meses más que la Fiscalía- para cada uno de los ocho acusados por este suceso, por considerarlos autores materiales -por omisión o cooperación necesaria- de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 47 delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores. Otro de los aspectos clave del acuerdo es que no se reclamará ningún tipo de responsabilidad civil a los cuatro procesados que admitirán su responsabilidad en el múltiple accidente mortal, ya que las indemnizaciones ya fueron abonadas.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manifestó ayer que la comisión parlamentaria de investigación ya hizo su trabajo en la determinación de responsabilidad política y es «obvio» que hubo una responsabilidad política y que se produjo una gestión política «deficiente» que afectó «al sentido básico de la humanidad, ya que se maltrató a las víctimas desde el Gobierno valenciano del PP.